La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad una reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), una decisión que reactiva formalmente el proceso para renovar a todos los magistrados de la máxima instancia judicial del país. La medida forma parte de los acuerdos alcanzados entre sectores del oficialismo y la oposición en la mesa de diálogo político promovida con acompañamiento de Estados Unidos.

El cambio central modifica la composición del Comité de Postulaciones Judiciales, encargado de evaluar a quienes aspiren a ocupar cargos en el máximo tribunal. La instancia pasará de 21 a 23 integrantes, con 11 diputados y 12 representantes de la sociedad civil, otorgando una presencia numérica mayor a los sectores civiles. La ley establece además que este comité tendrá un período de funcionamiento de dos años.

La reforma permite retomar un procedimiento que había comenzado meses atrás y que se encontraba en la etapa de revisión de credenciales e impugnaciones. El primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, había señalado que la modificación legal permitiría reiniciar formalmente la renovación de los magistrados.

Un punto clave del diálogo político

La renovación completa del TSJ fue incluida entre los compromisos surgidos de las conversaciones políticas iniciadas en agosto. Para sectores de la oposición, el aumento de la participación de representantes de la sociedad civil puede constituir una oportunidad para avanzar hacia un proceso de selección con mayores garantías de equilibrio e independencia.

La delegación opositora afirmó que la aprobación de la reforma representa un paso hacia la construcción de una corte independiente, aunque subrayó que el resultado final dependerá de la transparencia del proceso de postulación, evaluación y selección de los nuevos magistrados.

El proceso adquiere especial importancia porque el Tribunal Supremo de Justicia ha sido durante años uno de los principales focos del debate institucional venezolano. Organizaciones no gubernamentales y sectores opositores han cuestionado su independencia y su cercanía con el poder político, por lo que la renovación de su composición es considerada una de las primeras pruebas para medir la profundidad de los cambios institucionales en el país.

La aprobación parlamentaria abre ahora una nueva etapa. El desafío será transformar la reforma legal en un proceso verificable y con participación efectiva de la sociedad civil, capaz de generar confianza dentro y fuera de Venezuela. La futura composición del TSJ podría convertirse así en una pieza decisiva para el rumbo de la institucionalidad y de las negociaciones políticas que atraviesa el país.

Foto: REUTERS / Leonardo Fernández Viloria