El juicio oral contra el exsenador Hernán David Rivas Román sumó este lunes nuevos elementos a la acusación por el supuesto uso de un título falso de abogado, luego de que dos periodistas que investigaron su trayectoria académica declararan ante el tribunal. Santiago González y Orlando Bareiro expusieron las dificultades que encontraron para comprobar que Rivas hubiera cursado efectivamente la carrera de Derecho y aportaron detalles sobre sus investigaciones periodísticas. El proceso busca determinar si el documento utilizado por el exlegislador para obtener su matrícula profesional y posteriormente integrar el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) fue auténtico.
González recordó una entrevista que mantuvo con Rivas en diciembre de 2023, cuando ya existían cuestionamientos públicos sobre su título. Según declaró, durante una conversación de unos 20 minutos le preguntó quiénes habían sido sus profesores, cuál había sido su materia favorita y si podía mencionar a tres compañeros de la carrera. Rivas no respondió concretamente ninguna de esas preguntas y, según el periodista, nunca volvió a comunicarse con él.
El testimonio adquiere relevancia porque no se trató solamente de una opinión periodística sobre el caso. González declaró como testigo del Ministerio Público y explicó ante los jueces cómo había realizado su investigación y qué elementos había encontrado durante el proceso de verificación de los antecedentes académicos del exsenador.
El segundo periodista, Orlando Bareiro, relató una investigación realizada en el departamento de Itapúa. Allí buscó establecer dónde residía Rivas durante los años en los que, según los documentos cuestionados, habría cursado la carrera de Derecho.
Bareiro señaló que encontró referencias de que Rivas vivía en María Auxiliadora, Itapúa, y trabajaba en la Gobernación del departamento entre 2013 y 2018, con un horario laboral de 7:00 a 13:00. Al mismo tiempo, los documentos académicos sostenían que había desarrollado sus estudios universitarios en una filial de la Universidad Sudamericana.
La investigación periodística tampoco encontró documentación que acreditara que Rivas hubiera residido en Ciudad del Este o Pedro Juan Caballero, lugares vinculados en distintos momentos con la versión sobre dónde habría cursado sus estudios.
Uno de los aspectos que más llamó la atención durante la audiencia fue la ausencia de personas que pudieran confirmar directamente su paso por la universidad. Hasta ahora, ningún supuesto compañero de curso ni profesor declaró haber compartido aulas, clases o evaluaciones con Rivas, según lo expuesto por González durante el juicio.
La propia Universidad Sudamericana informó en su momento que determinados documentos académicos ya no estaban disponibles porque había transcurrido el plazo legal de conservación de cinco años. Entre los documentos mencionados figuran planillas de calificaciones, certificados de estudios y registros de docentes.
La falta de esos registros se convirtió en uno de los puntos centrales de la controversia, porque dificulta reconstruir de manera independiente el recorrido académico que habría realizado Rivas antes de obtener el título.
El caso tiene además un antecedente institucional importante. Un informe elaborado en 2020 por la Dirección de Transparencia y Anticorrupción del Ministerio de Educación y Ciencias había recomendado abrogar la resolución que autorizó el registro del título de abogado de Rivas. Un documento oficial del MEC señala expresamente esa recomendación.
Años después, una auditoría del Poder Ejecutivo también determinó que la Universidad Sudamericana no se encontraba debidamente habilitada por el Consejo Nacional de Educación Superior para otorgar determinados títulos en el período cuestionado y recomendó revisar la situación de los documentos emitidos.
El caso tuvo además un recorrido judicial complejo. En marzo de 2026, un tribunal de apelación había dispuesto el sobreseimiento definitivo de Rivas, pero en mayo la Sala Penal de la Corte Suprema anuló esa decisión después de hacer lugar al recurso extraordinario presentado por el Ministerio Público. La causa volvió así al camino del juicio oral.
La acusación fiscal sostiene que Rivas habría utilizado documentos de contenido presuntamente falso para obtener el registro de su título y posteriormente ejercer funciones para las cuales se requería la condición de abogado. Uno de esos momentos fue su designación como representante de la Cámara de Diputados ante el JEM en 2020.
Su llegada al JEM adquirió especial importancia porque el organismo interviene en procesos relacionados con magistrados y fiscales. Rivas incluso llegó a presidir el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, pese a que posteriormente surgieron las dudas sobre la validez de su título profesional.
Durante la audiencia de este lunes también declaró el senador Pedro “Pipo” Díaz Verón, quien confirmó que en 2023 propuso a Rivas para representar al Senado ante el JEM. Según su testimonio, la decisión fue tomada por la bancada de Honor Colorado y posteriormente aprobada junto con otros sectores.
Ese testimonio introduce una dimensión política en una causa que formalmente es penal. La pregunta ya no se limita a determinar si el documento académico utilizado por Rivas era auténtico, sino también cómo una persona cuestionada por sus antecedentes académicos pudo llegar a ocupar posiciones de tanta relevancia dentro de las instituciones paraguayas.
El propio Rivas había sido designado anteriormente como representante de Diputados ante el JEM. Posteriormente, el Senado volvió a elegirlo para integrar el mismo organismo. La confirmación de Díaz Verón establece que la segunda designación contó con el respaldo de la bancada oficialista.
Otro de los puntos que genera interrogantes es la rapidez con la que el título fue registrado ante el Ministerio de Educación y Ciencias. Durante su declaración, González cuestionó que las autoridades no hayan explicado satisfactoriamente cómo se procesó ese trámite pese a las observaciones que ya existían sobre la documentación.
El periodista también recordó el papel de José Casañas Levi, entonces responsable de Transparencia del MEC, quien había advertido sobre irregularidades en el procedimiento. El informe recomendaba dejar sin efecto la resolución que había permitido registrar el título, pero esa recomendación no produjo en aquel momento la consecuencia que planteaba el documento.
La investigación adquiere una dimensión mayor porque no se trata únicamente de establecer si Rivas asistió o no a determinadas clases. El tribunal deberá analizar si los documentos utilizados para acreditar sus estudios y obtener su matrícula profesional fueron falsificados o utilizados de manera indebida y qué responsabilidad penal corresponde.
También deberá determinarse el grado de conocimiento que tenía Rivas sobre la eventual irregularidad de esos documentos. La existencia de un documento cuestionado no demuestra por sí sola la responsabilidad penal de quien lo presentó; para una condena será necesario que el tribunal considere probados los elementos de los delitos atribuidos.
La defensa tendrá oportunidad de cuestionar los testimonios, documentos y pericias presentados por la Fiscalía y de presentar su propia versión sobre la trayectoria académica del acusado.
Por eso, los testimonios de los periodistas deben ser entendidos dentro del conjunto de pruebas del juicio. Sus investigaciones pueden aportar indicios y reconstrucciones, pero la decisión sobre la autenticidad del título y la eventual responsabilidad penal corresponde exclusivamente al tribunal.
El proceso continuará este miércoles 19 de agosto, cuando está prevista la producción de nuevas pruebas ofrecidas por el Ministerio Público. El Tribunal de Sentencia está integrado por María Fernanda García de Zúñiga, Juan Carlos Zárate Pastor y Yolanda Portillo.
El caso llega así a una etapa particularmente sensible. Después de años de denuncias, investigaciones periodísticas, informes administrativos, decisiones judiciales contradictorias y una intervención de la Corte Suprema, el juicio oral busca establecer finalmente qué ocurrió con la documentación académica utilizada por Rivas.
La principal incógnita ya no es solamente cómo se registró el título, sino si existe evidencia capaz de demostrar que Hernán Rivas realmente cursó la carrera de Derecho en las condiciones que figuran en sus documentos. La ausencia de compañeros y docentes que puedan reconocerlo, las dificultades para encontrar registros académicos y los informes oficiales que cuestionaron el procedimiento de registro forman parte de los elementos que ahora deberán ser valorados por los jueces.
El caso también expone una debilidad institucional más amplia: los controles que permitieron que un título posteriormente cuestionado fuera registrado oficialmente y utilizado para acceder a cargos dentro de organismos encargados de controlar a magistrados.
La sentencia deberá determinar si las sospechas acumuladas durante años se convierten en una responsabilidad penal demostrada o si la evidencia presentada resulta insuficiente para condenar al exsenador. Hasta entonces, Rivas mantiene su derecho a la presunción de inocencia y el tribunal será el encargado de establecer la verdad judicial del caso.
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