El miembro en proceso de adhesión plena del Mercosur, Bolivia, vive una de las crisis humanitarias más graves de su historia reciente, tras la declaración del estado de emergencia que otorga a las fuerzas armadas amplios poderes para levantar los bloqueos que estrangulan el suministro de alimentos, combustible y oxígeno medicinal. El presidente Rodrigo Paz declaró el estado de emergencia, lo que otorga a las fuerzas armadas amplios poderes para levantar los bloqueos de carreteras que han estrangulado el suministro de combustible y alimentos en la capital de Bolivia y otras ciudades importantes. Durante las últimas cinco semanas, una ola de protestas ha exigido la dimisión de Paz por las medidas de austeridad impuestas por el gobierno, incluida la cancelación de los subsidios a los combustibles. La medida marca una escalada en la respuesta gubernamental a una crisis que se prolonga sin solución a la vista.
El balance humano de la crisis es trágico y refleja la gravedad de la situación que atraviesa el país andino. Las manifestaciones han desatado violentos enfrentamientos entre manifestantes armados con dinamita y la policía antidisturbios, que han dejado al menos 365 detenidos y 37 heridos, según las autoridades. Según la Defensoría del Pueblo de Bolivia y organizaciones de derechos humanos, al menos 17 personas han fallecido, la mayoría de ellas a causa de la falta de atención médica provocada por las interrupciones en el transporte. Esta cifra de muertos por falta de atención médica es uno de los aspectos más dramáticos de la crisis, ya que evidencia cómo los bloqueos han tenido consecuencias letales sobre la población más vulnerable. El dato económico complementa el panorama: los 50 días de bloqueo trajeron 14 muertos y 2.700 millones de dólares en pérdidas económicas, según los registros de la prensa boliviana.
La dimensión humanitaria de la crisis golpea con especial dureza al sistema de salud y al abastecimiento de bienes esenciales. A medida que los negocios cerraban durante las protestas, los estantes de los supermercados se vaciaban y los hospitales se quedaban sin oxígeno, los llamamientos de algunos sectores de la sociedad para que Paz restableciera el orden por la fuerza se intensificaron. La escasez de oxígeno medicinal en los hospitales es una de las consecuencias más graves de los bloqueos, ya que pone en riesgo la vida de los pacientes que dependen de este insumo para sobrevivir. El derecho a la salud, consagrado en los instrumentos internacionales de derechos humanos, se ve gravemente comprometido cuando los bloqueos impiden el acceso a insumos médicos esenciales, lo que plantea al Mercosur un desafío que trasciende lo político para situarse en el terreno de la emergencia humanitaria.
El contexto político de la crisis revela la complejidad de la situación boliviana y la dificultad de encontrar una salida. El expresidente Evo Morales ha apoyado las protestas y ha exigido nuevas elecciones desde la región tropical productora de coca, donde evade una orden de arresto. La administración Trump ha respaldado a Paz, quien restableció las relaciones con Estados Unidos, y el secretario de Estado Marco Rubio le informó que Washington estaba intensificando la asistencia de emergencia. Esta internacionalización de la crisis, con Estados Unidos respaldando al gobierno de Paz, añade una dimensión geopolítica que complica aún más la búsqueda de una solución negociada. La polarización extrema entre el gobierno y los sectores movilizados, sumada a la intervención de actores externos, configura un escenario de difícil resolución.
Para el Mercosur, la crisis boliviana plantea su test democrático y humanitario más urgente. El Parlasur ya activó el mecanismo del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático, y la cumbre del 30 de junio deberá abordar la situación de uno de sus miembros en adhesión con la máxima responsabilidad. El desafío para el bloque es doble: por un lado, pronunciarse sobre la dimensión democrática de la crisis sin agravar la confrontación; por otro, coordinar una respuesta humanitaria que alivie el sufrimiento de la población boliviana. La solidaridad regional ya se ha manifestado, con varios gobiernos del bloque enviando ayuda humanitaria. La forma en que el Mercosur gestione la crisis boliviana definirá su credibilidad como bloque comprometido con la democracia y los derechos humanos, en uno de los momentos más delicados de la historia reciente de la región. El Diario Prensa Mercosur seguirá documentando la evolución de esta crisis que interpela los valores fundamentales del bloque.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
GILSON DANTAS CARMINI
Gilson Dantas Carmini es periodista brasileño, presidente y editor en jefe de Prensa Mercosur. Especializado en integración regional, geopolítica y derechos humanos, desarrolla una destacada labor en el ámbito de la comunicación internacional.
Posee un Máster en Desarrollo y Cooperación Internacional y mantiene una amplia red de relaciones profesionales, académicas y diplomáticas en América Latina y Asia.
Entre sus reconocimientos destacan el Micrófono de Oro de la Asociación Nacional de Locutores de México (2021), el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Internacional México Blanco (2020) y el título de Amigo de la Niñez y la Adolescencia.
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