Una asignación anual aproximada de Bs 500 millones provenientes del Presupuesto General del Estado es el millonario costo que pagan los bolivianos para sostener a una Defensoría del Pueblo que prefirió no hacer nada en plena crisis de los 51 dias de bloqueos. La denuncia fue lanzada oficialmente por la bancada de Libre, basándose en la total inacción de la entidad defensorial durante los 51 días de cerco salvaje que estrangularon las carreteras del país.
La diputada de Libre, Lissa Claros, informó de manera oficial que, debido a este abandono explícito a la población civil, su bancada prepara una demanda formal en la vía penal contra el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya. La legisladora señaló que la autoridad incurrió en el presunto delito de incumplimiento de deberes al desaparecer por completo de sus funciones constitucionales mientras el aparato productivo nacional se desangraba.
La Mesa de Análisis de este medio destaca que la fiscalización legislativa obligará a Callisaya a rendir cuentas ante la Asamblea Legislativa Plurinacional mediante una Petición de Informe Escrito. Para la bancada denunciante, resulta inadmisible que una instancia que absorbe semejante cantidad de recursos públicos se haya limitado a emitir comunicados de escritorio mientras las rutas permanecían secuestradas.
- 💰 Bs 500 millones al año es la partida presupuestaria que recibe del Estado esta institución inactiva, según los datos de la fiscalización.
- ⚖️ Demanda penal formalizada por la bancada de Libre contra Pedro Callisaya por flagrante incumplimiento de funciones.
- 🚑 Participación escasa: El aparato defensorial se limitó al monitoreo mediático mientras se atacaban ambulancias y choferes en las rutas.
- 📜 Informe obligatorio: El Defensor deberá comparecer ante la Asamblea Legislativa para justificar su total repliegue en la crisis.
Al revisar el historial de acción de la entidad, se devela que durante las semanas del conflicto, el rol del Defensor del Pueblo fue escaso y se limitó a la burocracia de emitir meros reportes. Mientras cientos de transportistas del transporte pesado quedaban varados sin acceso a alimentos ni agua, Callisaya justificaba su inactividad declarando que la protección material de derechos no era su responsabilidad.
La Defensoría del Pueblo llegó al extremo de emitir declaraciones públicas donde minimizaba la gravedad del cerco en las rutas, afirmando que dictaminar un Estado de Excepción no solucionaría los problemas del país. Al asumir esa postura de complacencia con los sectores que bloquearon las vías de suministro de carburantes, la entidad dejó en total indefensión a las familias y pequeños negocios afectados.
Para la diputada Claros, el Defensor del Pueblo «desapareció» en el momento de mayor vulnerabilidad de la ciudadanía, actuando más como un analista político que como el protector de los derechos de los bolivianos. Los cuestionamientos de la calle apuntan al derroche de sostener una agencia estatal con sueldos blindados que le da la espalda al ciudadano cuando el país se encuentra al borde del abismo.
El Dato de Cierre: Al activar una demanda penal por incumplimiento de deberes, el Legislativo abre un precedente histórico para fiscalizar el destino de los millones fiscales asignados a instituciones fantasmalmente inactivas en plena crisis nacional.
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