Opinión | Dos de cada tres

La política misionera pasó las últimas semanas enredada en su propia reconfiguración. Desafiliaciones, el nacimiento del Movimiento por lo que Viene, reordenamiento de dirigentes, un nuevo mapa legislativo. La agenda pública parecía un rompecabezas sin caja. Pero la semana que terminó dejó otra señal. El Gobierno provincial empezó a correr el eje. La conversación dejó de girar exclusivamente alrededor del poder para concentrarse en algo bastante más concreto: la gestión. Y, contra lo que algunos suponen, no es un cambio menor.

El viernes, último día de julio, el Ejecutivo envió el Presupuesto 2027 a la Legislatura, anunció nuevas medidas de alivio fiscal para pequeños contribuyentes, reactivó el programa Ahora Patente, incorporó un tomógrafo de última generación en Eldorado, recorrió una de las obras energéticas más importantes de los últimos años en Garupá, entregó títulos de propiedad, fortaleció el abastecimiento de agua para cientos de familias, abrió una nueva instancia de diálogo con los productores yerbateros y garantizó el pago de salarios con la actualización prevista para los trabajadores estatales. Ninguna de esas decisiones, por sí sola, cambia el rumbo de una provincia. Pero juntas empiezan a dibujar una forma de gobernar que, hasta hace poco, parecía relegada a un segundo plano.

Quizás el gesto más representativo haya sido el envío del Presupuesto para el próximo año. No solamente porque anticipa las prioridades del Gobierno, sino porque sintetiza una determinada mirada sobre el papel del Estado en un escenario nacional cada vez más exigente para las provincias. Al presentar el proyecto, Passalacqua resumió esa idea en una frase sencilla: “Dos de cada tres pesos irán destinados a salud, educación y políticas sociales”. No es solamente un dato contable. Es una definición política sobre dónde poner los recursos cuando estos ya no alcanzan para todo. En tiempos donde desde el Gobierno nacional se insiste en discutir cuánto Estado sobra, Misiones eligió discutir dónde hace más falta.

Ese mismo criterio apareció pocas horas después en Eldorado. La incorporación de un tomógrafo de última generación en el Hospital SAMIC no representa únicamente una inversión cercana a los 200 mil dólares. También expresa una determinada idea de federalismo. Acercar un servicio de alta complejidad al norte de la provincia evita que miles de familias deban recorrer cientos de kilómetros hasta Posadas para acceder a un estudio que, muchas veces, no admite demoras. “La salud es todo. Si no tenés salud, no tenés nada”, resumió el gobernador. La frase, en boca de otro, podría sonar a slogan. En él, suena a constatación.

Mientras tanto, en Garupá, la recorrida por la nueva estación transformadora permitió mostrar otra dimensión de esa lógica. Passalacqua definió la obra como una infraestructura pensada “no solamente para solucionar una necesidad de hoy, sino también para las futuras generaciones”. Puede leerse como una referencia a una obra puntual, o también como una forma de entender la gestión pública: resolver urgencias sin perder de vista el largo plazo. Algo que, en la Argentina, suele ser una rareza.

La misma lógica apareció en la agenda económica. Desde agosto comenzaron a regir nuevas medidas de alivio fiscal mediante la eliminación de retenciones sobre acreditaciones en billeteras virtuales y transferencias bancarias para monotributistas de menor escala. No son medidas que cambien por sí solas la realidad económica de la provincia. Pero sí forman parte de una estrategia que intenta intervenir sobre problemas concretos mientras persisten las dificultades derivadas del contexto nacional.

Algo similar ocurrió con la producción. La reunión mantenida con productores, cooperativas, sindicatos y representantes de toda la cadena yerbatera volvió a poner sobre la mesa una de las principales preocupaciones económicas de Misiones. La crisis del sector sigue siendo el ejemplo más evidente de cómo una decisión tomada desde Buenos Aires puede alterar el funcionamiento de toda una economía regional. Allí tampoco hubo soluciones mágicas para un problema cuya raíz excede las competencias provinciales. Pero sí hubo una posición política clara. “Siempre estoy del lado de aquellos que producen”, afirmó Passalacqua antes de ratificar que seguirá reclamando la recuperación de las facultades regulatorias del INYM. “No voy a parar de luchar para que el instituto recupere sus facultades. Acá no hay cuestiones partidarias”, agregó. La señal, más allá de las herramientas concretas, fue la de un gobierno que decidió mantener abiertos los canales de diálogo con todos los sectores.

Cuando todas esas decisiones se observan de manera conjunta aparece otro fenómeno que empieza a caracterizar esta etapa. La agenda gubernamental dejó de organizarse exclusivamente por áreas de gobierno para empezar a construirse alrededor de los problemas concretos de los misioneros. Salud, producción, energía, infraestructura, política tributaria, asistencia social o regularización dominial dejaron de ser compartimentos estancos para formar parte de una misma narrativa de gestión.

Naturalmente, nada de esto elimina los desafíos que enfrenta la provincia. La caída de recursos nacionales sigue condicionando las finanzas públicas, muchas actividades económicas continúan atravesando dificultades y las demandas sociales siguen siendo numerosas. La gestión también deberá demostrar con resultados que las prioridades anunciadas logran traducirse en mejoras concretas para la población.

En paralelo, el reordenamiento político continúa. El Movimiento por lo que Viene sigue sumando adhesiones y empieza a consolidarse como la herramienta elegida para expresar esta nueva etapa del oficialismo. También comienzan a observarse señales de mayor cohesión legislativa. De cara a la próxima sesión del Senado, todo indica que los representantes misioneros volverán a priorizar posiciones vinculadas con intereses estratégicos para la provincia, como ocurre con el rechazo al proyecto que flexibiliza la Ley de Tierras Rurales. No se trata solamente de una discusión parlamentaria. También expresa una determinada concepción del federalismo y de la representación política: la idea de que existen temas donde los intereses de Misiones deben ubicarse por encima de cualquier alineamiento circunstancial con el poder central.

La política siempre encuentra tiempo para discutir nombres, candidaturas y liderazgos. Es parte de su naturaleza. Pero los gobiernos terminan siendo recordados por otra cosa: por la capacidad de resolver problemas cuando las circunstancias se vuelven adversas. La reorganización política ya empezó. Ahora comienza una prueba mucho más exigente: demostrar que esa nueva etapa también puede sentirse en la gestión. Porque las sociedades rara vez cambian de opinión por un discurso. Cambian cuando advierten que el Estado funciona mejor. Y cuando eso ocurre, la política, por más ruido que haga, termina siendo lo de menos.

El show debe continuar

Hay presidentes que utilizan una conferencia de prensa para explicar una decisión. Javier Milei, en cambio, parece usar la decisión para montar una nueva escena. Volvió a ocurrir esta semana.

El Presidente anunció una serie de reformas vinculadas al funcionamiento del Banco Central. Varias de ellas podrán ser discutidas por economistas, algunas incluso podrían resultar positivas y otras requerirán tiempo para demostrar si cumplen o no con los objetivos planteados. Ese debate técnico existe y merece darse. Pero Milei eligió otro camino.

En lugar de colocar el foco sobre el contenido de las medidas, volvió a construir un espectáculo alrededor del anuncio. Una frase provocadora, una descalificación, un nuevo enemigo. El libreto ya es conocido. Lo importante no parece ser que la sociedad discuta la reforma, sino que siga hablando de él. El show, como en el circo, nunca puede detenerse.

No es un rasgo circunstancial. Es la forma en que construyó su liderazgo. Antes de ser presidente, Milei se convirtió en un personaje público gracias a su capacidad para irrumpir en cualquier debate con declaraciones explosivas. Entendió antes que muchos cómo funciona la lógica de la televisión y, más tarde, la de las redes sociales: en una época dominada por la sobreinformación, quien logra generar escándalo consigue atención. Esa estrategia fue extraordinariamente eficaz para llegar a la Casa Rosada. La pregunta, claro, es si alcanza para gobernar.

Porque un candidato necesita llamar la atención, en cambio un presidente necesita generar certezas. Y allí aparece una diferencia que Milei parece no estar dispuesto a aceptar. La investidura exige administrar conflictos, no producirlos. Explicar decisiones, no taparlas con una nueva controversia. Gobernar implica que las políticas públicas sean más importantes que el personaje. Sin embargo, el personaje sigue ocupando el centro de la escena.

Cada anuncio parece necesitar una pelea. Cada discurso, una frase destinada a viralizarse. Cada semana, un adversario distinto. La política deja de girar alrededor de las decisiones para volver a girar alrededor de la actuación del Presidente. Esa lógica, efectiva para la campaña, empieza a mostrar sus límites en el gobierno.

Lo mismo ocurre con la política exterior. Las recientes declaraciones sobre Brasil volvieron a tensar una relación que debería administrarse con bastante más prudencia. Es cierto que Lula tampoco atraviesa su momento más sólido y que días atrás protagonizó un insólito error histórico al afirmar que Paraguay invadió Brasil y que ese episodio desencadenó la Guerra de la Triple Alianza, una afirmación que provocó un inmediato malestar en Asunción. Pero los errores ajenos nunca justifican los propios. Brasil sigue siendo el principal socio comercial de la Argentina. La relación entre ambos países no puede quedar condicionada por la necesidad de producir una frase efectista o sumar un nuevo capítulo al espectáculo cotidiano.

Porque hay una diferencia sustancial entre un dirigente que busca instalarse en la opinión pública y un jefe de Estado. El primero vive de la confrontación. El segundo debería administrar intereses permanentes. Quizás ese sea el mayor desafío que enfrenta Milei: desprenderse del personaje que lo llevó al poder. Comprender que la lógica del rating no siempre coincide con la lógica del gobierno. Que un presidente no necesita ganar todas las discusiones para ejercer autoridad. Y que la estabilidad de un país depende, muchas veces, de la previsibilidad de quien lo conduce.

Las reformas al Banco Central serán evaluadas por sus resultados. El tiempo dirá si fortalecieron o no la economía argentina. Lo que ya puede evaluarse es otra cosa: la persistente necesidad presidencial de convertir cada decisión en un show. Y todo show, como se sabe, tiene una regla: para mantener la atención del público, la próxima escena siempre debe ser más impactante que la anterior. El problema es que un país no se gobierna desde un escenario. Se gobierna construyendo confianza. Y la confianza, para variar, rara vez nace del espectáculo.

Publicado por: Daniela Báez

Fuente de esta noticia: https://www.canal12misiones.com/notas-de-opinion/opinion-dos-de-cada-tres

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