Un nuevo informe periodístico vuelve a poner bajo la lupa los vínculos políticos, patrimoniales y empresariales que rodean al kirchnerismo. El punto de partida es llamativo: el senador nacional Mariano Recalde, dirigente de La Cámpora y ex presidente de Aerolíneas Argentinas, es propietario de un departamento en el mismo edificio de San José 1111, en el barrio porteño de Monserrat, donde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumple actualmente arresto domiciliario por la condena en la causa Vialidad.
La coincidencia inmobiliaria adquiere mayor relevancia por la relación política que Recalde mantiene desde hace años con la familia Kirchner y por los negocios de carácter privado que aparecen vinculados a integrantes de su entorno. Según la investigación publicada por Clarín, Recalde adquirió el departamento identificado como 1 “A” en agosto de 2016, casi una década antes de que el edificio se convirtiera en el lugar donde Cristina Kirchner cumple su prisión domiciliaria. Por esa razón, la compra no puede ser presentada como una adquisición realizada recientemente para favorecer o proteger a la exmandataria.
El informe también señala que Recalde nunca habría habitado ese inmueble. La propiedad aparece así como otro elemento dentro de una historia más amplia que involucra a dirigentes de La Cámpora y al entorno empresarial de los Kirchner. En el mismo edificio también compró un departamento María Soledad Calle, exconcejala de Zárate, cuya adquisición y patrimonio son objeto de una investigación judicial vinculada con contratos de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).
El vínculo con Aerolíneas Argentinas y Hotesur
Uno de los puntos centrales de la investigación es el período en que Mariano Recalde estuvo al frente de Aerolíneas Argentinas. Durante su gestión, la compañía estatal contrató servicios del hotel Alto Calafate, perteneciente a Hotesur, una de las empresas vinculadas a la familia Kirchner y posteriormente investigadas judicialmente.
De acuerdo con la información publicada por Clarín, esa relación comercial habría generado para Alto Calafate ingresos cercanos a los 5 millones de dólares. La Justicia investigó posteriormente por qué la empresa estatal, bajo la conducción de Recalde durante el gobierno kirchnerista, había otorgado ese nivel de negocios a una compañía perteneciente al entorno de la entonces presidenta.
El expediente llegó a incluir allanamientos en oficinas de Aerolíneas Argentinas ordenados por el fallecido juez Claudio Bonadio. El informe periodístico sostiene que no se encontraron en aquella oportunidad todos los contratos correspondientes a la relación entre la aerolínea y Hotesur, aunque la existencia de la vinculación comercial fue constatada.
Además, durante la gestión de Recalde, Aerolíneas Argentinas ofreció a pasajeros que viajaban a El Calafate un cupón con un descuento del 30% para alojarse en otro establecimiento relacionado con la familia Kirchner, Los Sauces. Se trataba de una operación diferente de la contratación de Hotesur, pero que quedó incorporada al análisis de los vínculos comerciales entre la empresa estatal y los emprendimientos privados de la familia presidencial.
El apellido Recalde aparece nuevamente en Hotesur y Los Sauces
La investigación adquiere otra dimensión a través de Leandro Recalde, hermano de Mariano. Según la información publicada, Leandro Recalde fue incorporado en distintas oportunidades a los directorios de Hotesur y Los Sauces, empresas que permanecen bajo investigación judicial por presuntos delitos vinculados con el manejo de dinero y operaciones comerciales.
Es importante precisar que, de acuerdo con el propio informe, Mariano y Leandro Recalde no están imputados en el juicio por lavado de dinero mencionado en la publicación. La investigación periodística diferencia, por lo tanto, entre la existencia de vínculos comerciales y societarios y la responsabilidad penal que eventualmente pueda determinar la Justicia.
Leandro Recalde comenzó a figurar en los directorios de Hotesur y Los Sauces en 2020. Más recientemente, según el Boletín Oficial de Santa Cruz citado por Clarín, fue designado director suplente de Hotesur SA, mientras que Sebastián José Sánchez quedó como director titular. Una modificación posterior también habría incorporado a ambos en el directorio de Los Sauces SA.
Hotesur-Los Sauces, una causa todavía relevante
El caso se conecta con una de las investigaciones judiciales más importantes que afectan al entorno empresarial de los Kirchner: la denominada causa Hotesur-Los Sauces.
Hotesur es la empresa vinculada al hotel Alto Calafate, mientras que Los Sauces funcionó como una inmobiliaria que administró diferentes propiedades de la familia. La investigación judicial examinó especialmente los alquileres y operaciones comerciales realizados con empresarios como Lázaro Báez y Cristóbal López.
Según la reconstrucción publicada, Hotesur habría recibido alquileres de empresarios vinculados al kirchnerismo por valores considerados superiores a los precios de mercado, generando importantes ingresos para las empresas familiares. La Justicia buscó determinar si esas operaciones constituían negocios legítimos o si formaban parte de un mecanismo destinado a canalizar dinero de origen ilícito.
El departamento de San José 1111 donde actualmente reside Cristina Kirchner también aparece dentro de esa trama patrimonial. La propiedad fue adquirida por Los Sauces y actualmente se encuentra embargada y sujeta a un proceso que podría derivar en su decomiso, según la información citada por Clarín.
Una coincidencia inmobiliaria que adquiere otra dimensión política
La propiedad de Mariano Recalde en el edificio no constituye por sí misma una prueba de una conducta ilícita. El inmueble fue adquirido en 2016, mucho antes de que Cristina Kirchner comenzara a cumplir allí su arresto domiciliario. Sin embargo, el dato adquiere relevancia periodística debido a la relación histórica de Recalde con la familia Kirchner y a los vínculos empresariales que aparecen alrededor de su entorno.
El caso vuelve a poner en discusión una característica recurrente de la política argentina: la proximidad entre dirigentes políticos, empresas privadas, patrimonio inmobiliario y contrataciones realizadas por organismos estatales. Determinar si esas relaciones fueron simplemente decisiones comerciales o si existieron beneficios indebidos corresponde a la Justicia.
Mientras tanto, la causa Hotesur-Los Sauces continúa siendo uno de los capítulos pendientes del extenso entramado judicial que involucra a la familia Kirchner. La aparición de nuevos datos sobre propiedades, sociedades y directorios mantiene abierta una discusión que combina política, negocios y responsabilidades institucionales.
La información publicada por Clarín corresponde a una investigación periodística y debe diferenciarse de las conclusiones judiciales definitivas. La existencia de vínculos comerciales, societarios o inmobiliarios no implica por sí misma la comisión de un delito, cuya eventual responsabilidad debe ser determinada mediante los procedimientos judiciales correspondientes.
Foto: Maxi Failla / Clarín
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