Cientos de familias damnificadas por los terremotos del 24 de junio en el estado venezolano de La Guaira denuncian que, después de perder sus hogares, enfrentan ahora un nuevo obstáculo: las demoras burocráticas para obtener los documentos necesarios y acceder al programa de créditos hipotecarios anunciado por el Gobierno.

El principal problema, según los afectados, está relacionado con el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren). El programa estatal exige presentar el título de propiedad o un documento debidamente registrado para acceder al financiamiento. Sin embargo, tras declarar a La Guaira zona de desastre, los archivos registrales fueron trasladados a Caracas para su digitalización, una medida que, de acuerdo con las familias, ha ralentizado considerablemente los trámites.

Un plan que promete ayuda, pero exige documentos difíciles de conseguir

El programa especial de créditos sociales fue anunciado para ayudar a quienes perdieron sus viviendas durante el doble terremoto. Para inmuebles de hasta 70.000 dólares, el Estado contempla un subsidio del 80 %, mientras que el 20 % restante sería financiado mediante un crédito a 25 años. Para viviendas con valores de entre 70.001 y 100.000 dólares, el subsidio sería del 50 % y la otra mitad se cubriría mediante financiamiento bancario. El plan incluye un período de gracia de 12 meses y una tasa de interés anual del 5 %.

Sin embargo, para muchas familias existe una contradicción evidente: el mismo Estado que ofrece la ayuda controla los documentos que ahora necesitan los damnificados para solicitarla. Los afectados sostienen que la concentración de miles de expedientes en Caracas ha creado un verdadero «cuello de botella» administrativo.

Algunas familias aseguran que cada día de retraso significa prolongar su permanencia en alojamientos temporales o en viviendas de familiares. También existen casos de personas que compraron sus inmuebles mediante documentos privados que todavía no habían sido formalizados completamente antes del terremoto, lo que complica aún más su situación.

Preocupación entre jubilados y familias sin ingresos estables

El acceso al crédito también genera interrogantes entre los damnificados de mayor edad y aquellos que no cuentan con ingresos formales. La exigencia de certificados de ingresos o documentos laborales puede convertirse en una barrera para jubilados, pensionados y trabajadores informales que perdieron sus viviendas.

Las dudas sobre la forma de pago del programa también generaron preocupación inicialmente. Posteriormente, representantes del sector bancario explicaron que, aunque los créditos para los compradores se estructuran en moneda local bajo mecanismos de actualización, los vendedores de las propiedades recibirían el equivalente correspondiente en divisas a través de operaciones bancarias.

Los damnificados reclaman soluciones urgentes

Las familias afectadas solicitan al Saren la implementación de jornadas especiales de atención, mecanismos más rápidos para recuperar documentos y procedimientos simplificados para quienes perdieron sus viviendas durante la emergencia.

El reclamo llega mientras continúan apareciendo nuevas demandas relacionadas con la reconstrucción. Otros afectados han pedido que los programas de financiamiento no se limiten únicamente a quienes perdieron completamente sus casas, sino que también incluyan a propietarios de viviendas que sufrieron daños parciales y necesitan recursos para repararlas.

La tragedia de los terremotos dejó a miles de venezolanos ante el desafío de reconstruir sus vidas. Dos meses después, para muchas familias de La Guaira, el problema ya no es únicamente encontrar una nueva vivienda: también es lograr atravesar una compleja burocracia para acceder a la ayuda prometida.

Foto: REUTERS / Gaby Oraa / Infobae