
Por Redacción Grupo La Verdad
La caída de la natalidad empieza a modificar el escenario de la educación argentina y plantea un desafío que, de acuerdo con la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), requiere respuestas que van más allá de las decisiones que cada establecimiento pueda tomar puertas adentro. La disminución de la cantidad de alumnos disponibles, combinada con estructuras de costos y organización pensadas para otra realidad, pone bajo presión la sustentabilidad de numerosas instituciones.
El tema fue uno de los ejes del último congreso de AIEPA, que reunió a más de 400 representantes de escuelas. Allí se abordó el proceso de transición demográfica que atraviesa el país y sus consecuencias sobre el sistema educativo. En ese marco, el director ejecutivo de la entidad, Martín Zurita, describió la magnitud del cambio y sostuvo que el sector debe anticiparse a un escenario que ya comenzó a manifestarse.
“En los últimos diez años pasamos de tener 770.000 nacimientos a 400.000. Tenemos casi la mitad de los nacimientos que teníamos hace una década”, señaló. Para el dirigente, la dimensión de esa variación permite comprender por qué la educación empieza a experimentar un cambio en la demanda que tendrá consecuencias en todos sus niveles.
El impacto se hizo visible primero en los jardines maternales. Zurita recordó que, durante la pandemia, el cierre de establecimientos se interpretaba principalmente como una consecuencia de las restricciones y de las dificultades económicas de aquel período. Sin embargo, con el paso del tiempo, el sector comenzó a advertir que detrás de esa situación también había un fenómeno demográfico.
“Empezamos a analizar por qué cerraban las maternidades, por qué tenían pocos nacimientos. Ahí vimos los números y nos dimos cuenta de esta realidad”, explicó. En ese sentido, contrastó el escenario actual con el de años anteriores, cuando la demanda superaba la oferta y las familias debían hacer filas para conseguir vacantes en los jardines.
La reducción de la matrícula, que inicialmente se concentra en los niveles de primera infancia, irá trasladándose progresivamente a primaria y luego al resto de la trayectoria educativa. Las proyecciones hacia 2030, especialmente para el nivel primario, anticipan una modificación importante en la cantidad de alumnos que deberán recibir las instituciones.
Un problema diferente para la gestión privada
Zurita consideró que la respuesta al fenómeno presenta particularidades según el tipo de gestión de las escuelas. Mientras que el sistema estatal cuenta con una administración centralizada que puede reorganizar recursos y establecimientos en función de las necesidades del conjunto, las instituciones privadas tienen estructuras propias que deben sostener.
“En el sector de gestión estatal tenés un empleador, como puede ser una provincia, que tiene todas las escuelas y puede regular los excedentes y atender las necesidades para cambiar esa realidad. En la escuela privada tenés un secretario que es dueño de una escuela”, planteó.
La diferencia se vuelve especialmente relevante cuando un establecimiento fue diseñado para una determinada cantidad de estudiantes, docentes y personal no docente y debe funcionar con una matrícula mucho menor. “Si la escuela está pensada para 500 alumnos y de pronto tenés la mitad, ¿qué hacés con los docentes? ¿Qué hacés con tu estructura de costos?”, preguntó.
Para el director ejecutivo de AIEPA, las instituciones deberán trabajar sobre una mayor eficiencia en el uso de sus recursos, revisar su organización y desarrollar alternativas que les permitan adaptarse. Pero consideró que esa tarea no puede quedar exclusivamente en manos de los propietarios y equipos directivos.
El papel del Estado y los cambios normativos
Uno de los principales planteos de Zurita apunta a la necesidad de revisar las regulaciones que organizan el funcionamiento de los establecimientos educativos. Según sostuvo, muchas de las normas vigentes fueron elaboradas hace tres o cuatro décadas y responden a una realidad social y demográfica distinta de la actual.
“Estamos trabajando con normas de 30 o 40 años para un país que ya no es, para una realidad que ya no es. No nos permiten hacer muchas cosas que podrían tener un impacto positivo en este contexto”, afirmó.
Desde esa perspectiva, reclamó una intervención proactiva del Estado para acompañar la transformación del sector. La adaptación, sostuvo, necesita un trabajo conjunto entre las instituciones y las autoridades educativas, porque se trata de un cambio estructural que no puede resolverse únicamente con medidas de administración interna.
En ese proceso, AIEPA viene planteando distintas alternativas de reorganización y colaboración entre establecimientos, junto con la posibilidad de revisar las propuestas educativas y aprovechar mejor la infraestructura disponible. El objetivo es evitar que la reducción de la matrícula termine comprometiendo la continuidad de instituciones con trayectoria y comunidades educativas consolidadas.
Cómo será la escuela hacia 2030
La discusión también alcanza al modelo de escuela que se necesitará en los próximos años. La transformación demográfica coincide con cambios tecnológicos, productivos y sociales que modifican las demandas sobre el sistema educativo.
Zurita señaló que algunos establecimientos ya analizan alternativas para adaptar su oferta. Mencionó, por ejemplo, la posibilidad de incorporar jornadas completas en instituciones que actualmente funcionan con dos turnos, ante la perspectiva de que mantener ambos esquemas resulte cada vez más difícil por la disminución de alumnos.
Pero para concretar esas modificaciones también sería necesario revisar las condiciones normativas y laborales que regulan la actividad. “Para que esta jornada completa exista hay que cambiar la normativa, para que también se pueda asegurar que el trabajo docente no tenga que desplegarse”, explicó.
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