Martínez Simón acompaña a Ríos en no suspender a jueza de Encarnación

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Alberto Martínez Simón, votó por no suspender a la jueza civil de Encarnación, Nidia Concepción Benítez, quien está procesada en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). La jueza había otorgado un amparo constitucional para que la Entidad Binacional Yacyreta (EBY) repare una red de alcantarillado.

Mediante la Sentencia Definitiva Nº 217 del 14 de agosto del 2026, la jueza Benítez había ordenado hacer lugar, con costas, a la acción de Amparo Constitucional promovida por la Municipalidad de Encarnación contra la EBY y la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. (ESSAP).

En esa línea, ordenó que en un plazo de 45 días las partes dispongan “los medios necesarios para el pleno funcionamiento de las estaciones de bombeos que integran el sistema de alcantarillado de esta ciudad”.

El Tribunal de Apelaciones, en mayoría, terminó revocando el fallo con respecto a la ESSAP, pero lo confirmó en cuanto a la obligación de la EBY. Además, precisó que el plazo de 45 días era para para “iniciar los trabajos tendientes a la normalización del servicio de purificación de agua antes de que caigan a los cursos públicos”.

La causa había iniciado luego de que la Municipalidad de Encarnación haya impulsado el amparo debido al mal estado de las estaciones de bombeo de la ciudad, lo que habría ocasionado que el agua servida fuera a parar a los subembalses de la presa de Yacyreta.

Según la EBY, la magistrada pasó por alto que ya estaba cumplido el plazo para la presentación de una acción de amparo. Asimismo, se objetó que no acudió personalmente a la verificación de las estaciones y que envió al actuario judicial.

“Es un caso muy interesante, en donde se esgrimen tema de plazo, los famosos 60 días que constituyen un plazo de caducidad a los efectos de la acción de amparo. El tribunal de apelaciones termina confirmando la resolución de la jueza de primera instancia, pero el tema, por de más arduo, que todavía no tiene una solución clara es aquello de los daños instantáneos o de los daños continuados, situación que pasa también en el fuero penal con respecto a los delitos de ejecución instantánea o de ejecución continuada, que es un tema que hace a la vigencia en el tiempo”, puntualizó Martínez Simón al dar a conocer el sentido de su voto.

Señaló que la cuestión de fondo es un tema de salud pública al que los jueces no pueden estar ajenos. Destacó que la jueza enjuiciada respetó el artículo 586 del Código Procesal Civil y zanjó eventuales nulidades o formalismos que afecten el derecho de las partes.

“Lo resaltable del caso es que yo tampoco veo un agravio mayúsculo ni minúsculo con respecto al derecho de defensa de las partes. El punto de que haya comisionado a su actuario para la revisión de estas bocas es un punto entendible desde la óptica de la medida de urgencia que dictara la sentencia definitiva”, manifestó el presidente de la Corte.

De esa manera, Martínez Simón se adhirió al voto del ministro preopinante Víctor Ríos, quien también había sostenido que no correspondía suspender a la jueza. El pedido de suspensión se había resuelto por unanimidad en el JEM, con los votos de los ministros que representan a la Corte, Dr. César Garay Zucolillo y Dr. Manuel De Jesús Ramírez Candia.

Luego de escuchar a la jueza, el Dr. Ramírez Candia sostuvo que no encontró motivos para hacer lugar a la suspensión. Por su parte, el Dr. Garay señaló que sostenía su voto por la suspensión dado que tenía que ser coherente con lo que había votado ante el JEM. Finalmente, la votación quedó 8 contra 1 por desestimar el pedido.

“En realidad el problema de fondo es de salud pública, los jueces no pueden quedar ajenos ante una realidad evidente y, en donde no hace a la confirmación o no del fallo el buen o mal actuar de un juez de la instancia previa, sino los fundamentos que se tomaron en cuenta con esta cuestión”, finalizó Martínez Simón.