Argentina perdió 30.633 empresas desde que Javier Milei asumió la Presidencia a finales de 2023, según un informe de Fundar basado en datos correspondientes a mayo de 2026. La cifra representa una reducción del 6% del total de empresas registradas y constituye, de acuerdo con ese estudio, la mayor caída del tejido empresarial durante los primeros 30 meses de un Gobierno en las últimas décadas. Solo en mayo dejaron de operar 2.371 empresas, un promedio de 76 cierres por día.

El número de empresas registradas en el país descendió a 481.724, el nivel más bajo en casi veinte años, incluso por debajo del registrado después de la pandemia de coronavirus. La reducción afecta especialmente a pequeñas y medianas empresas, que enfrentan una combinación de menor demanda interna, mayores costos operativos y dificultades para sostener sus niveles de actividad.

El comercio es el sector que concentra la mayor cantidad de cierres, con 8.408 unidades productivas menos desde el comienzo de la actual gestión. Le siguen los servicios de transporte y almacenamiento, con 6.733 empresas menos; los servicios inmobiliarios, con una reducción de 4.098; y la industria manufacturera, que perdió 4.020 unidades productivas.

Uno de los factores señalados es la caída del consumo interno. Con los hogares más condicionados por sus ingresos y por el endeudamiento, numerosos comercios redujeron sus ventas y comenzaron a acumular dificultades para afrontar alquileres, impuestos, salarios, servicios y obligaciones con proveedores. Cuando esa situación se prolonga, la reducción de la actividad puede terminar llevando al cierre definitivo.

Otro elemento señalado en el análisis es la apertura de las importaciones. Sectores industriales y representantes de pequeñas empresas sostienen que la llegada de productos extranjeros a precios competitivos está dificultando la supervivencia de fabricantes nacionales que tienen estructuras de costos más elevadas. El impacto resulta especialmente fuerte en actividades que compiten directamente con productos importados.

La contracción empresarial también tiene consecuencias sobre el empleo. Según datos procesados por el Centro de Economía Política Argentina, durante la gestión de Milei se destruyeron 411.613 puestos de trabajo formales hasta mayo, con la industria manufacturera como uno de los sectores más afectados: perdió 97.312 trabajadores.

La reducción de empresas no significa necesariamente que cada cierre corresponda a una gran compañía con numerosos trabajadores. Una parte importante del universo empresarial argentino está integrada por microempresas y emprendimientos con pocos empleados o incluso por unidades conformadas por una sola persona. El Gobierno utiliza precisamente este argumento para cuestionar la interpretación de las cifras y sostiene que la caída en el número de empresas no equivale automáticamente a una destrucción proporcional de puestos laborales.

El problema, sin embargo, también aparece en los procedimientos concursales. En 2025 se registraron 190 concursos preventivos en los tribunales comerciales de Buenos Aires, un aumento del 131,7% respecto de 2023, mientras que entre febrero y abril de 2026 ya se habían iniciado 92 procesos. Estos mecanismos permiten a empresas con dificultades de pago intentar reorganizar sus obligaciones y evitar una quiebra inmediata.

El escenario revela una contradicción central de la economía argentina bajo Milei: mientras el Gobierno destaca la estabilización de algunas variables macroeconómicas, una parte importante del entramado productivo continúa enfrentando dificultades para transformar esa estabilidad en mayores ventas y rentabilidad. La inflación se desaceleró respecto de los niveles registrados antes del cambio de Gobierno, pero los precios acumulados, los costos y la pérdida de capacidad de compra continúan condicionando a numerosos sectores.

Para las pequeñas empresas, el problema no depende únicamente de la inflación mensual. También pesan el costo de la energía, los impuestos, el financiamiento, los salarios, el alquiler y la posibilidad de vender sus productos en un mercado con consumidores más cautelosos.

La situación genera además un efecto en cadena. Una empresa que vende menos reduce sus pedidos a proveedores; esos proveedores reciben menos ingresos y pueden comenzar a acumular deudas; posteriormente reducen personal, producción o compras. La interrupción de esa cadena de pagos puede multiplicar el impacto inicial y extender las dificultades hacia otras empresas que no necesariamente pertenecen al mismo sector.

El Gobierno de Milei sostiene que la economía atraviesa un proceso de transformación y que la desaparición de empresas poco competitivas forma parte de una reorganización productiva. Sus críticos, en cambio, consideran que la velocidad de los cierres demuestra que el ajuste está provocando una pérdida de capacidad industrial y comercial que puede resultar difícil de recuperar.

El dato de las 30.633 empresas desaparecidas deberá ser observado junto con la evolución del empleo, la inversión y la creación de nuevas compañías. Un mercado puede registrar cierres importantes y, al mismo tiempo, generar nuevos emprendimientos; la cuestión central es determinar si las nuevas empresas compensan las que desaparecen y si generan una cantidad comparable de empleo y producción.

Por ahora, los números muestran un fuerte retroceso en la cantidad de empleadores registrados. La Argentina tiene hoy menos empresas que en los años posteriores a la pandemia, mientras distintos sectores productivos reclaman condiciones que permitan recuperar ventas, inversión y capacidad de contratación.

El desafío para el Gobierno será conseguir que la estabilización macroeconómica se traduzca finalmente en una recuperación de la economía real. Si el consumo, la inversión y la producción no consiguen crecer de manera sostenida, la reducción del número de empresas puede continuar convirtiéndose en uno de los principales costos económicos del actual proceso de transformación.