𝗩𝗲𝗻𝗲𝘇𝘂𝗲𝗹𝗮 𝗲𝗻𝘁𝗿ó 𝗲𝗻 𝗮𝗴𝗼𝘀𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗲𝗻 𝗹𝗮 𝗲𝘁𝗮𝗽𝗮 𝗺á𝘀 𝗮𝗯𝗶𝗲𝗿𝘁𝗮 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝘂𝗻𝗮 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗶𝗰𝗶ó𝗻 𝗽𝗼𝗹í𝘁𝗶𝗰𝗮 𝗱𝗲𝘀𝗱𝗲 𝗾𝘂𝗲 𝗲𝗹 𝗰𝗵𝗮𝘃𝗶𝘀𝗺𝗼 𝗹𝗹𝗲𝗴ó 𝗮𝗹 𝗽𝗼𝗱𝗲𝗿, 𝗽𝗲𝗿𝗼 𝘁𝗮𝗺𝗯𝗶é𝗻 𝗮𝗻𝘁𝗲 𝘂𝗻𝗮 𝗱𝗲 𝗹𝗮𝘀 𝗲𝗻𝗰𝗿𝘂𝗰𝗶𝗷𝗮𝗱𝗮𝘀 𝗺á𝘀 𝗱𝗲𝗹𝗶𝗰𝗮𝗱𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗼𝗹í𝘁𝗶𝗰𝗮 𝗹𝗮𝘁𝗶𝗻𝗼𝗮𝗺𝗲𝗿𝗶𝗰𝗮𝗻𝗮. 𝗟𝗮 𝗰𝗮𝗽𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗱𝗲 𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹á𝘀 𝗠𝗮𝗱𝘂𝗿𝗼 𝗽𝗼𝗿 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲 𝗱𝗲 𝗘𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼𝘀 𝗨𝗻𝗶𝗱𝗼𝘀 𝗲𝗻 𝗲𝗻𝗲𝗿𝗼 𝗱𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗱𝗲𝘀𝗺𝗼𝗻𝘁ó 𝗹𝗮 𝗰𝗮𝗯𝗲𝘇𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗿é𝗴𝗶𝗺𝗲𝗻, 𝗽𝗲𝗿𝗼 𝗻𝗼 𝗱𝗲𝘀𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝘂𝗹ó 𝘀𝘂 𝗲𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗱𝗲 𝗽𝗼𝗱𝗲𝗿. 𝗗𝗲𝗹𝗰𝘆 𝗥𝗼𝗱𝗿í𝗴𝘂𝗲𝘇 𝗮𝘀𝘂𝗺𝗶ó 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗶𝗻𝗮, 𝗹𝗮 𝗮𝗽𝗮𝗿𝗮𝘁𝗼 𝗽𝗼𝗹í𝘁𝗶𝗰𝗼 𝘆 𝗺𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮𝗿 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗵𝗮𝘃𝗶𝘀𝗺𝗼 𝗽𝗲𝗿𝗺𝗮𝗻𝗲𝗰𝗶ó 𝗲𝗻 𝗽𝗶𝗲 𝘆 𝗹𝗮 𝗼𝗽𝗼𝘀𝗶𝗰𝗶ó𝗻 𝘀𝗶𝗴𝘂𝗲 𝗱𝗶𝘃𝗶𝗱𝗶𝗱𝗮 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗾𝘂𝗶𝗲𝗻𝗲𝘀 𝗽𝗿𝗲𝘁𝗲𝗻𝗱𝗲𝗻 𝗻𝗲𝗴𝗼𝗰𝗶𝗮𝗿 𝘂𝗻𝗮 𝘀𝗮𝗹𝗶𝗱𝗮 𝘆 𝗾𝘂𝗶𝗲𝗻𝗲𝘀 𝗲𝘅𝗶𝗴𝗲𝗻 𝘂𝗻𝗮 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗶𝗰𝗶ó𝗻 𝗽𝗹𝗲𝗻𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗺𝗼𝗰𝗿á𝘁𝗶𝗰𝗮. 𝗔𝗵𝗼𝗿𝗮, 𝗹𝗮𝘀 𝗻𝗲𝗴𝗼𝗰𝗶𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗮𝗽𝗼𝘆𝗮𝗱𝗮𝘀 𝗽𝗼𝗿 𝗪𝗮𝘀𝗵𝗶𝗻𝗴𝘁𝗼𝗻 𝗵𝗮𝗻 𝗮𝗯𝗶𝗲𝗿𝘁𝗼 𝘂𝗻𝗮 𝗽𝗼𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗾𝘂𝗲 𝗵𝗮𝗰𝗲 𝘀𝗼𝗹𝗼 𝘂𝗻𝗼𝘀 𝗺𝗲𝘀𝗲𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗲𝗰í𝗮 𝗶𝗺𝗽𝗲𝗻𝘀𝗮𝗯𝗹𝗲: 𝗿𝗲𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗿 𝗹𝗮𝘀 𝗶𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀, 𝗿𝗲𝗰𝗼𝗻𝘀𝘁𝗿𝘂𝗶𝗿 𝗲𝗹 𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗺𝗮 𝗲𝗹𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿𝗮𝗹 𝘆 𝗽𝗿𝗲𝗽𝗮𝗿𝗮𝗿 𝘂𝗻𝗮 𝗿𝘂𝘁𝗮 𝗵𝗮𝗰𝗶𝗮 𝗲𝗹𝗲𝗰𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗰𝗿𝗲í𝗯𝗹𝗲𝘀. 𝗣𝗲𝗿𝗼 𝗲𝗹 𝗿𝗲𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮𝗱𝗼 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹 𝗱𝗲𝗽𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿á 𝗱𝗲 𝘀𝗶 𝗘𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼𝘀 𝗨𝗻𝗶𝗱𝗼𝘀 𝗮𝗰𝘁ú𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗼 𝗮𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮ñ𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗲 𝘂𝗻𝗮 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗶𝗰𝗶ó𝗻 𝗹𝗲𝗴í𝘁𝗶𝗺𝗮 𝗼 𝗰𝗼𝗺𝗼 𝗹𝗮 𝗽𝗼𝘁𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗾𝘂𝗲 𝗱𝗲𝗰𝗶𝗱𝗲 𝗾𝘂𝗶é𝗻 𝗴𝗼𝗯𝗶𝗲𝗿𝗻𝗮 𝘆 𝗰ó𝗺𝗼 𝘀𝗲 𝗿𝗲𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲 𝗹𝗮 𝗿𝗶𝗾𝘂𝗲𝘇𝗮 𝗽𝗲𝘁𝗿𝗼𝗹𝗲𝗿𝗮.

La pregunta planteada por el análisis publicado por The Economist y difundido por Infobae no es, en realidad, si Washington tiene suficiente poder para modificar el rumbo de Venezuela. Eso ya quedó demostrado. La verdadera cuestión es mucho más compleja: si ese poder puede transformarse en instituciones democráticas que sobrevivan cuando Estados Unidos deje de ejercer presión directa sobre Caracas.

La diferencia es fundamental. Cambiar un gobierno es relativamente rápido. Construir una democracia requiere reconstruir tribunales, organismos electorales, partidos políticos, Fuerzas Armadas sometidas al poder civil, medios de comunicación independientes, garantías para la oposición, separación de poderes y mecanismos de control capaces de impedir que un nuevo grupo concentre nuevamente toda la autoridad.

Y ese es precisamente el problema que enfrenta Venezuela en agosto de 2026.

El punto de partida: Maduro salió, pero el sistema no desapareció

El 3 de enero de 2026, una operación militar estadounidense terminó con la captura de Nicolás Maduro y su traslado a Estados Unidos, donde enfrenta acusaciones penales. Dos días después, Delcy Rodríguez, hasta entonces vicepresidenta de Maduro, asumió como presidenta interina.

Aquello produjo una situación extraordinaria: el principal dirigente del chavismo había desaparecido del escenario político venezolano, pero buena parte de la estructura estatal que había sostenido su gobierno continuaba funcionando.

Reuters describió desde enero la permanencia de un núcleo de dirigentes políticos y militares con capacidad para conservar el control del aparato estatal. La salida de Maduro, por tanto, no significó automáticamente la desaparición del chavismo como estructura de poder.

Esta circunstancia explica una de las mayores contradicciones de la transición actual. Estados Unidos eliminó al principal obstáculo personal para una transformación política, pero dejó intacta una parte considerable de la maquinaria institucional que había permitido al chavismo mantenerse durante años.

Por eso, la pregunta sobre qué hacer después de Maduro resultó mucho más complicada que la operación militar que terminó con su gobierno.

Washington tiene influencia, pero también un problema de legitimidad

Estados Unidos dispone actualmente de una capacidad de influencia sobre Venezuela que difícilmente tendría cualquier otro actor internacional.

Washington posee capacidad para influir sobre el acceso del país a los mercados financieros, la industria petrolera, las sanciones, la inversión extranjera y la relación con organismos internacionales. Además, la intervención militar de enero convirtió a Estados Unidos en un actor directamente involucrado en el futuro político venezolano.

Pero esa misma influencia contiene una contradicción.

Una democracia venezolana diseñada en Washington podría ser considerada una democracia tutelada, especialmente si los venezolanos perciben que las instituciones fueron construidas bajo presión extranjera y que las decisiones fundamentales sobre petróleo, seguridad y política exterior dependen de Estados Unidos.

El problema no es solamente político. Es histórico.

América Latina tiene una memoria profunda de intervenciones estadounidenses en asuntos internos. Desde Centroamérica y el Caribe hasta Sudamérica, la influencia de Washington ha producido tanto procesos de democratización como reacciones nacionalistas contra lo que sectores locales consideran injerencia extranjera.

Por eso, si Estados Unidos quiere que una eventual democracia venezolana tenga legitimidad, necesitará que los venezolanos sean los protagonistas visibles del proceso, incluso cuando Washington continúe ejerciendo una enorme influencia detrás de escena.

La negociación que puede cambiar el escenario

La novedad más importante de agosto es que esa discusión dejó de ser exclusivamente teórica.

El 6 de agosto de 2026 comenzaron en Caracas conversaciones entre representantes del Gobierno interino y un sector de la oposición, con respaldo estadounidense. Reuters señaló que el objetivo inicial es reformar el sistema político y preparar el camino para futuras elecciones.

La delegación gubernamental está vinculada a Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de Delcy Rodríguez, mientras que el sector opositor participante está encabezado por Dinorah Figuera, exdiputada que regresó a Venezuela después de años en el exilio.

Pero existe un problema evidente: las principales figuras de la oposición no están sentadas en esa mesa.

María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, dos de los nombres centrales de la oposición venezolana, permanecen fuera del país y no participan directamente en las conversaciones. Esto significa que cualquier acuerdo deberá demostrar que tiene una representatividad política suficiente para ser considerado una verdadera negociación nacional y no simplemente un pacto entre sectores que aceptaron participar.

El primer acuerdo ya apareció

El proceso produjo un primer resultado significativo.

El 12 de agosto, representantes del Gobierno interino y de la oposición acordaron avanzar en una reforma del Tribunal Supremo de Justicia mediante un nuevo mecanismo de postulaciones y modificaciones a la legislación que regula el máximo tribunal. También acordaron solicitar el desbloqueo de reservas de oro venezolanas depositadas en el Banco de Inglaterra para destinarlas a la reconstrucción del país después de los terremotos de junio.

Aunque puede parecer un acuerdo técnico, la reforma judicial tiene una enorme importancia política.

Durante años, una de las principales críticas al sistema venezolano fue precisamente la falta de independencia de las instituciones encargadas de controlar al poder. Un Tribunal Supremo percibido como subordinado al Ejecutivo dificulta cualquier transición porque puede bloquear decisiones electorales, judicializar opositores o validar cambios constitucionales favorables al gobierno de turno.

Por eso, la independencia judicial es uno de los primeros campos de batalla de una verdadera transición democrática.

El Consejo Electoral será todavía más importante

Después de la Justicia viene uno de los asuntos más delicados: el sistema electoral.

Una elección no se convierte en democrática simplemente porque se abren las urnas. Para que exista competencia real debe haber un registro electoral confiable, partidos autorizados, candidatos sin persecución, medios capaces de informar libremente, observación nacional e internacional, acceso equitativo a los centros de votación y un organismo electoral que pueda actuar independientemente del Ejecutivo.

Ese problema ya estaba identificado en propuestas anteriores de Washington.

El marco de transición elaborado durante la primera administración Trump en 2020 planteaba, entre otras medidas, la renovación del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo mediante mecanismos que obligaran a los principales sectores políticos a negociar sus integrantes. El Atlantic Council considera que aquel marco todavía puede servir como punto de partida, aunque requiere modificaciones para adaptarlo a la realidad de 2026.

Esto demuestra que la discusión actual no nació después de la captura de Maduro. Estados Unidos lleva años intentando diseñar una salida política para Venezuela, pero los mecanismos de presión anteriores nunca consiguieron producir una transición.

Ahora la diferencia es que Washington tiene una capacidad de presión mucho mayor.

El gran dilema: elecciones rápidas o instituciones primero

Existe una tentación evidente: organizar elecciones lo antes posible y permitir que los venezolanos decidan quién debe gobernar.

Pero unas elecciones realizadas sobre instituciones todavía controladas por sectores del antiguo régimen podrían reproducir el problema.

El Parlamento Europeo advirtió en mayo que, meses después de la caída de Maduro, Venezuela seguía enfrentando una situación política, económica y social crítica y que el Gobierno de Delcy Rodríguez no había presentado entonces una hoja de ruta clara hacia elecciones libres y justas. El organismo europeo también cuestionó la aplicación de la Ley de Amnistía y sostuvo que las sanciones selectivas deberían mantenerse hasta que exista una ruta electoral creíble y se restablezcan plenamente los derechos fundamentales.

Esto conduce a una conclusión incómoda: la transición necesita elecciones, pero las elecciones necesitan instituciones confiables.

Y construir esas instituciones requiere tiempo.

La oposición tampoco llega unida

Otro obstáculo es la fragmentación de la oposición.

Durante los años de Maduro, distintos sectores opositores mantuvieron diferencias profundas sobre estrategias, negociaciones, participación electoral y relación con Estados Unidos. La ausencia de una estructura opositora única dificulta que Washington identifique a un interlocutor capaz de representar a todos los sectores.

El problema es todavía mayor porque algunos opositores pueden considerar inaceptable negociar con antiguos dirigentes chavistas, mientras que otros entienden que ningún proceso de transición será posible sin incorporar a sectores del sistema anterior.

La experiencia internacional demuestra que una transición democrática rara vez consiste en la desaparición absoluta del antiguo régimen. Normalmente requiere acuerdos con sectores que acepten abandonar el autoritarismo a cambio de garantías políticas, jurídicas y, en determinados casos, personales.

Pero ese mecanismo tiene un límite: si las garantías son demasiado amplias, las víctimas pueden interpretar la transición como impunidad.

La justicia será el segundo gran campo de batalla

Venezuela deberá resolver qué hacer con los funcionarios, militares, jueces y dirigentes vinculados con violaciones de derechos humanos y actos de corrupción.

Una transición que ignore completamente esos delitos puede generar una paz superficial. Pero una persecución indiscriminada puede provocar que sectores todavía poderosos del antiguo aparato de seguridad decidan bloquear el proceso.

La justicia transicional tendrá que encontrar un equilibrio entre verdad, responsabilidad, reparación y estabilidad institucional.

Ese es uno de los motivos por los cuales la reforma del Tribunal Supremo acordada esta semana tiene tanta importancia. No se trata únicamente de cambiar jueces. Se trata de determinar quién tendrá autoridad para interpretar la Constitución, revisar las decisiones del Gobierno y garantizar los derechos de los ciudadanos durante el período de transición.

El petróleo puede ser la llave y también la trampa

Existe además una dimensión económica imposible de separar de la política.

Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo y la recuperación de su producción representa una enorme oportunidad económica. Estados Unidos tiene un interés estratégico en que la industria vuelva a producir de manera estable y que el petróleo venezolano llegue a los mercados internacionales.

Ese interés puede ayudar a financiar la reconstrucción.

Pero también puede generar una sospecha peligrosa: que la democracia sea utilizada como argumento para reorganizar la industria petrolera en beneficio de intereses estadounidenses.

El debate ya aparece en los análisis internacionales. Le Monde señaló recientemente que la administración Trump ha ejercido una fuerte influencia sobre los ingresos petroleros venezolanos y que la utilización de esos recursos se ha convertido en uno de los puntos sensibles de la transición.

Por eso, la pregunta que enfrentará Washington no será solamente quién gobierna Venezuela.

Será también quién controla el petróleo, quién administra sus ingresos y quién decide cómo se utiliza ese dinero para reconstruir el país.

Venezuela necesita algo más que elecciones

La democracia venezolana no podrá reconstruirse únicamente con una elección presidencial.

Necesitará recuperar un sistema judicial independiente, reconstruir universidades y servicios públicos, garantizar libertad de prensa, profesionalizar las Fuerzas Armadas, recuperar la capacidad del Estado para prestar servicios y establecer reglas económicas que permitan atraer inversión sin convertir al país nuevamente en un sistema dominado por grupos privilegiados.

Chatham House ha advertido precisamente que cualquier plan estadounidense para Venezuela necesitará un componente mucho más profundo de Estado de derecho, con negociación, supervisión y participación de organizaciones internacionales, diplomáticas, empresariales y de la sociedad civil.

Esto significa que la transición no puede ser solamente Caracas-Washington.

También tendrá que involucrar a Europa, Naciones Unidas, organismos regionales, organizaciones de derechos humanos, empresarios, sindicatos, universidades, iglesias, organizaciones sociales y comunidades venezolanas dentro y fuera del país.

El precedente de otros países

La historia ofrece ejemplos contradictorios.

En algunos procesos de transición, como los de Chile y Nicaragua, la presión internacional contribuyó a crear condiciones para elecciones competitivas y cambios de gobierno. Pero también existen numerosos ejemplos en los que una potencia extranjera consiguió reemplazar un liderazgo sin conseguir construir instituciones democráticas estables.

La diferencia estuvo generalmente en la capacidad de los actores nacionales para apropiarse del proceso.

Ese será probablemente el criterio más importante para medir el éxito estadounidense en Venezuela.

Si Washington necesita seguir sosteniendo indefinidamente al Gobierno venezolano, la transición habrá fracasado.

Si, en cambio, consigue ayudar a crear instituciones que posteriormente puedan funcionar sin tutela estadounidense, entonces la intervención de 2026 podría terminar produciendo un resultado histórico diferente.

Antes, ahora y después

Antes de enero de 2026, Venezuela estaba atrapada en un sistema político caracterizado por la concentración del poder, una oposición perseguida y un sistema electoral cuestionado internacionalmente.

Ahora, siete meses después de la captura de Maduro, existe un escenario extraordinario: un Gobierno interino surgido del antiguo chavismo negocia con sectores de la oposición mientras Estados Unidos intenta conducir el país hacia una transición.

Y el después todavía está abierto.

Puede aparecer una Venezuela con elecciones competitivas, instituciones independientes y una economía capaz de recuperar su capacidad productiva.

Pero también puede surgir otra posibilidad: un sistema autoritario remodelado, con nuevos dirigentes, nuevas alianzas económicas y elecciones controladas.

El Atlantic Council considera que una transición exitosa probablemente tendrá que ser gradual y negociada, con garantías para los distintos sectores políticos.

Ese punto es crucial. La democracia no puede imponerse desde afuera como si fuera una estructura que se instala y comienza a funcionar automáticamente.

La verdadera prueba para Estados Unidos

La administración de Donald Trump tiene ahora una oportunidad que ningún Gobierno estadounidense había tenido en décadas: posee suficiente influencia para presionar a las autoridades venezolanas, tiene capacidad para facilitar recursos económicos y puede condicionar el acceso a mercados internacionales.

Pero justamente por eso tendrá que responder a una pregunta histórica.

¿Estados Unidos quiere una Venezuela democrática o una Venezuela políticamente alineada con Washington?

Las dos cosas pueden coincidir durante un tiempo, pero no son necesariamente lo mismo.

Una democracia auténtica puede elegir gobiernos favorables a Estados Unidos, pero también puede elegir gobiernos nacionalistas, izquierdistas o críticos de Washington. Si Estados Unidos acepta esa posibilidad, estará ayudando realmente a construir una democracia.

Si solamente acepta elecciones cuando el resultado coincide con sus intereses, entonces habrá cambiado el gobernante, pero no habrá cambiado la lógica de fondo.

La negociación que comenzó en Caracas y el acuerdo alcanzado esta semana sobre la reforma judicial representan, por ello, mucho más que una conversación entre chavismo y oposición. Son el primer laboratorio real para comprobar si Venezuela puede pasar de un sistema de poder concentrado a instituciones capaces de limitar al próximo gobernante, sea quien sea.

El desafío final será conseguir que la democracia venezolana no dependa de Maduro, Delcy Rodríguez, María Corina Machado, Edmundo González, Donald Trump ni ningún otro individuo.

Si las próximas elecciones consiguen elegir libremente a un Gobierno, pero ese Gobierno vuelve a controlar los tribunales, el Parlamento, el organismo electoral, las Fuerzas Armadas y los recursos petroleros sin contrapesos, Venezuela habrá cambiado de presidente, pero no de sistema.

La verdadera restauración democrática comenzará el día en que ningún presidente venezolano vuelva a tener suficiente poder para destruir las instituciones que deben limitarlo. Y esa es una tarea que Estados Unidos puede ayudar a facilitar, pero que únicamente los propios venezolanos podrán convertir en una democracia duradera.