La infiltración del crimen organizado en la política brasileña se ha convertido en una preocupación creciente para las instituciones electorales. Un relevamiento basado en datos del Tribunal Superior Electoral (TSE) indica que, desde 2010, al menos 52 procesos relacionados con la influencia de organizaciones criminales en campañas o la captación de candidatos fueron analizados por la máxima corte electoral de Brasil.

De acuerdo con la investigación publicada por R7 Planalto, 15 de esos casos terminaron con el alejamiento de los involucrados o la pérdida de sus cargos, mientras que en otros 37 casos se impidió que las personas investigadas continuaran en la disputa electoral. Las cifras reflejan un fenómeno que preocupa a las autoridades: el interés de estructuras criminales por alcanzar espacios desde los cuales se toman decisiones sobre leyes, seguridad y recursos públicos.

Uno de los datos que más llama la atención es la concentración de procesos en los últimos años. Solo en 2024 fueron analizados 17 casos, aproximadamente un tercio del total contabilizado desde 2010. El relevamiento fue elaborado a partir de información del propio TSE y de datos obtenidos mediante solicitudes amparadas por la Ley de Acceso a la Información.

El objetivo: influir en decisiones del Estado

La preocupación no se limita a la participación directa de personas vinculadas al crimen organizado en elecciones. Las investigaciones analizadas incluyen situaciones relacionadas con apoyo o financiamiento de facciones, vínculos con organizaciones criminales y posibles intentos de cooptación de candidatos.

El interés de las organizaciones criminales por la política puede representar una amenaza para la independencia de las instituciones democráticas. Un cargo público permite participar, directa o indirectamente, en decisiones que afectan presupuestos, políticas de seguridad, contratación pública y normas legales.

La penetración del poder criminal en la política es particularmente preocupante porque transforma la disputa electoral en un posible espacio de expansión de intereses ilegales. El desafío para la justicia electoral consiste en detectar estas conexiones sin vulnerar las garantías legales y el debido proceso.

Un desafío para Brasil y toda América Latina

El fenómeno brasileño también despierta interrogantes en el resto de América Latina. Las redes del crimen organizado operan cada vez con mayor capacidad transnacional, aprovechando fronteras, rutas comerciales y conexiones financieras que superan los límites de un solo país.

Para los países del Mercosur, la situación brasileña tiene una relevancia especial. Brasil comparte extensas fronteras con varias naciones de la región y desempeña un papel central en la integración económica y política sudamericana. Por ello, el fortalecimiento de los mecanismos de control electoral y de transparencia adquiere una dimensión regional.

La experiencia demuestra que la lucha contra el crimen organizado no depende únicamente de las fuerzas de seguridad. También requiere instituciones electorales sólidas, mecanismos de fiscalización del financiamiento político y una cooperación eficaz entre la Justicia, los organismos de investigación y las autoridades responsables de combatir el lavado de activos.

La Justicia Electoral bajo una presión creciente

El Tribunal Superior Electoral mantiene herramientas de consulta pública sobre su jurisprudencia y decisiones, en un contexto en el que las campañas electorales enfrentan nuevos desafíos relacionados con el financiamiento, la desinformación y la actuación de estructuras criminales.

Los 52 procesos juzgados desde 2010 muestran que la relación entre crimen organizado y política dejó de ser una preocupación teórica. La cantidad de casos analizados y el aumento registrado en 2024 refuerzan la necesidad de vigilar quién financia, respalda y rodea a quienes aspiran a ejercer cargos públicos.

Para Brasil, el desafío será impedir que el poder económico y territorial de las organizaciones criminales encuentre en las instituciones democráticas una nueva vía de expansión. La defensa de una elección libre no termina en las urnas: también depende de garantizar que el crimen organizado no consiga transformar el poder político en una extensión de sus intereses.

Foto: Bruno Spada / Cámara de Diputados – Archivo / R7