𝗘𝗹 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗲 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮, 𝗔𝗯𝗲𝗹𝗮𝗿𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗘𝘀𝗽𝗿𝗶𝗲𝗹𝗹𝗮, 𝗮𝗻𝘂𝗻𝗰𝗶ó 𝗲𝗹 𝟭𝟮 𝗱𝗲 𝗮𝗴𝗼𝘀𝘁𝗼 𝗹𝗮 𝗱𝗲𝗰𝗹𝗮𝗿𝗮𝗰𝗶ó𝗻 𝗱𝗲 𝘂𝗻𝗮 𝗘𝗺𝗲𝗿𝗴𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗘𝗰𝗼𝗻ó𝗺𝗶𝗰𝗮 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗳𝗿𝗲𝗻𝗮𝗿 𝗹𝗮 𝗰𝗿𝗶𝘀𝗶𝘀 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗱𝗮 𝗽𝗼𝗿 𝗲𝗹 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗲𝗺𝗼𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝗺𝗮𝗴𝗻𝗶𝘁𝘂𝗱 𝟳,𝟰 𝗾𝘂𝗲 𝗴𝗼𝗹𝗽𝗲ó 𝗲𝗹 𝗼𝗰𝗰𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗮í𝘀 𝗲𝗹 𝟭𝟬 𝗱𝗲 𝗮𝗴𝗼𝘀𝘁𝗼. 𝗘𝗹 𝗻𝘂𝗲𝘃𝗼 𝗯𝗮𝗹𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝗱𝗼 𝗽𝗼𝗿 𝗲𝗹 𝗚𝗼𝗯𝗶𝗲𝗿𝗻𝗼 𝗮𝗹𝗰𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗹𝗼𝘀 𝟮𝟲𝟱 𝗺𝘂𝗲𝗿𝘁𝗼𝘀, 𝟰𝟵𝟲 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝘀 𝗱𝗲𝘀𝗮𝗽𝗮𝗿𝗲𝗰𝗶𝗱𝗮𝘀, 𝟯.𝟰𝟵𝟰 𝗵𝗲𝗿𝗶𝗱𝗼𝘀 𝘆 𝗺á𝘀 𝗱𝗲 𝟮𝟱.𝟬𝟬𝟬 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗹𝗶𝗮𝘀 𝗮𝗳𝗲𝗰𝘁𝗮𝗱𝗮𝘀. 𝗟𝗮 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗱𝗮 𝗽𝗿𝗲𝘁𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗽𝗲𝗿𝗺𝗶𝘁𝗶𝗿 𝗮𝗹 𝗘𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼 𝗺𝗼𝘃𝗶𝗹𝗶𝘇𝗮𝗿 𝗿𝗲𝗰𝘂𝗿𝘀𝗼𝘀 𝗰𝗼𝗻 𝗺𝗮𝘆𝗼𝗿 𝗿𝗮𝗽𝗶𝗱𝗲𝘇, 𝗰𝗿𝗲𝗮𝗿 𝘂𝗻 𝗙𝗼𝗻𝗱𝗼 𝗠𝗶𝗹𝗮𝗴𝗿𝗼 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗰𝗮𝗻𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗿 𝗮𝘆𝘂𝗱𝗮 𝗻𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗲 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝘆 𝗮𝗰𝗲𝗹𝗲𝗿𝗮𝗿 𝗹𝗮 𝗿𝗲𝗰𝗼𝗻𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝗰𝗶ó𝗻 𝗱𝗲 𝗵𝗼𝘀𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹𝗲𝘀, 𝗲𝘀𝗰𝘂𝗲𝗹𝗮𝘀, 𝘃𝗶𝘃𝗶𝗲𝗻𝗱𝗮𝘀, 𝗰𝗮𝗿𝗿𝗲𝘁𝗲𝗿𝗮𝘀 𝘆 𝗮𝗲𝗿𝗼𝗽𝘂𝗲𝗿𝘁𝗼𝘀. 𝗘𝗹 𝗮𝗻𝘂𝗻𝗰𝗶𝗼 𝗹𝗹𝗲𝗴𝗮 𝗰𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗹𝗮𝘀 𝗹𝗮𝗯𝗼𝗿𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗿𝗲𝘀𝗰𝗮𝘁𝗲 𝗮ú𝗻 𝗻𝗼 𝗵𝗮𝗯í𝗮𝗻 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗹𝘂𝗶𝗱𝗼 𝘆 𝗲𝗹 𝗽𝗮í𝘀 𝗰𝗼𝗺𝗲𝗻𝘇𝗮𝗯𝗮 𝗮 𝗽𝗮𝘀𝗮𝗿 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗳𝗮𝘀𝗲 𝗱𝗲 𝘀𝗮𝗹𝘃𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗮 𝘂𝗻𝗮 𝗲𝘁𝗮𝗽𝗮 𝗺𝘂𝗰𝗵𝗼 𝗺á𝘀 𝗹𝗮𝗿𝗴𝗮 𝘆 𝗰𝗼𝘀𝘁𝗼𝘀𝗮: 𝗹𝗮 𝗿𝗲𝗰𝗼𝗻𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝗰𝗶ó𝗻.
El terremoto ocurrió a las 7:34 de la mañana del 10 de agosto. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y alcanzó una profundidad de 103 kilómetros. El SGC lo calificó como el sismo de mayor magnitud registrado en Colombia durante el siglo XXI. La intensidad máxima reportada llegó a 7, asociada con daños severos, y el organismo registró inicialmente 18 réplicas, con magnitudes de hasta 4,8.
El movimiento fue sentido en prácticamente todo el territorio colombiano y también produjo reportes desde Panamá y Venezuela. Más de 12.000 personas de unos 900 centros poblados informaron al Servicio Geológico Colombiano que habían percibido el sismo. La profundidad relativamente elevada del evento permitió que las ondas sísmicas se propagaran a grandes distancias, mientras que la magnitud provocó daños importantes en distintas zonas del occidente y el Eje Cafetero.
La dimensión humana de la tragedia fue creciendo durante las primeras horas. Lo que inicialmente parecía un fuerte terremoto con daños todavía por determinar terminó convirtiéndose en una emergencia nacional con cientos de víctimas. Para el 12 de agosto, el Gobierno reportaba 265 fallecidos, 496 desaparecidos, 3.494 heridos y 25.872 familias afectadas. El balance continúa sujeto a actualización debido a que las autoridades todavía deben verificar personas desaparecidas, revisar estructuras dañadas y consolidar información proveniente de municipios con dificultades de comunicación.
Entre los lugares más afectados aparecen zonas de Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío, aunque los efectos se sintieron en un territorio mucho mayor. Cali, Pereira y otras ciudades registraron daños en edificaciones y estructuras. Reuters informó además de miles de viviendas destruidas y daños significativos en hospitales, escuelas y edificios, mientras los equipos de emergencia continuaban trabajando en zonas donde existía posibilidad de encontrar sobrevivientes.
El terremoto golpeó a Colombia apenas tres días después de la llegada de De la Espriella a la Presidencia, convirtiéndose en la primera gran crisis nacional de su mandato. El mandatario había asumido el poder el 7 de agosto y había planteado como una de sus prioridades una transformación del aparato estatal y una política de reducción del gasto. De repente, el nuevo Gobierno quedó obligado a movilizar enormes cantidades de recursos públicos para atender una emergencia de dimensiones excepcionales.
Del rescate a la reconstrucción
La primera fase de la crisis estuvo dominada por la búsqueda de sobrevivientes. Los equipos de rescate trabajaron en edificios colapsados mientras familiares permanecían frente a los lugares donde podían encontrarse personas atrapadas. Las primeras 72 horas fueron consideradas especialmente críticas para localizar sobrevivientes, aunque las operaciones pueden prolongarse mucho más cuando existen indicios de personas atrapadas bajo estructuras.
Con el paso de los días, el problema comenzó a cambiar. Ya no se trataba únicamente de sacar personas de los escombros, sino de alojar a miles de familias, restablecer servicios públicos, reparar hospitales, garantizar agua y alimentos, reconstruir carreteras y recuperar la actividad económica.
Reuters señaló que la infraestructura afectada incluye viviendas, hospitales y escuelas, mientras que algunas zonas productivas comenzaron a enfrentar problemas logísticos. El impacto llegó incluso a las exportaciones de café, debido a las dificultades para movilizar productos desde el occidente colombiano hacia los puertos.
Es precisamente en ese momento cuando adquiere importancia la decisión presidencial de recurrir a la Emergencia Económica.
¿Qué significa realmente una Emergencia Económica?
La declaración no equivale simplemente a disponer de más dinero para atender una catástrofe. En Colombia, los estados de excepción tienen una estructura constitucional específica y están sujetos a controles institucionales.
La Emergencia Económica permite al Ejecutivo adoptar decretos con fuerza de ley cuando existen circunstancias extraordinarias que amenazan de manera grave el orden económico, social o ecológico del país. Esto proporciona al Gobierno una capacidad de reacción mayor que la disponible mediante el procedimiento legislativo ordinario.
De la Espriella ya había declarado previamente el desastre nacional, una decisión que permitía acelerar determinadas contrataciones y movilizar recursos para atender la emergencia. La Emergencia Económica amplía el margen de acción en áreas como medidas tributarias, financieras y administrativas.
Sin embargo, el Presidente no obtiene poderes ilimitados. Las medidas deben estar relacionadas con las causas que justifican la emergencia y posteriormente son sometidas al control de la Corte Constitucional.
Ese punto será especialmente importante porque el tribunal ya ha establecido límites estrictos al uso de los estados de excepción. La Corte declaró inconstitucional en 2026 una emergencia económica decretada por el expresidente Gustavo Petro, aunque se trató de un contexto completamente diferente. En el caso actual, la existencia de una catástrofe natural de enorme magnitud constituye un escenario sustancialmente distinto.
El precedente de 1999
La decisión de De la Espriella tiene un antecedente directo en la historia colombiana: el terremoto del Eje Cafetero de 1999.
Aquel sismo, de magnitud aproximada 6,2, dejó alrededor de 1.185 muertos, cerca de 9.000 heridos y más de 150.000 personas sin hogar. El Gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana declaró la emergencia y creó el Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero, FOREC.
El organismo terminó canalizando alrededor de 1,59 billones de pesos de la época, equivalentes aproximadamente a 750 millones de dólares de entonces, y participó en la intervención, reparación o construcción de más de 136.000 viviendas. También contribuyó a la reubicación de unas 10.000 familias.
La comparación con 1999 no es casual. El actual Gobierno parece intentar reproducir parte de aquella arquitectura institucional mediante el denominado Fondo Milagro, que tendrá como objetivo concentrar recursos destinados a la reconstrucción.
La diferencia es que el terremoto de 2026 se produce en un país con una población mucho mayor, una infraestructura urbana considerablemente más extensa y una economía que depende de cadenas logísticas nacionales e internacionales mucho más complejas.
El Fondo Milagro y la apuesta por la reconstrucción
De acuerdo con la Presidencia, el Fondo Milagro pretende canalizar recursos nacionales e internacionales destinados a la recuperación de hospitales, centros educativos, inmuebles, vías y aeropuertos afectados por el sismo.
El Gobierno también anunció medidas destinadas directamente a las familias damnificadas, entre ellas subsidios de arrendamiento, alivios tributarios y financieros, pago de servicios públicos y apoyo a comerciantes.
Este último punto es particularmente relevante. Una catástrofe de esta magnitud no destruye solamente viviendas: también destruye capital productivo.
Cuando un pequeño comerciante pierde su local, un agricultor pierde infraestructura, una empresa queda aislada por daños en las carreteras o un productor no puede transportar sus mercancías, la emergencia pasa rápidamente del terreno humanitario al económico.
Por eso, la reconstrucción tendrá que ocuparse simultáneamente de personas, viviendas, infraestructura y empleo.
El apoyo internacional comienza a llegar
Colombia tampoco enfrenta sola la emergencia. Brasil anunció el envío de ayuda humanitaria después de conversaciones entre los cancilleres Mauro Vieira y Omar Escobar, mientras otros países, entre ellos Estados Unidos, México, Venezuela, Perú y Panamá, ofrecieron asistencia.
España también comenzó a movilizar ayuda. El Gobierno español anunció un primer paquete de aproximadamente un millón de euros, destinado a materiales de refugio, kits de agua y saneamiento y apoyo médico. Además, Madrid confirmó el fallecimiento de un ciudadano español con doble nacionalidad entre las víctimas del terremoto.
La ayuda internacional tendrá una importancia creciente cuando Colombia pase de la fase de rescate a la reconstrucción. La magnitud de los daños exige recursos que pueden superar ampliamente la capacidad presupuestaria ordinaria del Gobierno.
El Banco Mundial, por su parte, comprometió un paquete de 450 millones de dólares para ayudar a Colombia a afrontar la situación provocada por el desastre, de acuerdo con la información difundida por Infobae.
Una economía que ya enfrentaba dificultades
El problema para el Gobierno es que el terremoto no ocurrió en un escenario de abundancia fiscal.
De la Espriella reconoció durante su anuncio que recibe las finanzas públicas en medio de una situación fiscal complicada. Esa circunstancia introduce una tensión inevitable: el Estado necesita gastar mucho más precisamente cuando su margen financiero es limitado.
La reconstrucción, por tanto, obligará a decidir prioridades.
Habrá que determinar qué edificios deben ser reconstruidos primero, qué carreteras tienen mayor importancia estratégica, qué hospitales requieren intervención inmediata, qué familias necesitan vivienda permanente y cuáles necesitan solamente soluciones temporales.
También habrá que definir cómo se financiarán los programas de recuperación y hasta qué punto el Estado utilizará deuda, recursos presupuestarios, cooperación internacional y nuevas fuentes de financiación.
El terremoto también expone una vieja vulnerabilidad
Colombia es un país sísmicamente activo. El Servicio Geológico Colombiano recuerda que los terremotos forman parte de la dinámica natural del territorio debido a la interacción de diferentes estructuras tectónicas.
Pero la magnitud del desastre no depende exclusivamente de la fuerza del terremoto.
También importan la calidad de las construcciones, el tipo de suelo, la densidad urbana, la planificación territorial, la preparación de los servicios de emergencia y la capacidad de respuesta institucional.
La experiencia internacional demuestra que dos ciudades sometidas a terremotos de magnitud similar pueden sufrir consecuencias completamente diferentes dependiendo de la calidad de sus edificios y de la preparación previa.
Por eso, la reconstrucción de Colombia no debería limitarse a volver a levantar exactamente lo que existía antes del 10 de agosto.
La pregunta central será si el país aprovechará la tragedia para construir infraestructura más resistente, mejores sistemas de alerta, hospitales preparados para terremotos, escuelas seguras y ciudades con una planificación territorial adaptada al riesgo sísmico.
Antes, ahora y después
Antes del terremoto, el nuevo Gobierno de De la Espriella apenas comenzaba a definir sus prioridades. El Presidente había asumido el poder el 7 de agosto y todavía se encontraba formando su administración cuando la naturaleza impuso una agenda completamente diferente.
Ahora, la prioridad nacional es la emergencia. El país tiene cientos de muertos, casi 500 desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles de familias afectadas. Las operaciones de rescate, asistencia humanitaria y evaluación de daños se desarrollan mientras el Gobierno intenta organizar una respuesta financiera de largo alcance.
Después comenzará la fase que probablemente marcará los primeros años de la nueva administración: la reconstrucción.
Será una tarea que puede durar varios años y que exigirá continuidad más allá de la emergencia inicial. Construir viviendas es solo una parte. También será necesario recuperar carreteras, escuelas, hospitales, redes de agua y energía, comercios, agricultura, turismo y cadenas de suministro.
El precedente de 1999 demuestra que la reconstrucción puede transformar una región completa. El FOREC terminó convirtiéndose en una de las instituciones más importantes de aquella recuperación y dejó una referencia sobre cómo organizar grandes cantidades de recursos después de un desastre.
Una prueba política para el nuevo presidente
La tragedia también representa una prueba política excepcional para De la Espriella.
El mandatario lleva apenas unos días en el cargo y ahora deberá demostrar que puede coordinar simultáneamente al Gobierno nacional, gobernadores, alcaldes, Fuerzas Militares, Policía, organismos de socorro, comunidad científica, empresas privadas y organizaciones internacionales.
Además, tendrá que garantizar que la utilización de los poderes extraordinarios de la Emergencia Económica permanezca dentro de los límites constitucionales.
La decisión será observada de cerca por la Corte Constitucional, el Congreso, los organismos de control y la oposición. La urgencia de reconstruir no elimina la obligación de garantizar transparencia, contratación adecuada y vigilancia sobre los recursos públicos.
El desafío será doble: actuar rápido sin actuar de manera improvisada.
La verdadera dimensión de la emergencia apenas comienza
La cifra de víctimas explica la gravedad inmediata, pero no refleja todavía el costo total del terremoto.
Los próximos meses permitirán conocer el verdadero impacto sobre la economía regional, el empleo, la vivienda, la infraestructura y las finanzas públicas. También será necesario determinar cuántas personas deberán ser reubicadas permanentemente y qué municipios necesitarán reconstrucciones integrales.
El terremoto del 10 de agosto ya es considerado por el Servicio Geológico Colombiano como el mayor sismo registrado en Colombia durante el siglo XXI.
La emergencia económica anunciada por De la Espriella es, por tanto, mucho más que una medida administrativa. Es el primer gran intento del nuevo Gobierno por transformar una catástrofe natural en un programa nacional de recuperación.
La eficacia de esa estrategia dependerá de tres factores: la rapidez para atender a las víctimas, la transparencia en el manejo de los recursos y la capacidad de reconstruir mejor de lo que estaba construido antes del terremoto.
Colombia entra así en una etapa decisiva. El rescate puede terminar en días, pero la reconstrucción podría extenderse durante años. Y el éxito o fracaso de esa segunda etapa no solamente determinará cómo se recuperan las regiones devastadas, sino que puede convertirse en uno de los acontecimientos que definan la Presidencia de Abelardo de la Espriella desde sus primeros días.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
GILSON DANTAS CARMINI
Gilson Dantas Carmini es periodista brasileño, presidente y editor en jefe de Prensa Mercosur. Especializado en integración regional, geopolítica y derechos humanos, desarrolla una destacada labor en el ámbito de la comunicación internacional.
Posee un Máster en Desarrollo y Cooperación Internacional y mantiene una amplia red de relaciones profesionales, académicas y diplomáticas en América Latina y Asia.
Entre sus reconocimientos destacan el Micrófono de Oro de la Asociación Nacional de Locutores de México (2021), el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Internacional México Blanco (2020) y el título de Amigo de la Niñez y la Adolescencia.
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