Colombia | Congreso y órganos de control sellan acuerdo contra la corrupción y prometen mayor vigilancia sobre los recursos públicos

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El Congreso y los principales órganos de control del Estado suscribieron este martes, en el Capitolio Nacional, un acuerdo de diez compromisos orientados a fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción en la administración pública.

La firma reunió a los presidentes del Congreso, al procurador general, Gregorio Eljach, y a representantes de la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría y otras entidades del Estado, en una jornada centrada en la necesidad de mejorar la coordinación institucional para prevenir, detectar, investigar y sancionar posibles hechos de corrupción.

El acuerdo pone el acceso a la información pública en el centro de la estrategia. Las entidades se comprometieron a garantizar información accesible, oportuna y clara sobre contratación, compras, gestión administrativa y ejecución presupuestal, con formatos abiertos que permitan a los ciudadanos conocer cómo se administran los recursos públicos.

Uno de los compromisos establece además el fortalecimiento de los mecanismos para detectar y denunciar irregularidades, así como de las herramientas institucionales destinadas a investigar y sancionar conductas que puedan afectar el patrimonio público.

La rendición de cuentas periódica también quedó incorporada como uno de los ejes del acuerdo. Las entidades plantearon utilizar indicadores que permitan medir los resultados de la gestión y facilitar el seguimiento ciudadano a las decisiones y actuaciones de las instituciones.

Otro de los puntos contempla reforzar la protección de quienes denuncien posibles actos de corrupción. Para ello se prevén mecanismos de confidencialidad y medidas de protección dirigidas tanto a ciudadanos como a funcionarios públicos que reporten irregularidades.

El pacto también apuesta por la transformación digital de la administración pública mediante la interoperabilidad de los sistemas de información y la digitalización de procesos. El objetivo es facilitar la consulta de documentos, mejorar la trazabilidad de las actuaciones y fortalecer las labores de auditoría y control.

La participación ciudadana ocupa igualmente un lugar central. El acuerdo plantea ampliar los espacios de control social y promover una mayor vinculación de las veedurías y organizaciones sociales en el seguimiento de la gestión pública.

Durante el encuentro, el procurador general, Gregorio Eljach, señaló que la firma no crea nuevas competencias para las entidades participantes, pero sí representa un compromiso institucional de coordinación entre los poderes públicos para proteger los recursos del Estado.

El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, por su parte, anunció que contribuirá con la radicación de un paquete de medidas de transparencia legislativa. Entre las iniciativas planteadas se encuentra un mayor control sobre el lobby de los congresistas.

Con la firma del acuerdo, Congreso y órganos de control buscan establecer una hoja de ruta común alrededor de la transparencia, el acceso a la información y el control ciudadano, en un momento en el que la vigilancia sobre el manejo de los recursos públicos ocupa un lugar central en la agenda institucional del país.

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