Paraguay enfrenta una de las crisis más delicadas de su sistema público de salud en los últimos años. Este domingo 31 de agosto, médicos especialistas comenzaron a presentar renuncias masivas tras el fracaso de las negociaciones entre el Gobierno y los gremios que protagonizaron una huelga nacional durante la semana pasada. La situación afecta especialmente a áreas críticas como cirugía pediátrica, anestesiología y terapia intensiva infantil.

La magnitud del conflicto genera una seria preocupación. Según los datos proporcionados por representantes del sector médico, la totalidad de los cirujanos pediátricos del sistema público, 39 profesionales, se encuentran entre los renunciantes, mientras que la dimisión también alcanza a un elevado número de especialistas de unidades de cuidados intensivos y otras áreas altamente especializadas. En la jornada ya se habían presentado 196 renuncias, y el gremio anticipaba que la cifra podría llegar a unas 600 durante el transcurso de la semana.

Hospitales estratégicos bajo presión

Las cifras expuestas por los médicos muestran la dimensión del problema en algunos de los principales centros asistenciales del país. En el Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu, se encontraban renunciantes 41 de los 47 terapistas pediátricos y 11 de los 14 especialistas del área de Cardiología. En el Hospital Nacional de Itauguá, la situación alcanzaba a 24 de 28 terapistas; en el Hospital de Trauma, a 19 de 21; y en el Hospital Regional de Ciudad del Este, a 12 de 13. También se mencionaron posibles renuncias de especialistas vinculados al Instituto Nacional del Cáncer.

El doctor Roberto Riveros, secretario gremial de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Pediátrica, advirtió que reemplazar rápidamente a este volumen de profesionales altamente especializados sería extremadamente difícil. El médico sostuvo que la salida de especialistas amenaza con profundizar las dificultades de atención, especialmente en servicios donde la formación profesional requiere muchos años y el número de expertos disponibles es limitado.

Salarios, medicamentos e insumos en el centro del conflicto

Los profesionales sostienen que sus salarios permanecen sin una actualización sustancial desde 2012 y reclaman un incremento de aproximadamente 5 millones a 8 millones de guaraníes. Sin embargo, el conflicto no se limita a la cuestión salarial. Los médicos denuncian además una falta persistente de medicamentos, insumos y condiciones adecuadas para desarrollar su trabajo dentro de la red pública.

Desde el Gobierno, la ministra de Salud Pública, María Teresa Barán, planteó como una de las propuestas para enfrentar la crisis la implementación de una carrera sanitaria con mejoras salariales graduales vinculadas al escalafón y la formación profesional. Los representantes médicos, sin embargo, cuestionaron la propuesta y señalaron que este mecanismo no responde de manera inmediata a los principales reclamos planteados durante la huelga.

Una crisis que puede afectar directamente a los pacientes

La principal preocupación ahora se centra en las consecuencias para los pacientes. Las áreas pediátricas, las terapias intensivas y los servicios quirúrgicos requieren personal especializado que no puede ser sustituido de forma inmediata. La eventual salida de cientos de médicos podría aumentar la presión sobre los hospitales que ya enfrentan problemas de recursos y una elevada demanda asistencial.

La crisis también adquiere una dimensión política y social. Después de una semana de huelga y negociaciones sin acuerdo, las renuncias representan una nueva etapa del conflicto entre el Gobierno y los profesionales de blanco. Mientras los médicos reclaman respuestas concretas, el Estado enfrenta el desafío urgente de garantizar la continuidad de los servicios esenciales.

Paraguay se encuentra ahora ante una situación crítica: encontrar una salida negociada que permita recuperar la confianza de los especialistas o enfrentar una creciente falta de profesionales en algunos de los sectores más sensibles de la salud pública. Para miles de familias que dependen exclusivamente del sistema estatal, la resolución de esta crisis puede convertirse en una cuestión de atención médica y seguridad para sus seres queridos.

Foto: Nina Osorio / ABC Color