El gobierno de Rodrigo Paz decretó el estado de excepción el 19 de junio y atribuye la convulsión a la corriente del expresidente, sobre quien pesa una orden de captura vigente. Pero buena parte de los expertos sostiene que la crisis es estructural y excede ampliamente a una sola figura. Prensa Mercosur presenta ambas miradas para que el lector saque sus conclusiones
El gobierno boliviano de Rodrigo Paz Pereira dio un giro decisivo en su respuesta a casi dos meses de convulsión social al promulgar, el 19 de junio de 2026, un Decreto Supremo de Estado de Excepción que suspende temporalmente los derechos de locomoción, circulación, tránsito y reunión, y que faculta a la Policía Boliviana y a las Fuerzas Armadas a ejecutar el desbloqueo de las carreteras del país. El documento, dado en el Palacio de Gobierno, prohíbe expresamente los bloqueos de vías urbanas, rurales, departamentales e internacionales, restringe el uso de drones sobre zonas de intervención e infraestructura crítica, y contempla en sus disposiciones finales la denuncia ante el Ministerio Público de quienes financien los bloqueos o ejerzan coacción para obligar a terceros a participar en ellos. La medida llegó tras un hecho político clave: la Central Obrera Boliviana, principal organización sindical del país y uno de los motores de la huelga general iniciada el 1.° de mayo, firmó un acuerdo de diálogo y pacificación con el gobierno, lo que abrió la puerta a la decisión presidencial. El propio Paz justificó la medida afirmando que los bolivianos no pueden seguir siendo rehenes de bloqueos que les impiden trabajar, estudiar, recibir atención médica y abastecerse.
En el centro del relato gubernamental sobre la crisis aparece de manera recurrente una figura: la del expresidente Evo Morales. El Ejecutivo sostiene que las protestas son orquestadas por el exmandatario socialista, que gobernó entre 2006 y 2019 y que hoy es un prófugo de la justicia. Sobre Morales pesa una orden de aprehensión vigente, emitida por un tribunal de Tarija en el marco de un proceso por trata agravada de personas, en el que se lo acusa de haber mantenido una relación con una adolescente de quince años durante su mandato. El 11 de mayo de 2026, al no presentarse a la audiencia, el Poder Judicial ratificó su situación de rebeldía y emitió nuevas órdenes de arresto e impedimento de salida del país. La ejecución de esa captura, según aclararon las autoridades judiciales, ya no es atribución del Ministerio Público sino de la Policía Nacional, y hasta el momento no se ha concretado porque el expresidente permanece refugiado en el Trópico de Cochabamba, su bastión sindical, una región donde sus seguidores mantienen control territorial y han sostenido bloqueos precisamente para impedir su detención. Desde allí, Morales ha apoyado las protestas y ha exigido la renuncia de Paz y elecciones anticipadas en un plazo de noventa días.
Existe, en efecto, una lectura que sostiene que la normalización de Bolivia pasa por neutralizar el «factor Evo«, y esa tesis tiene defensores tanto en el oficialismo como en sectores de la derecha regional. Quienes la sostienen argumentan que Morales conserva una base de apoyo fiel y disciplinada, capaz de movilizar bloqueos prolongados y de «convulsionar el país», como advirtieron sus propios seguidores ante la posibilidad de su detención. Bajo esta óptica, mientras el expresidente permanezca prófugo y con capacidad de articular la protesta desde el Chapare, el gobierno carecería de la tranquilidad institucional necesaria para gobernar, y cada intento de reforma chocaría con la resistencia organizada de la corriente evista. Esta posición es la que, de manera implícita, subyace en la estrategia gubernamental de vincular las movilizaciones con el financiamiento ilícito y con la acción de dirigentes específicos, y la que comparten los gobiernos de la región alineados con Washington, que han respaldado a Paz y han calificado las protestas como un intento de desestabilización contra un gobierno democráticamente electo. Para esta corriente de opinión, la aplicación de la ley sobre Morales no es persecución política, sino una condición para restablecer el principio de autoridad.
Sin embargo, una parte sustancial —y probablemente mayoritaria— de los analistas consultados por los medios de la región sostiene la tesis contraria: que la crisis boliviana es estructural y multidimensional, y que reducirla a la figura de Evo Morales es un diagnóstico incompleto que puede conducir a soluciones equivocadas. Los expertos en conflictividad política subrayan que el deterioro de las condiciones de vida, la inflación y la escasez de combustible y de dólares forman parte de una crisis que ya afectaba a Bolivia antes de que Paz asumiera la presidencia en noviembre de 2025. Los datos respaldan esta lectura: los organismos multilaterales proyectan para 2026 una contracción económica de hasta el 3,3%, tras la caída del 1,58% en 2025, en un país donde la inflación alcanzó el 20,4% y cerca del 85% de la población trabaja en la informalidad. La escasez de dólares, que se arrastra desde febrero de 2023, y la caída de las reservas internacionales y de la producción de gas natural son problemas de fondo que ningún arresto resolvería. Como resumió un análisis reciente, las causas estructurales del conflicto permanecen abiertas, y la verdadera pregunta no es si el gobierno logrará despejar las rutas, sino si conseguirá resolver las tensiones económicas y sociales que hicieron posible una movilización capaz de paralizar el país durante casi dos meses.
Esta segunda lectura se apoya, además, en un dato que complica la narrativa que coloca a Morales como único responsable: las protestas han sido protagonizadas por actores que no responden necesariamente al evismo. Las movilizaciones fueron convocadas inicialmente por la Central Obrera Boliviana y por sectores sindicales y campesinos con demandas concretas —un incremento salarial del 20%, mejoras en el abastecimiento de combustible y la abrogación de la Ley 1720 de reconversión de tierras—, antes de incorporar la exigencia de renuncia del presidente. Indígenas amazónicos que marcharon durante veintiocho días, maestros urbanos y rurales, transportistas, mineros y juntas vecinales de El Alto confluyeron en una protesta que excede ampliamente al aparato del Movimiento al Socialismo, una organización que de hecho atraviesa su propia fractura interna. Los analistas señalan que muchos de estos sectores quedaron «huérfanos de representación» tras el declive del MAS, y que el gobierno cometió errores propios —el escándalo del combustible adulterado, un «exceso de promesas» incumplidas, la percepción de cercanía con las élites empresariales y el distanciamiento con su propio vicepresidente Edmand Lara—. Bajo esta óptica, atribuir la totalidad de la crisis a Morales no solo sería inexacto, sino que podría agravar la confrontación al cerrar las puertas a una salida negociada con sectores que tienen reclamos legítimos y autónomos.
El Decreto Supremo del 19 de junio, en este sentido, contiene un dato revelador que matiza ambas posturas: el propio gobierno incorporó garantías que reconocen la complejidad del cuadro. El Artículo 7 del decreto establece expresamente que las medidas no suspenden las garantías de los derechos fundamentales, el debido proceso, el derecho a la información ni los derechos de las personas privadas de libertad; el Artículo 6 limita a ocho horas el plazo de cualquier arresto antes del traslado a la autoridad competente; y la Disposición Transitoria Única dispone la remisión del decreto a la Asamblea Legislativa Plurinacional, conforme a la Constitución. Estas salvaguardas sugieren que el gobierno es consciente de que una respuesta puramente represiva tendría costos políticos y jurídicos elevados, y de que la salida no puede consistir únicamente en la fuerza. Para el Mercosur, que tiene a Bolivia como miembro en proceso de adhesión plena y que ya activó el mecanismo del Protocolo de Ushuaia a través del Parlasur, la cuestión es delicada: la cumbre del 30 de junio en Luque deberá pronunciarse sobre la crisis de un socio sin caer en una lectura simplista que reduzca un problema estructural a la captura de una sola persona. En definitiva, las fuentes disponibles no permiten afirmar que la detención de Evo Morales devolvería por sí sola la normalidad a Bolivia; lo que sí muestran es un país atravesado por una crisis económica, social e institucional profunda, frente a la cual el «factor Evo» es, según el cristal con que se mire, o bien el detonante principal, o bien apenas uno de los muchos síntomas de un malestar mucho más amplio. Será el lector, con estos elementos a la vista, quien forme su propio juicio.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
GILSON DANTAS CARMINI
Gilson Dantas Carmini es periodista brasileño, presidente y editor en jefe de Prensa Mercosur. Especializado en integración regional, geopolítica y derechos humanos, desarrolla una destacada labor en el ámbito de la comunicación internacional.
Posee un Máster en Desarrollo y Cooperación Internacional y mantiene una amplia red de relaciones profesionales, académicas y diplomáticas en América Latina y Asia.
Entre sus reconocimientos destacan el Micrófono de Oro de la Asociación Nacional de Locutores de México (2021), el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Internacional México Blanco (2020) y el título de Amigo de la Niñez y la Adolescencia.
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