- David Sánchez recibe nueve años de inhabilitación por prevaricación
- PSOE denuncia persecución; PP y Vox cargan contra Pedro Sánchez
- Sumar, ERC y PNV cuestionan la pena o piden cautela ante el recurso
La condena de David Sánchez ha partido la política española en dos relatos difícilmente reconciliables. El Gobierno y el PSOE sostienen que el hermano del presidente ha sido víctima de una persecución política impulsada por la ultraderecha y confían en que los recursos anulen el fallo. El PP interpreta la sentencia como otra pieza del deterioro político de Pedro Sánchez; Vox ha ido más lejos, con una descarga de insultos contra el socialismo. Sumar y ERC hablan de una pena desproporcionada, mientras el PNV se refugia, prudentemente, en la lectura pendiente.
Ese es el mapa de las primeras reacciones: defensa cerrada desde el Ejecutivo, ofensiva frontal de la derecha y dudas sobre la actuación judicial entre buena parte de los socios parlamentarios. Todo ello alrededor de una sentencia no firme que impone nueve años de inhabilitación, pero no prisión, y que todavía deberá atravesar instancias superiores. La pólvora política, naturalmente, no ha esperado al recurso.
Una sentencia que cada partido lee por la mitad
La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado por unanimidad a David Sánchez Pérez-Castejón como cooperador necesario de un delito de prevaricación administrativa. La pena comprende nueve años de inhabilitación para ocupar empleos o cargos públicos y para ejercer el sufragio pasivo. El tribunal lo absuelve, sin embargo, del delito de tráfico de influencias, de modo que no tendrá que ingresar en prisión.
La resolución considera que la Diputación de Badajoz creó una plaza pública innecesaria, sin contenido real suficiente y concebida para que terminara ocupada por el músico. Los magistrados aprecian un plan concertado que quebrantó los principios de mérito y capacidad. El expresidente provincial Miguel Ángel Gallardo ha recibido 18 años de inhabilitación por dos delitos de prevaricación, mientras otros nueve acusados han sido condenados a nueve años.
El fallo incluye, al mismo tiempo, el matiz sobre el que se ha levantado la defensa socialista: no considera probado que personas concretas ejercieran presión o influencia para conseguir la plaza. Ahí está la grieta. El PP subraya que hubo una contratación arbitraria; el PSOE destaca que no se acreditó una llamada, una orden o una maniobra directa desde el entorno presidencial. Dos fragmentos de una misma sentencia utilizados como espejos enfrentados. Muy español todo: 377 páginas reducidas, en cuestión de minutos, a un par de consignas.
El Gobierno y el PSOE hablan de inocencia y persecución
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha expresado el desacuerdo del Ejecutivo con la resolución y su confianza en que las instancias superiores terminen constatando la inocencia de David Sánchez. Saiz ha recordado que el procedimiento nació de una denuncia de Manos Limpias, que no hubo una acusación particular de alguien perjudicado y que la Fiscalía pidió la absolución. El Gobierno, ha resumido, respeta la sentencia, pero no la comparte.
Rebeca Torró, secretaria de Organización del PSOE, ha extendido el respaldo del partido a David Sánchez, Gallardo y los técnicos condenados. Su argumento se apoya en la parte del fallo que descarta la existencia probada de presiones: para Torró, el caso forma parte de una estrategia de desgaste contra el Gobierno y convierte el parentesco con Pedro Sánchez en la verdadera causa de la persecución. La dirigente socialista también ha recalcado que tanto la defensa como el Ministerio Fiscal consideraron insuficiente la base penal.
Patxi López ha elevado aún más el tono. El portavoz socialista en el Congreso ha calificado el procedimiento como una “cacería” contra el PSOE y contra el presidente del Gobierno. Según su interpretación, no se investigó inicialmente un hecho concreto, sino a una persona por ser hermano de Pedro Sánchez; cuando fueron cayendo las sospechas de fraude fiscal, patrimonio injustificado o malversación, ha sostenido, la causa fue buscando otros caminos. López ha confirmado que la resolución será recurrida, aunque ha asegurado que el partido la acata.
María Jesús Montero ha considerado que David Sánchez merecía una absolución inmediata. La vicesecretaria general socialista ha afirmado que el desarrollo del juicio no aportó pruebas suficientes para acreditar irregularidades en la contratación. Lo dijo, eso sí, reconociendo que todavía no había leído el fallo. Una precaución verbal bastante menos vistosa que una sentencia, pero no menos importante: valorar centenares de páginas antes de abrirlas es uno de esos pequeños prodigios que la política española ejecuta sin despeinarse.
Óscar Puente lleva el caso al terreno institucional
Óscar Puente ha formulado la respuesta más grave dentro del Gobierno. El ministro de Transportes considera que la condena responde a un intento de derribar al Ejecutivo ante la imposibilidad de derrotarlo en las urnas y ha advertido de que esta época será recordada por la tensión impuesta sobre las instituciones esenciales del Estado. No ha discutido únicamente la valoración jurídica de los hechos; ha situado la sentencia dentro de una operación política de mayor alcance.
En las primeras horas posteriores al fallo, Pedro Sánchez no había encabezado personalmente la respuesta pública. El presidente se encontraba en Francia con motivo de la fiesta nacional francesa y fueron la portavoz gubernamental, varios ministros y la dirección socialista quienes fijaron la posición política: respeto formal, discrepancia absoluta y confianza en el recurso.
El PP convierte la condena en un juicio al Gobierno
Alberto Núñez Feijóo ha presentado el fallo como una demostración de que nadie está por encima de la ley, cualquiera que sea su apellido o vínculo familiar. El líder del PP ha destacado la unanimidad de la Audiencia y ha incluido la resolución dentro de una cadena de condenas que, según su relato, alcanza al entorno político del presidente. Para Feijóo, el funcionamiento independiente de los tribunales debería reforzar la confianza ciudadana en el Estado de derecho.
Miguel Tellado, secretario general popular, ha empleado un registro bastante menos institucional. Ha afirmado que la Justicia vuelve a pronunciarse contra el entorno de Pedro Sánchez pese a los supuestos intentos de coacción y chantaje de una “cloaca” vinculada al PSOE. Después ha unido el nombre de David Sánchez a los del ex fiscal general, José Luis Ábalos y Koldo García para construir una imagen de cerco judicial alrededor del presidente.
Ester Muñoz ha hablado de un día histórico y ha asegurado que una condena semejante provocaría la caída del Gobierno en cualquier otro país. La portavoz parlamentaria del PP ha presentado el caso como el primero en el que un presidente de la democracia española tiene a un hermano condenado por prevaricación y ha cuestionado que los socios del Ejecutivo atribuyan la resolución al lawfare, es decir, al uso de los tribunales como arma política. Incluso ha recurrido a Emmanuel Macron para imaginar qué ocurriría en Francia ante una situación parecida. La política comparada, servida a cucharadas y sin demasiados matices.
La estrategia popular resulta nítida: trasladar la condena individual al terreno de la responsabilidad política de Pedro Sánchez, aunque el presidente no figure como acusado ni condenado en este procedimiento. El parentesco no produce responsabilidad penal por contagio, pero sí ofrece una materia explosiva para la oposición. Y el PP piensa utilizarla.
Vox celebra el fallo antes de terminar de leerlo
José María Figaredo, secretario general del grupo parlamentario de Vox, ha reconocido que todavía no había podido leer la sentencia antes de celebrarla públicamente. Acto seguido calificó a los socialistas de “chorizos”, “ladrones” y “cacos”, y aseguró que habían colocado a familiares para obtener dinero procedente de fondos públicos. También acusó al PSOE de utilizar el mismo sistema corrupto que atribuye al PP.
Vox ejerció la acusación popular y llegó a reclamar hasta seis años de cárcel para David Sánchez al vincular la prevaricación con el tráfico de influencias. La Audiencia ha rechazado esa segunda acusación, precisamente la que habría permitido imponer una pena de prisión. El partido no había aclarado en la primera oleada de reacciones si recurriría esa absolución parcial.
El contraste es revelador. Vox celebra como plenamente satisfactoria una resolución que desestima una parte sustancial de su tesis acusatoria. Pero la sutileza jurídica pesa poco cuando el titular ya está caliente; la palabra “condenado” ocupa toda la pantalla y los matices quedan detrás, junto a la letra pequeña y la paciencia.
Sumar, ERC y PNV introducen dudas y matices
Alberto Ibáñez, portavoz adjunto de Sumar, ha calificado los nueve años de inhabilitación como una pena desproporcionada. El diputado de Compromís ha advertido de que decisiones de esta clase dificultan la confianza ciudadana en el Estado de derecho y ha presentado el fallo como un aviso que puede exceder los límites razonables de la actuación judicial.
Aina Vidal ha coincidido con Ibáñez. La portavoz adjunta de Sumar considera que la imagen pública de la Justicia española atraviesa un momento muy negativo, alimentado tanto por esta sentencia como por las actuaciones judiciales relacionadas con Begoña Gómez. Sumar no ha defendido la contratación examinada con el entusiasmo orgánico del PSOE, pero sí ha cuestionado la proporcionalidad del castigo y el contexto político que lo rodea.
Gabriel Rufián ha descrito la condena como previsible y como una “sobrada importante”. El portavoz de ERC cree que la dureza de la resolución puede terminar beneficiando electoralmente a Pedro Sánchez y ha pronosticado que Begoña Gómez será la siguiente persona de su entorno condenada “por la cara”. También ha reprochado al PSOE que durante años no prestara suficiente atención a las denuncias de persecución judicial formuladas por el independentismo.
La posición del PNV ha sido mucho más contenida. Maribel Vaquero ha definido el fallo como una sentencia fuerte y ha admitido que una inhabilitación tan prolongada constituye una condena relevante. Como todavía no había leído la resolución, evitó extraer consecuencias mayores y recordó que la crispación por los casos de corrupción ya existía antes de conocerse el veredicto. Sobriedad vasca frente al habitual concurso madrileño de hipérboles.
La batalla seguirá en los tribunales y en la tribuna
La sentencia contra David Sánchez es una condena penal, no una simple imputación ni una sospecha periodística. También es una resolución recurrible y no firme. Presentarla como una absolución encubierta falsearía lo decidido por la Audiencia; anunciarla como el desenlace definitivo del caso tampoco sería correcto. Entre ambas trincheras queda una franja incómoda, el lugar donde suelen vivir los hechos.
El Gobierno y el PSOE han elegido la tesis de la persecución y esperan una rectificación judicial. El PP cree que el fallo desgasta directamente la autoridad de Pedro Sánchez y refuerza su exigencia de elecciones. Vox aprovecha la condena para extender la acusación al conjunto del socialismo. Sumar y ERC ven exceso punitivo y riesgo de utilización política de la Justicia; el PNV pide tiempo para leer.
Así ha respondido la política española: cada formación ha encontrado en las mismas páginas la frase que necesitaba. Falta conocer qué resolverán los tribunales superiores. Hasta entonces, David Sánchez está condenado, pero la condena puede cambiar; Pedro Sánchez soportará el coste político, aunque no sea parte del proceso, y la sentencia circulará por el Congreso mucho más deprisa que por las salas de apelación.
Publicado por: Alessandro Elia
Fuente de esta noticia: https://donporque.com/politicos-tras-la-condena-de-david-sanchez/
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