Ruta 34: ocho años de obra inconclusa y una nueva multitrocha que obliga a Jujuy a exigir máxima transparencia

La transformación de la Ruta Nacional 34 en autopista comenzó formalmente en abril de 2018 y todavía en septiembre de 2026 mantiene frentes inconclusos, paralizaciones y discusiones por financiamiento. El dato, por sí solo, describe un fracaso de continuidad estatal que atravesó gobiernos nacionales y las administraciones provinciales de Gerardo Morales y Carlos Sadir. Ahora, mientras todavía se intenta terminar ese corredor estratégico, Jujuy avanza con una nueva multitrocha sobre la Ruta 9 por unos US$78 millones, con un único oferente y cuestionamientos legislativos sobre el financiamiento y el proceso. Son hechos que reclaman explicaciones documentadas, no consignas.

La historia de la Ruta 34 es difícil de justificar desde cualquier administración. Nación anunció el inicio de la transformación en autopista del tramo límite Salta–Jujuy–El Cuarteadero en abril de 2018; los lotes originales habían sido licitados con 24 meses de plazo, y documentos oficiales de 2016 incluso proyectaban finalizar la autopista hasta San Pedro durante 2018. En 2019 Mauricio Macri y Gerardo Morales recorrían las obras; en 2022 el propio Gobierno jujeño reconocía que el tramo El Cuarteadero–San Pedro llevaba más de seis años de gestiones y seguía demorado. En abril de 2025, ya bajo Carlos Sadir, la Provincia volvió a contratar 27 kilómetros entre los km 1149 y 1176 por $65.000 millones y un nuevo plazo de 20 meses. Ocho años después del comienzo material de la autopista, el corredor continúa siendo una obra en ejecución.

Durante 2026 volvió a repetirse el mismo patrón. En mayo, el Gobierno provincial informó que su tramo tenía aproximadamente 31% de avance y proyectó llevarlo al 75% en agosto y concluirlo en diciembre. En paralelo, el sector El Cuarteadero–San Pedro, bajo la órbita nacional, volvió a paralizarse: UOCRA informó el despido de 180 trabajadores y atribuyó la situación a una deuda de Vialidad Nacional con la contratista; recién a comienzos de septiembre empezaron las reincorporaciones después de destrabarse pagos nacionales. El propio Gobierno jujeño anunció el 26 de agosto que los trabajos se reactivarían luego de un segundo desembolso de Nación. Estos hechos permiten una conclusión concreta, sin necesidad de especular: la obra atravesó nuevamente interrupciones financieras y laborales y todavía no cumplió el objetivo vial anunciado hace casi una década.

La discusión sobre los fondos también requiere precisión. En agosto se difundió que Jujuy figuraba asociada a casi $12.000 millones de desembolsos para la Ruta 34, en el marco de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano sobre transferencias nacionales. El Gobierno provincial respondió que ese dinero no ingresó al Tesoro de Jujuy: Alberto Siufi sostuvo que fueron pagos efectuados directamente por Vialidad Nacional a la empresa Chediack. Ambas afirmaciones describen circuitos diferentes y no deberían mezclarse: existieron desembolsos nacionales vinculados a la obra, pero, según la explicación oficial provincial, no fueron transferencias libres a la Provincia. Esa distinción no borra la pregunta central: si hubo pagos, contratos, reactivaciones y sucesivos anuncios, corresponde publicar con claridad cuánto se ejecutó físicamente, cuánto se certificó, cuánto se pagó y qué resta para terminar cada tramo.

En ese contexto aparece la nueva Travesía Urbana de la Ruta 9, desde la Terminal hasta Los Alisos. La Provincia informó que se trata de casi seis kilómetros de doble vía, colectoras, calles internas y ocho nudos viales, con aproximadamente tres años de ejecución. El presupuesto oficial informado por Pablo Civetta ronda los US$83 millones y la propuesta presentada fue cercana a US$78 millones. El dato institucional más sensible es otro: la licitación internacional tuvo un único oferente, JUMI SRL. Legisladores opositores cuestionaron aspectos del financiamiento, los estudios ambientales, los montos y el procedimiento; hasta ahora, las fuentes consultadas muestran cuestionamientos políticos y administrativos, no una resolución judicial que haya establecido hechos de corrupción en esta contratación.

Jujuy no debería naturalizar obras estratégicas que cambian de plazo, financiamiento y administración durante años sin terminarse. La Ruta 34 comenzó en 2018 y en 2026 sigue siendo noticia por paralizaciones, pagos y reanudaciones; ahora la Provincia se dispone a iniciar otra obra vial multimillonaria mientras la anterior continúa abierta. La responsabilidad pública exige que cada contrato, certificado, redeterminación, fuente de financiamiento y avance físico quede disponible para control legislativo y ciudadano. Después de la experiencia de la Ruta 34, la multitrocha de la Ruta 9 no necesita sospechas: necesita trazabilidad total desde el primer peso hasta el último metro construido.