El legislador solicitó información al Ministerio de Economía y Finanzas el 18 de setiembre de 2026, al amparo del artículo 118 de la Constitución, a raíz de la autorización otorgada a Colonia Express para operar la ruta fluvial Montevideo–Buenos Aires.
La consulta procuraba establecer si la Comisión había intervenido ante posibles dificultades de acceso a la infraestructura portuaria, si existían denuncias de las empresas involucradas y cuáles eran los antecedentes administrativos.
En su respuesta, fechada el 19 de octubre, el organismo señaló que no le consta haber tomado conocimiento, de oficio o por denuncia, de una controversia específicamente relacionada con el pontón. Por esa razón, tampoco existe un expediente en trámite sobre ese asunto.
Una investigación anterior entre las empresas
La Comisión confirmó, sin embargo, un antecedente relevante de 2016.
Ese año, Lumary S.A., vinculada a Colonia Express, presentó una denuncia contra Los Cipreses S.A. y Navegación Atlántida S.A. por presuntas prácticas anticompetitivas en el transporte fluvial de pasajeros entre Montevideo y Buenos Aires, utilizando el puerto de Colonia.
La investigación examinó acuerdos de arrendamiento y charteo de embarcaciones, una modalidad comercial que permite contratar buques para prestar servicios de transporte.
Durante el procedimiento, la Comisión determinó que Los Cipreses S.A. había ocupado una posición dominante en el mercado analizado durante el período 2009–2016.
Sin embargo, la existencia de una posición dominante no implica, por sí misma, una infracción a las normas de competencia.
Tras estudiar las pruebas y realizar el correspondiente análisis económico y jurídico, el organismo concluyó que no se habían acreditado conductas con efectos restrictivos de la competencia.
En consecuencia, mediante la Resolución 138/017, del 26 de diciembre de 2017, dispuso finalizar la investigación y archivar las actuaciones.
Qué queda pendiente
El senador también había solicitado información sobre antecedentes mencionados públicamente en 2013 y un procedimiento iniciado en 2021 y desestimado en 2025. La respuesta no ofrece una identificación específica de esos casos, aunque señala que existieron otras actuaciones de distinta naturaleza.
La Comisión aclaró que tampoco dispone de documentación adicional sobre la controversia actual.
La respuesta fue elevada al Parlamento el 23 de octubre por el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone.
El pronunciamiento no determina si existen dificultades operativas o comerciales en el puerto de Montevideo. Establece únicamente que, hasta la fecha de la respuesta, no había actuaciones específicas ante el organismo encargado de investigar posibles infracciones a la competencia.
Fuentes documentales
- Ministerio de Economía y Finanzas. Expediente 2026–5–1–0010202.
- Cámara de Senadores. Pedido de informes de Robert Silva García, 18 de setiembre de 2026.
- Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia. Respuesta del 19 de octubre de 2026, folios 9 a 11.
- Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia. Resolución 138/017, del 26 de diciembre de 2017, citada en la respuesta oficial.
- Ministerio de Economía y Finanzas. Remisión de la respuesta al Parlamento, 23 de octubre de 2026.
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