La Fiscalía de Paraguay presentó una acusación contra una docente por presunta violación del deber de cuidado o educación, al considerar que omitió intervenir ante un caso de acoso escolar que, según la investigación, derivó en el suicidio de un estudiante de 12 años. El proceso, considerado uno de los primeros de este tipo en el país, reabre el debate sobre la responsabilidad de las instituciones educativas frente al bullying y la obligación de aplicar los protocolos oficiales de protección de los alumnos.

La acusación fue presentada por la fiscal Vivian Coronel, de Ciudad del Este, luego de casi dos años de investigación. Según el Ministerio Público, la docente, quien se desempeñaba como asesora de curso en una institución educativa de Presidente Franco, habría tenido conocimiento de las situaciones de acoso y violencia psicológica que sufría el menor durante 2023, pero no activó los mecanismos establecidos por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para proteger a la víctima.

De acuerdo con la investigación fiscal, el estudiante fue sometido de manera reiterada a episodios de bullying por parte de otros alumnos. La Fiscalía sostiene que la falta de una intervención oportuna permitió que el acoso continuara, provocando un deterioro progresivo de la salud mental del menor hasta que, el 3 de julio de 2024, tomó la decisión de quitarse la vida.

El Ministerio Público argumenta que la docente tenía una posición de garante respecto de la integridad del estudiante y que estaba obligada a aplicar los protocolos institucionales para detectar, comunicar y atender situaciones de violencia escolar. La conducta atribuida consiste en una omisión, es decir, en no haber adoptado las medidas previstas para proteger al alumno pese a conocer la situación.

Entre las pruebas reunidas por la Fiscalía figuran declaraciones de familiares, informes del establecimiento educativo, entrevistas realizadas durante la investigación y una autopsia psicológica, cuyos resultados indican una relación entre el acoso escolar persistente y el grave deterioro emocional que sufrió el adolescente. Los investigadores consideran que esos elementos constituyen una base suficiente para sostener la acusación penal.

En lugar de solicitar prisión preventiva, la Fiscalía requirió medidas cautelares menos gravosas, entre ellas la fijación de domicilio, la comparecencia periódica ante el juzgado, la prohibición de salir del país y la prohibición de mantener contacto con los familiares del menor. Además, pidió un plazo adicional para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.

El caso ha generado una amplia repercusión en Paraguay debido a que pone el foco no solo en la responsabilidad de quienes ejercen el acoso, sino también en el papel de las instituciones educativas frente a situaciones de violencia entre estudiantes. Especialistas en educación sostienen que la detección temprana, la intervención inmediata y el acompañamiento psicológico son fundamentales para evitar que el bullying produzca consecuencias irreparables.

Para los analistas, este proceso podría marcar un precedente en el tratamiento judicial de los casos de acoso escolar en Paraguay. La decisión que adopten los tribunales será observada atentamente por el sistema educativo, ya que contribuirá a definir el alcance de la responsabilidad legal de los docentes y de las instituciones cuando existan indicios de bullying y no se activen los mecanismos de protección previstos por la normativa vigente.