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Los colombianos podrán tramitar y renovar sus pasaportes sin cambios en las tarifas, mientras el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella busca garantizar la continuidad del servicio en medio de la controversia judicial que rodea el nuevo modelo de expedición de estos documentos.
El canciller Omar Bula confirmó que la atención continuará con normalidad tanto en Colombia como en los consulados en el exterior. La decisión busca evitar que las dificultades contractuales y administrativas afecten a los ciudadanos que necesitan viajar por motivos laborales, académicos, familiares o turísticos.
Para mantener la operación, el Ministerio de Relaciones Exteriores acordó una contratación temporal con la Unión Temporal Documentos de Viaje 2027, integrada por Thomas Greg & Sons de Colombia y Thales DIS Colombia. Según la información divulgada por Red+ Noticias, el acuerdo asciende a 240.000 millones de pesos y contempla la prestación del servicio hasta diciembre de 2027.
La medida se produce después de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendiera provisionalmente la ejecución de los contratos relacionados con el nuevo modelo de expedición de pasaportes. Ante ese escenario, la Cancillería recurrió a un mecanismo excepcional de contratación para evitar una interrupción en la entrega del documento.
Uno de los principales anuncios para los ciudadanos es que las tarifas del trámite se mantendrán sin incrementos. La propuesta también conserva los valores contractuales establecidos, sin ajustes por inflación ni variaciones de la tasa de cambio, según lo informado por el Ministerio.
La Cancillería explicó que la decisión responde a la necesidad de garantizar la disponibilidad de libretas, preservar los estándares de seguridad documental y evitar dificultades adicionales en los controles migratorios internacionales. La entidad advirtió que la introducción de un tercer diseño de pasaporte durante la transición podría complicar la verificación de los documentos actualmente vigentes.
Mientras se mantiene la solución temporal, el Gobierno deberá avanzar en la estructuración de una nueva licitación pública, con criterios de transparencia, legalidad y selección objetiva, y con el acompañamiento de los organismos de control.
El desafío será asegurar que las decisiones judiciales y los cambios en el sistema de contratación no terminen trasladando sus consecuencias a los ciudadanos. Por ahora, el mensaje oficial es claro: el servicio continúa, las tarifas no aumentan y los colombianos dentro y fuera del país podrán seguir adelantando sus trámites.
redaccion_colombia @prensamercosur.org
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CARLOS CASTAñEDA
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