La explotación minera de los fondos oceánicos, presentada como una futura fuente de minerales estratégicos para la transición energética y las nuevas tecnologías, comienza a generar una preocupación que va mucho más allá del impacto ambiental. Un nuevo informe advierte que varios países insulares del Pacífico podrían quedar expuestos a demandas internacionales de inversionistas si modifican sus políticas sobre la minería en aguas profundas.

El informe, titulado Undermining Sovereignty: De-Risking the Pacific from Investor-State Disputes in Deep-Sea Mining, fue difundido el 25 de agosto por la Pacific Network on Globalisation (PANG) y elaborado por la profesora emérita Jane Kelsey. El estudio analiza los casos de Tonga, Nauru, las Islas Cook y Papúa Nueva Guinea, países que enfrentan diferentes marcos jurídicos y compromisos relacionados con la posible explotación de minerales en el fondo marino.

El riesgo de que una empresa demande a un Estado

El centro de la preocupación es el mecanismo conocido como ISDS, por sus siglas en inglés, o solución de controversias entre inversionistas y Estados. Este sistema puede permitir que una empresa extranjera presente una reclamación internacional contra un gobierno alegando que una decisión estatal perjudicó su inversión.

El debate adquiere especial importancia en la minería submarina. ¿Qué ocurriría si un gobierno autoriza inicialmente una actividad minera y años después decide restringirla, modificar las reglas o prohibirla debido a nuevos estudios ambientales? Según el informe, determinados acuerdos de inversión podrían abrir la puerta a reclamaciones de inversores, generando presión financiera y jurídica sobre Estados con economías y recursos institucionales limitados.

Los minerales del fondo del océano atraen inversiones

La minería en aguas profundas busca acceder a minerales considerados estratégicos, utilizados en diferentes industrias y tecnologías. Sin embargo, la explotación comercial de los fondos oceánicos continúa siendo objeto de un intenso debate científico, ambiental, político y económico.

Para los países insulares del Pacífico, el dilema es particularmente complejo. Por un lado, existe la expectativa de obtener ingresos y participar en nuevas cadenas internacionales de suministro. Por otro, estos territorios dependen estrechamente de la salud de sus océanos, tanto para la alimentación como para la economía, la cultura y la supervivencia de numerosas comunidades.

El informe sostiene que los riesgos no deben analizarse únicamente desde el punto de vista de la biodiversidad marina. También deben considerarse las consecuencias jurídicas que podrían limitar la capacidad futura de los gobiernos para cambiar sus decisiones.

Arbitrajes que pueden desarrollarse lejos de la población afectada

Otro de los puntos señalados es la falta de transparencia que puede existir en determinados procedimientos de arbitraje internacional. Según PANG, algunos conflictos y documentos relacionados con estas controversias pueden permanecer fuera del acceso público.

Esto genera una discusión sobre la soberanía y el control democrático. Una decisión adoptada por un gobierno para proteger el medio ambiente podría terminar siendo discutida en un tribunal internacional especializado, mientras la población directamente afectada puede tener un acceso limitado a la información sobre el proceso.

Los defensores de una revisión del sistema consideran que esta posibilidad puede producir un fenómeno conocido como regulatory chill: gobiernos que evitan aprobar determinadas regulaciones por temor a enfrentar costosos litigios internacionales.

El informe pide actuar antes de que los compromisos sean permanentes

La principal recomendación de la investigación es que los gobiernos del Pacífico revisen cuidadosamente los acuerdos de protección de inversiones ya existentes y los que se encuentren en negociación.

La advertencia es clara: los riesgos jurídicos deben ser identificados antes de que queden incorporados de manera permanente en los marcos que regulen la minería submarina. El documento plantea la necesidad de eliminar o limitar aquellas disposiciones que puedan exponer a los países a controversias internacionales relacionadas con futuras decisiones sobre la explotación de sus recursos oceánicos.

Un debate que también interesa a América del Sur

Aunque el informe está centrado en el Pacífico, el debate tiene una dimensión global y resulta relevante para América del Sur y el Mercosur, regiones que poseen importantes reservas de recursos naturales y minerales estratégicos.

La transición energética mundial ha incrementado el interés por asegurar el acceso a materias primas consideradas críticas. Pero, al mismo tiempo, crece la discusión sobre quién controla esos recursos, qué beneficios reciben los países productores y hasta qué punto los Estados conservan libertad para modificar sus políticas ambientales y económicas.

El caso del Pacífico plantea una pregunta que podría extenderse a otras regiones del mundo: ¿cómo atraer inversiones sin comprometer la capacidad soberana de un país para proteger su ambiente y modificar sus decisiones cuando cambian las circunstancias?

La minería de las profundidades marinas todavía representa una frontera tecnológica y económica en construcción. Pero antes de que las grandes máquinas comiencen a extraer minerales del fondo oceánico, varios países ya enfrentan otra batalla: garantizar que las decisiones sobre sus mares y recursos sigan estando, en última instancia, bajo control de sus propios Estados y ciudadanos.

Foto: PANG / imagen referencial de minería submarina