Canadá rechazó por insuficiente una nueva propuesta presentada por Estados Unidos para reducir algunos de los aranceles que afectan al comercio bilateral, mientras una petición parlamentaria para expulsar al embajador estadounidense en Ottawa, Pete Hoekstra, ya reúne más de 70.000 firmas. Ambos acontecimientos reflejan el deterioro de una relación que durante décadas estuvo marcada por una profunda integración económica y política. Las negociaciones comerciales se desarrollan bajo la amenaza de nuevos aranceles estadounidenses que podrían entrar en vigor el 19 de agosto, mientras sectores de la sociedad canadiense cuestionan públicamente la conducta del representante diplomático de Washington y sus declaraciones sobre una eventual anexión de Canadá. El Gobierno del primer ministro Mark Carney intenta mantener abierta la negociación con la Casa Blanca, pero al mismo tiempo enfrenta una presión interna cada vez mayor para defender la soberanía y reducir la dependencia económica de Estados Unidos.

La nueva crisis tiene dos frentes que se desarrollan simultáneamente. Por un lado, Washington y Ottawa intentan evitar una nueva escalada comercial. Por otro, una parte de la sociedad canadiense considera que las relaciones diplomáticas han llegado a un punto en el que las declaraciones y actuaciones del embajador estadounidense requieren una respuesta política.

El Gobierno canadiense no ha aceptado la última oferta de Washington porque considera que las reducciones arancelarias propuestas no compensan suficientemente las medidas comerciales que Estados Unidos mantiene contra productos canadienses. Según Reuters, funcionarios canadienses expresaron su insatisfacción con la propuesta presentada el martes 11 de agosto, que contempla reducir determinados aranceles, pero en una magnitud menor a la esperada por Ottawa.

La negociación adquiere especial importancia porque el presidente estadounidense Donald Trump ha amenazado con aplicar, a partir del 19 de agosto, aranceles del 50 % sobre una amplia gama de productos canadienses si Ottawa no modifica lo que Washington considera prácticas discriminatorias contra productos estadounidenses, particularmente en sectores como automóviles, alcohol y productos lácteos.

La disputa comercial no comenzó ahora. Durante los últimos años, las relaciones entre ambos países han sufrido una transformación profunda. Estados Unidos y Canadá mantienen una de las fronteras económicas más integradas del mundo, con cadenas industriales que atraviesan diariamente la frontera en sectores como automoción, energía, agricultura, minería y manufactura.

Por eso, cada aumento de los aranceles tiene consecuencias que van mucho más allá de una simple disputa entre gobiernos. Una pieza fabricada en Estados Unidos puede incorporarse a un automóvil ensamblado en Canadá y posteriormente regresar al mercado estadounidense. Lo mismo ocurre con componentes industriales, productos agrícolas y materias primas.

El automóvil se convirtió en uno de los puntos más sensibles

La industria automotriz es uno de los principales escenarios de la negociación. Una propuesta actualmente analizada contempla reducir aproximadamente a la mitad el arancel estadounidense del 25 % aplicado a determinados vehículos canadienses que cumplen las reglas del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, conocido como T-MEC o USMCA.

La propuesta permitiría además mantener una exención para el contenido estadounidense incorporado en vehículos fabricados en Canadá. Esto resulta relevante porque aproximadamente la mitad del valor de determinados vehículos ensamblados en Canadá corresponde a componentes fabricados dentro de Estados Unidos, según información citada por medios internacionales.

Ottawa, sin embargo, busca una solución todavía más amplia: que el contenido fabricado en cualquiera de los tres países norteamericanos —Canadá, Estados Unidos o México— quede fuera del cálculo arancelario.

La discusión muestra hasta qué punto las cadenas productivas norteamericanas están entrelazadas. Imponer un arancel sobre un automóvil canadiense no significa necesariamente gravar únicamente producción canadiense. Una parte considerable de sus componentes puede haber sido fabricada previamente en Estados Unidos.

La industria canadiense también está dividida

Los empresarios del sector automotor han advertido que aceptar determinados aranceles podría ser perjudicial, pero también existe preocupación por las consecuencias de una ruptura prolongada de las negociaciones.

El presidente de la Automotive Parts Manufacturers’ Association, Flavio Volpe, sostuvo que todavía existen importantes diferencias entre ambos gobiernos, aunque mantiene cierta expectativa de que pueda alcanzarse un acuerdo. Al mismo tiempo, el sindicato Unifor ha advertido contra cualquier concesión que pueda debilitar la posición canadiense en futuras negociaciones.

El argumento sindical es que aceptar aranceles permanentes podría incentivar a las empresas a trasladar parte de su producción fuera de Canadá. Si producir un automóvil en Canadá resulta considerablemente más caro que fabricarlo directamente en Estados Unidos, las inversiones futuras podrían comenzar a dirigirse hacia el territorio estadounidense.

Esta es precisamente una de las razones por las que Ottawa busca un acuerdo que no sea solamente una solución temporal.

La segunda crisis: el embajador estadounidense

Mientras los negociadores trabajan en Washington, en Canadá crece una campaña para exigir la salida del embajador estadounidense Pete Hoekstra.

Una petición parlamentaria que será presentada ante la Cámara de los Comunes ha superado las 70.000 firmas, según información publicada por la agencia EFE. La iniciativa solicita que Hoekstra sea declarado persona non grata y que el Gobierno canadiense pida formalmente su retirada como embajador.

La petición fue impulsada por ciudadanos canadienses y será presentada formalmente por Elizabeth May, líder del Partido Verde de Canadá. El documento acusa al diplomático estadounidense de intervenir de manera inapropiada en asuntos políticos internos canadienses y de contribuir a deteriorar las relaciones entre ambos países.

El crecimiento de la iniciativa resulta especialmente significativo. Informaciones publicadas durante los días anteriores señalaban que la petición había pasado de aproximadamente 29.000 firmas a más de 56.000 en un período muy corto, antes de superar posteriormente las 70.000 adhesiones.

El origen de la controversia diplomática

La figura de Hoekstra ya había generado controversia por sus declaraciones relacionadas con la posibilidad de que Canadá pudiera convertirse en el denominado estado número 51 de Estados Unidos.

El presidente Trump ha mencionado repetidamente esa posibilidad desde finales de 2024 y durante su segundo mandato. Inicialmente, algunos sectores interpretaron las declaraciones como provocaciones políticas o bromas, pero con el tiempo el tema comenzó a ser tratado por las autoridades canadienses como una cuestión relacionada con la soberanía nacional.

La polémica aumentó cuando Hoekstra realizó declaraciones públicas que fueron interpretadas por sectores políticos canadienses como una normalización de la posibilidad de una eventual anexión.

Los promotores de la petición también cuestionan que el embajador haya intervenido en debates políticos internos y critican comentarios relacionados con el supuesto sentimiento antiestadounidense existente en Canadá.

Para los organizadores de la iniciativa, el problema no es simplemente una declaración aislada. Consideran que existe un patrón de intervenciones que podría afectar la relación diplomática entre Ottawa y Washington.

La respuesta de Ottawa todavía no es una expulsión

La petición no significa que el embajador vaya a ser expulsado automáticamente.

En el sistema político canadiense, una petición parlamentaria puede ser presentada ante la Cámara de los Comunes y generar una respuesta formal del Gobierno, pero no obliga al Ejecutivo a aceptar las demandas de los ciudadanos que la promovieron.

Además, declarar persona non grata a un embajador constituye una decisión diplomática de enorme importancia. Canadá tendría que valorar las consecuencias sobre una relación bilateral que continúa siendo esencial para su economía, seguridad y comercio.

Por esa razón, el Gobierno de Mark Carney mantiene una posición mucho más cuidadosa que la de los grupos que piden directamente la salida de Hoekstra.

Carney enfrenta una situación delicada

El primer ministro Mark Carney llegó al poder con la promesa de defender los intereses canadienses frente a las presiones estadounidenses y, al mismo tiempo, mantener una relación funcional con Washington.

Ese equilibrio se vuelve cada vez más difícil.

Canadá no puede ignorar la importancia de Estados Unidos para su economía. Pero tampoco puede aceptar sin respuesta todas las condiciones planteadas por Washington, especialmente cuando algunas de ellas son percibidas por la población como amenazas a la soberanía.

La estrategia de Ottawa consiste en buscar alternativas comerciales y fortalecer relaciones con otros socios internacionales, pero sustituir rápidamente el mercado estadounidense es prácticamente imposible.

Por eso, la política canadiense se encuentra ante una contradicción: reducir la dependencia de Estados Unidos exige tiempo, inversiones y nuevos mercados, mientras que las decisiones arancelarias de Washington producen efectos inmediatos.

El trasfondo energético también es importante

La relación bilateral no se limita a los automóviles y productos agrícolas. Canadá es uno de los principales proveedores energéticos de Estados Unidos y ambos países mantienen una infraestructura profundamente integrada.

Petróleo, gas, electricidad y minerales atraviesan la frontera en grandes volúmenes. Además, Canadá posee enormes reservas de recursos estratégicos que resultan relevantes para la industria estadounidense.

Esto convierte la disputa en una cuestión mucho más amplia que una simple guerra comercial. Washington necesita determinados productos canadienses y Ottawa necesita acceso al enorme mercado estadounidense.

Esa interdependencia es precisamente lo que hace que ambas partes tengan incentivos para alcanzar un acuerdo, aunque las negociaciones puedan ser extremadamente tensas.

Antes, ahora y después

Antes de esta etapa de tensión, la relación entre Canadá y Estados Unidos era considerada uno de los ejemplos más sólidos de integración entre dos países. Las diferencias existían, pero la cooperación económica y estratégica permitía absorberlas sin poner en cuestión la estructura general de la relación bilateral.

Ahora el escenario es diferente. Los aranceles, las amenazas comerciales, las declaraciones sobre una eventual anexión y la creciente presión social contra el embajador estadounidense han convertido la relación en un asunto de política interna canadiense.

El episodio de la petición parlamentaria demuestra que la presión ya no procede únicamente del Gobierno. Miles de ciudadanos están expresando públicamente su rechazo a lo que consideran una intromisión estadounidense en asuntos canadienses.

Después vendrá la parte más difícil.

Si Ottawa y Washington consiguen cerrar un acuerdo comercial, podría producirse una reducción temporal de la tensión. Pero si las negociaciones fracasan y Estados Unidos aplica nuevos aranceles el 19 de agosto, la disputa podría transformarse en una crisis económica mucho más profunda, con consecuencias para las cadenas de suministro de toda América del Norte.

Y si, paralelamente, la petición contra Hoekstra continúa creciendo y llega al Parlamento con un respaldo popular todavía mayor, el conflicto diplomático podría adquirir una dimensión institucional inédita en la relación entre ambos países.

La cuestión central ya no será solamente cuánto pagará Canadá por vender sus productos en Estados Unidos. Será también hasta dónde está dispuesto Ottawa a negociar para preservar su principal relación económica sin aceptar condiciones que una parte creciente de su población considera incompatibles con la soberanía canadiense.

En ese sentido, la crisis actual representa un cambio histórico: Canadá ya no está discutiendo únicamente aranceles con Estados Unidos; está redefiniendo los límites políticos, económicos y diplomáticos de una relación que durante décadas parecía prácticamente indestructible.