El miembro en proceso de adhesión plena del Mercosur, Bolivia, vive bajo un estado de excepción que ha encendido las alarmas de los organismos internacionales de derechos humanos, en una crisis que pone a prueba la coherencia del bloque en la defensa de los principios democráticos que dice profesar. El 2 de junio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos advirtió sobre graves impactos en los derechos humanos derivados de la crisis social en Bolivia, incluyendo afectaciones al abastecimiento y múltiples fallecidos. Al respecto, el Estado boliviano respondió defendiendo las acciones adoptadas por las instituciones públicas y señaló que la evaluación del conflicto debía considerar también sus consecuencias humanitarias. Esta advertencia del máximo tribunal de derechos humanos del sistema interamericano coloca a Bolivia bajo el escrutinio de la comunidad internacional y plantea interrogantes sobre la gestión gubernamental de la crisis.
La promulgación de la ley de estado de excepción ha sido uno de los puntos más controvertidos de la respuesta gubernamental a las protestas. El presidente Rodrigo Paz promulgó la Ley 1740, aprobada por el Congreso, en un contexto marcado por protestas que se extienden desde hace más de un mes; la legislación otorga un papel central a la Policía Boliviana en la contención de disturbios y contempla el apoyo de las Fuerzas Armadas cuando las circunstancias lo requieran. «Hoy día, bajo la Constitución Política del Estado, bajo el mandato del Parlamento en ley promulgada, ustedes tienen la responsabilidad de cuidar nuestro futuro, actuar con firmeza, profesionalismo, respetando los derechos humanos», afirmó el mandatario dirigiéndose a las fuerzas de seguridad. El énfasis del presidente en el respeto a los derechos humanos refleja la conciencia de los riesgos que la militarización de la respuesta a las protestas implica.
Las advertencias sobre los riesgos para los derechos humanos provienen de múltiples sectores, incluida la propia institucionalidad boliviana. César Rojas, jefe de la Unidad de Cultura de Paz de la Defensoría, explicó que durante el debate de la ley se planteó la necesidad de garantizar el respeto a los derechos humanos en cualquier escenario excepcional. «La mayor preocupación es que podamos llegar a una situación donde los bolivianos no nos podamos entender en el marco democrático y en la práctica del diálogo», declaró el funcionario, destacando que distintas entidades han facilitado corredores humanitarios y espacios de concertación en las zonas más afectadas. Estas voces de alarma reflejan el temor a que la escalada de la confrontación derive en una crisis democrática de mayor envergadura.
El balance de la crisis sigue siendo trágico y los enfrentamientos continúan. Este lunes se registraron enfrentamientos y fuerte represión en el puente río Kora 2, en el municipio de Vinto, Cochabamba, donde al menos 23 personas fueron detenidas. El expresidente Evo Morales alertó a la comunidad internacional sobre la aprobación de una nueva Ley de Estados de Excepción que, según él, debilita las garantías democráticas y la protección de los derechos humanos. La persistencia de los enfrentamientos y las detenciones, sumada a la advertencia de la CIDH y a las voces críticas dentro y fuera de Bolivia, configura un escenario de máxima tensión que amenaza con prolongarse y agravarse.
Para el Mercosur, la crisis boliviana plantea su test democrático más urgente. Bolivia es un país en proceso de adhesión plena al bloque, y la activación del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático que el Parlasur ya invocó pone a prueba la coherencia del bloque en la defensa de sus principios. El desafío para el Mercosur es pronunciarse sobre la crisis de manera que preserve la credibilidad de su cláusula democrática sin agravar una situación ya explosiva. La cumbre del 30 de junio en Luque deberá abordar la situación boliviana con la máxima responsabilidad, en un equilibrio delicado entre el respeto a la soberanía boliviana y la defensa de los derechos humanos y la democracia. La forma en que el bloque gestione la crisis de uno de sus miembros en adhesión definirá su credibilidad como custodio de los valores democráticos de la región, y será observada con atención por todos los países que aspiran a integrarse al Mercosur.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
GILSON DANTAS CARMINI
Gilson Dantas Carmini es periodista brasileño, presidente y editor en jefe de Prensa Mercosur. Especializado en integración regional, geopolítica y derechos humanos, desarrolla una destacada labor en el ámbito de la comunicación internacional.
Posee un Máster en Desarrollo y Cooperación Internacional y mantiene una amplia red de relaciones profesionales, académicas y diplomáticas en América Latina y Asia.
Entre sus reconocimientos destacan el Micrófono de Oro de la Asociación Nacional de Locutores de México (2021), el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Internacional México Blanco (2020) y el título de Amigo de la Niñez y la Adolescencia.
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