Los Ángeles fija 20 años para cerrar los 600 pozos de petróleo activos y proteger a las comunidades afectadas por contaminación

El Consejo Municipal de Los Ángeles ha dado un paso decisivo para frenar la extracción de petróleo, aprobando una ordenanza que marca un plazo de 20 años para cerrar los pozos activos en la ciudad. Esta iniciativa surge tras años de presión por parte de las comunidades locales que han sufrido las consecuencias de la contaminación ambiental.

Cierre de Pozos Petroleros en Los Ángeles

El acuerdo, que aún espera la firma de la alcaldesa Karen Bass, contempla la prohibición de nuevas perforaciones y el cese de operaciones en unos 600 pozos activos y 1.200 inactivos. La medida busca proteger a los residentes que viven cerca de estas instalaciones, quienes han enfrentado riesgos significativos debido a su proximidad a escuelas, hospitales y viviendas. Los efectos de estas operaciones no solo han sido ambientales, sino también sociales, afectando a las comunidades con problemas de salud derivados de la exposición a contaminantes.

Impacto en las Comunidades Locales

El Ayuntamiento reconoce el impacto que la actividad petrolera ha tenido en las comunidades de primera línea, especialmente en aquellas de color, que han enfrentado injusticias históricas por los peligros para la salud derivados de la perforación y extracción de petróleo. Estas comunidades han sufrido durante décadas, viendo cómo sus tasas de enfermedades respiratorias y otros problemas de salud aumentaban debido a la contaminación del aire.

Esta decisión retoma una prohibición previa de 2022, que había sido bloqueada judicialmente. Sin embargo, ahora cuenta con un nuevo respaldo legal del Estado de California, asegurando un proceso de cierre legalmente más sólido. La nueva legislación proporciona un marco jurídico más robusto que permitirá a Los Ángeles avanzar con su plan sin temor a interrupciones legales.

Camino hacia la Neutralidad de Carbono

El plan establece que las actividades de extracción actuales se vuelvan un uso no conforme en todas las zonas, y su eliminación se realizará gradualmente en las próximas dos décadas. Esta iniciativa forma parte de un esfuerzo más amplio del Ayuntamiento para alcanzar la neutralidad de carbono para 2035, alineando las políticas locales con objetivos medioambientales más ambiciosos. Esto no solo ayudará a mejorar la calidad del aire y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también servirá como modelo para otras ciudades que buscan implementar políticas similares.

En marzo de 2022, el Consejo Municipal había promovido una orden similar, pero fue anulada en 2024 por un tribunal que determinó la falta de competencias locales frente a la regulación estatal. No obstante, la promulgación de la ley AB 3233 el 25 de septiembre de 2024 ha permitido reforzar las capacidades municipales para implementar estas prohibiciones. Esta ley no solo otorga más poder a las ciudades para regular la explotación de recursos naturales, sino que también refleja un cambio en las prioridades estatales hacia una mayor sostenibilidad.

Responsabilidad de las Empresas Petroleras

Esta normativa establece que las empresas involucradas deben encargarse del sellado y desmantelamiento de sus pozos, asegurando que el cierre de operaciones incluya la remoción de toda la infraestructura relacionada. Este proceso no solo es vital para evitar futuros problemas ambientales, sino que también asegura que el terreno pueda ser utilizado para otros propósitos en el futuro, beneficiando a las comunidades locales.

El compromiso del Ayuntamiento con la salud pública se refleja en esta valiente medida, que busca proteger a más de medio millón de residentes que viven en cercanía a estas explotaciones petroleras. La meta es garantizar un entorno más seguro y saludable para todos los ciudadanos, al mismo tiempo que se promueve una transición hacia fuentes de energía más limpias y sostenibles.