Canciller de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio
La Cancillería de Colombia salió al paso de los cuestionamientos surgidos en torno al proceso de contratación del Centro Integral de Atención y Relación con la Ciudadanía (CIARC) y aseguró que la adjudicación del servicio se desarrolla bajo estrictos criterios de libre competencia, selección objetiva y transparencia, en respuesta a recientes publicaciones periodísticas y acciones judiciales que ponen en duda la legalidad del procedimiento.
A través del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la entidad afirmó que la contratación del personal encargado de la operación del CIARC se adelanta mediante el Acuerdo Marco de Precios para Servicios BPO III, administrado por Colombia Compra Eficiente, un mecanismo que establece reglas uniformes, precios máximos, perfiles y condiciones de obligatorio cumplimiento para todos los proveedores habilitados, con el propósito de garantizar igualdad de condiciones durante el proceso.
La Cancillería también negó que existan omisiones frente a las observaciones formuladas por los interesados. Según explicó, durante la etapa de publicidad del evento de cotización se recibieron 32 observaciones presentadas por dos empresas participantes, todas respondidas de manera pública, individual y debidamente sustentada en un documento oficial publicado el 9 de julio de 2026, por lo que, aseguró, ninguna inquietud quedó sin respuesta.
Frente a las versiones que señalan presuntas deficiencias en infraestructura tecnológica, licencias o conectividad, el Ministerio fue enfático en afirmar que el Estado ya cuenta con una plataforma tecnológica plenamente operativa para la prestación del servicio. Esa infraestructura incluye una solución omnicanal en la nube, herramientas de gestión de relaciones con los ciudadanos, soporte técnico, conectividad y esquemas de seguridad con disponibilidad permanente, administrados por la Dirección de Información y Tecnología de la Cancillería.
En ese contexto, explicó que la orden de compra actualmente en curso tiene como único propósito la contratación del talento humano necesario para operar esa infraestructura existente, en concordancia con las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco de Precios. Incorporar nuevamente plataformas, licencias o equipos tecnológicos habría significado una duplicidad de recursos públicos y un gasto innecesario, contrario a los principios de eficiencia y responsabilidad en la administración del presupuesto estatal.
La entidad agregó que, como parte de la planeación institucional y en armonía con las directrices del gobierno entrante, proyecta solicitar vigencias futuras ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para asegurar la continuidad de los canales de atención ciudadana con una perspectiva de largo plazo. Mientras ese trámite se desarrolla, la contratación del personal mediante el Acuerdo Marco y la disponibilidad de la infraestructura tecnológica propia permitirán mantener la prestación del servicio sin afectar las finanzas públicas.
El Ministerio de Relaciones Exteriores recordó que la totalidad de los documentos del proceso, incluidos los estudios previos, anexos técnicos, formularios de respuestas y demás soportes, permanecen disponibles para consulta pública en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, con acceso abierto para la ciudadanía y los organismos de control.
Finalmente, el Fondo Rotatorio y el CIARC rechazaron lo que calificaron como intentos de actores externos y algunos proveedores de distorsionar el proceso mediante interpretaciones sesgadas o actuaciones de mala fe con el propósito de favorecer intereses económicos particulares. La Cancillería sostuvo que no existe vulneración alguna a la moralidad administrativa ni a los principios de libre competencia y reiteró que todas las actuaciones han estado orientadas a proteger el patrimonio público y garantizar una atención continua, eficiente y transparente para los colombianos dentro y fuera del país.
La cartera diplomática hizo un llamado a la opinión pública para acudir a las fuentes oficiales antes de dar credibilidad a versiones que, según afirmó, no reflejan el desarrollo real del proceso de contratación ni las actuaciones adelantadas por la administración.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
REDACCIóN COLOMBIA
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