Colombia volvió a vivir una de las jornadas militares más intensas de los últimos años. Una operación aérea y terrestre contra las disidencias de las antiguas FARC en el departamento de Guaviare dejó al menos 20 integrantes del grupo armado muertos, cinco capturados y dos menores de edad recuperados, según informó el Gobierno colombiano. La ofensiva se convierte en uno de los bombardeos más letales registrados en el país en los últimos años.

La operación, denominada Azarías, fue dirigida contra la estructura Carolina Ramírez, vinculada al Estado Mayor Central (EMC), una de las principales disidencias de las antiguas FARC. El grupo forma parte de las organizaciones armadas que rechazaron el acuerdo de paz firmado en 2016 y que continúan operando en varias regiones colombianas. El objetivo de la ofensiva era debilitar las estructuras bajo la influencia de Iván Mordisco, uno de los jefes guerrilleros más buscados del país.

Entre los muertos se encontraba, según informaciones divulgadas por las autoridades y medios colombianos, alias “El Tigre” o “Pintado”, identificado como jefe del Frente Carolina Ramírez. El Gobierno lo señalaba por su participación en acciones armadas y actividades criminales en varias zonas del sur del país, así como por hechos relacionados con el reclutamiento de menores. Las autoridades indicaron que su identidad fue confirmada posteriormente mediante procedimientos forenses.

Una nueva estrategia de seguridad

El bombardeo forma parte de una ofensiva más amplia impulsada por el presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió el poder el 7 de agosto y prometió endurecer la respuesta del Estado frente a las guerrillas y las organizaciones vinculadas al narcotráfico.

En apenas tres semanas de Gobierno se registraron varios bombardeos contra grupos armados. El primero tuvo como objetivo posiciones del ELN en la región del Catatumbo; posteriormente, las Fuerzas Armadas realizaron la Operación Amón en Guaviare contra otra estructura disidente y, finalmente, la Operación Azarías elevó considerablemente el número de bajas en la ofensiva militar.

El presidente colombiano aseguró que su administración busca enfrentar a las organizaciones ilegales que obtienen recursos del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión. Según la información difundida por el Gobierno, las primeras semanas de esta nueva estrategia ya dejaron decenas de integrantes de grupos armados muertos o capturados.

La preocupación por los menores reclutados

El avance militar también ha reabierto un delicado debate en Colombia: la presencia de niños y adolescentes dentro de las estructuras armadas ilegales.

En los dos primeros bombardeos realizados por el nuevo Gobierno murieron cuatro menores de edad, de acuerdo con información divulgada por las autoridades. Organizaciones de derechos humanos advierten que muchos menores presentes en los campamentos son víctimas de reclutamiento forzado y que las operaciones militares en estas zonas plantean graves desafíos humanitarios.

En la última ofensiva, el Gobierno informó que dos menores fueron recuperados, aunque inicialmente no se proporcionaron mayores detalles sobre su situación. Las autoridades tampoco habían confirmado, al momento de los primeros reportes, si había menores entre los fallecidos en esta operación.

La Defensoría del Pueblo ha alertado repetidamente sobre el reclutamiento de menores por parte de grupos armados. Las cifras divulgadas recientemente reflejan que el fenómeno continúa afectando especialmente a zonas rurales y apartadas donde la presencia estatal es limitada y las organizaciones ilegales mantienen influencia territorial.

Guaviare, una región clave para las disidencias

El departamento de Guaviare, situado en el centro-sur de Colombia y conectado con la región amazónica, mantiene una importancia histórica dentro del conflicto armado. Fue una de las zonas de fuerte presencia de las antiguas FARC y, tras el acuerdo de paz, varias estructuras disidentes continuaron operando en la región.

Su geografía, caracterizada por extensas áreas selváticas y zonas de difícil acceso, ha facilitado históricamente la instalación de campamentos clandestinos y la movilidad de grupos armados. Las autoridades colombianas sostienen que estas organizaciones mantienen actividades relacionadas con el narcotráfico y otras economías ilegales.

Durante la operación fueron incautadas armas, ametralladoras, pistolas, chalecos y otros equipos utilizados por la estructura armada, según los reportes oficiales. Las tropas continuaban avanzando en la zona para asegurar el área y completar las labores posteriores al ataque.

Una ofensiva que marca un cambio de rumbo

El nuevo bombardeo representa un giro significativo en la política de seguridad colombiana. Tras años en los que los distintos gobiernos combinaron operaciones militares con intentos de negociación, la actual administración ha optado por una estrategia de mayor presión directa contra las organizaciones armadas.

El desafío, sin embargo, será enorme. Colombia enfrenta una de las etapas de violencia más complejas de los últimos años, con la presencia simultánea de disidencias de las FARC, el ELN y diversas organizaciones criminales que disputan territorios estratégicos.

La muerte de 20 integrantes de las disidencias representa uno de los golpes militares más importantes de los últimos años, pero también vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta central para Colombia: cómo derrotar a las estructuras armadas sin profundizar el impacto humanitario sobre las poblaciones civiles y los menores que continúan siendo reclutados en las zonas más vulnerables del país.

Foto: Archivo / Fuerzas Militares de Colombia