
Una crónica sobre cómo un país desgarrado por el terrorismo encontró en Alberto Fujimori al hombre que acabó con el horror, el precio político y judicial que pagó por ello, y cómo su hija Keiko, criada en el centro mismo de ese huracán histórico, ahora hereda la presidencia que él nunca pudo legarle en paz.
EL TERROR QUE NACIÓ EN UN PUEBLO ANDINO

Para entender Perú, hay que entender primero el horror que lo marcó durante dos décadas. Un sábado 17 de mayo de 1980, la quema pública de las ánforas y padrones electorales en el distrito de Chuschi, en la región de Ayacucho, a manos de militantes del Partido Comunista Peruano-Sendero Luminoso, fue el acto con el que se declaró la guerra al Estado y a la sociedad peruana. Aquel hecho, aparentemente menor, dio inicio al conflicto armado interno que llegó a constituir la época más violenta de toda la historia republicana del país.
Fundado en 1970, Sendero Luminoso desató el conflicto conocido como la «época del terrorismo en el Perú«, empleando tácticas terroristas contra el orden democrático mediante su autodenominado «Ejército Guerrillero Popular«. Su líder, Abimael Guzmán, conocido como «Camarada Gonzalo» o «Presidente Gonzalo«, construyó una organización que comenzó siendo minúscula. Eran apenas cinco militantes en todo el país y doce en Ayacucho en 1970; hacia 1990 esa cifra había crecido a unos 2.700, en el momento de mayor extensión e intensidad del conflicto.
La cifra del horror es estremecedora. La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) estimó que el PCP-Sendero Luminoso fue responsable del 54% de las víctimas fatales reportadas, con una cifra total de 31.331 muertes atribuidas a la organización. En cifras globales del conflicto armado, distintas estimaciones señalan que la guerra dejó alrededor de 70.000 muertos entre 1980 y 2000, según otros cálculos. Según la propia Comisión de la Verdad, el 30% del total de muertos y desaparecidos fueron causados por agentes del Estado, lo que evidencia la magnitud de la violencia desde ambos extremos del conflicto.
Sendero Luminoso fue ampliamente condenado por organizaciones nacionales e internacionales por su excesiva brutalidad, que incluía violencia contra campesinos, dirigentes sindicales, autoridades elegidas popularmente, paros armados, ataques a infraestructura nacional y masacres de civiles, además de asesinatos de personal policial y militar. La organización seguía una doctrina propia, el «Pensamiento Gonzalo«, y la idea macabra de la «cuota de sangre»: la convicción de que el triunfo revolucionario exigía un sacrificio humano constante y calculado.
El terror llegó a su clímax en 1992, cuando los atentados se multiplicaron en la propia capital. María Elena Moyano, dirigente vecinal y símbolo de resistencia popular contra Sendero, fue asesinada el 15 de febrero de ese año. Meses después, el coche bomba en la calle Tarata, en el corazón de Miraflores, sembró el pánico en Lima entera. Según cálculos posteriores, la explosión de más de 50 vehículos bomba en ese período causó la muerte de aproximadamente 2.000 peruanos inocentes.

FUJIMORI LLEGA AL PODER: LA CAPTURA QUE CAMBIÓ LA HISTORIA
Fue en este escenario de devastación absoluta que un hijo de inmigrantes japoneses, ingeniero agrónomo desconocido para la política tradicional, llegó a la presidencia en 1990. Fujimori asumió la presidencia en uno de los momentos más oscuros de la historia peruana, cuando el país se encontraba sumido en una crisis de violencia política causada por grupos terroristas como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Su gobierno implementó una política de «mano dura», creando un grupo especial de inteligencia conocido como el GEIN, que desempeñó un rol crucial en la lucha contra el terrorismo. EYNG

El punto culminante llegó el 12 de septiembre de 1992. La captura del llamado «Presidente Gonzalo«, después de más de una década de fuga, permitió al gobierno de Fujimori afirmar la restauración de la normalidad y fortalecer la legitimidad del Estado. Guzmán fue capturado en Lima, en una operación a cargo del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) de la Dirección contra el Terrorismo de la Policía Nacional. Curiosamente, Alberto Fujimori se encontraba en Iquitos cuando se enteró de la noticia, participando en un programa de ayuda social en comunidades nativas de la Amazonía, y no alteró su agenda tras conocer el hecho. Infobae + 2
Este evento marcó el inicio del declive de la actividad terrorista en el país, devolviendo la seguridad a muchas regiones afectadas y reduciendo drásticamente la influencia del grupo. Para millones de peruanos que habían vivido bajo el terror de los coches bomba, los apagones, los paros armados y el miedo constante, Fujimori se convirtió en el hombre que les devolvió la paz.

Pero la historia tiene matices oscuros que hoy se siguen investigando. Una denuncia reciente, formulada en abril de 2026 por el teniente general en retiro Félix Murazzo Carrillo —quien integraba el equipo de inteligencia que perseguía a Guzmán— sostiene que Fujimori impidió una operación de captura contra Guzmán que estaba prevista para el 6 de diciembre de 1990, con el objetivo de justificar el autogolpe de Estado que ejecutaría después. Según Murazzo, «el gobierno de Fujimori había proyectado hacer un golpe de Estado a nombre de la lucha contra el terrorismo y si Abimael Guzmán hubiera sido capturado en 1990, ya no tendría argumentos para la asonada del 5 de abril de 1992. Por eso, Fujimori y Montesinos bloquearon la captura de Guzmán.» De haberse concretado esa captura casi dos años antes, según el oficial, se habría podido evitar el asesinato de María Elena Moyano, el atentado de Tarata, la matanza de La Cantuta, así como la explosión de más de 50 coches bomba y la muerte de 2.000 peruanos inocentes.

Es decir: el mismo hombre que later fue celebrado como el salvador que acabó con el terror, habría retrasado deliberadamente el fin de esa pesadilla para consolidar su propio poder absoluto. El régimen necesitaba sostener el escenario de amenaza terrorista para justificar la concentración de poder.
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EL PRECIO ALTO: AUTORITARISMO, CRÍMENES Y UNA CONDENA HISTÓRICA
Durante su mandato (1990–2000), el estilo de gobierno de Fujimori estuvo marcado por decisiones autoritarias, incluyendo el cierre del Congreso en 1992 (autogolpe) y la posterior convocatoria de una nueva Constitución, lo que le permitió concentrar mayor poder en su figura y provocó una profunda división en la opinión pública.

El costo humano de ese poder concentrado tuvo nombre propio: el Grupo Colina, escuadrón paramilitar vinculado a su gobierno, perpetró las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, crímenes por los cuales Fujimori sería finalmente condenado años después. Su pena fue de 25 años de prisión como autor mediato de los crímenes en Barrios Altos y La Cantuta, condena que debía culminar recién en 2032. Además enfrentó procesos por el caso Pativilca (asesinato de seis comuneros), por esterilizaciones forzadas masivas y por el caso Ventocilla, además de haber robado al Estado peruano y ejercido control irregular sobre las instituciones. Transparencia Internacional calculó en 2004 que durante su gobierno se malversaron 600 millones de dólares, colocándolo entre los diez presidentes más corruptos del mundo. Infobae + 2

En el año 2000, tras ser reelecto para un tercer mandato, los escándalos de corrupción y las revelaciones sobre su asesor Vladimiro Montesinos marcaron el fin de su carrera política. Fujimori abandonó Perú en noviembre de 2000 y se trasladó a Japón, donde renunció a la presidencia vía fax. A su regreso a Perú, tras ser extraditado desde Chile, el juicio se volvió histórico: duró 15 meses y polarizó al país. Fue el primer presidente elegido democráticamente que asistía a juicio por violación de derechos humanos.

El final de su vida estuvo marcado por la controversia hasta el último día. En 2017 recibió un indulto humanitario del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, que posteriormente se reveló como un canje de favores políticos para evitar la destitución de este último. Dicho indulto fue anulado por la justicia, pero restituido en 2023 por el Tribunal Constitucional, en desacato a una orden expresa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fujimori dejó la cárcel el 6 de diciembre de 2023, con una mascarilla, canas y una chaqueta oscura, abrazando a sus hijos Keiko y Kenji que lo esperaban a la salida del penal, con una cánula de oxígeno conectada a su nariz. Infobae + 2

Falleció el 11 de septiembre de 2024, a los 86 años, en su casa de Lima, tras una larga batalla contra el cáncer de lengua, según confirmó su hija Keiko Fujimori a través de la red social X. El legado quedó dividido para siempre entre dos memorias irreconciliables: la del hombre reconocido por haber acabado con el terrorismo y estabilizado la economía, y la del mandatario considerado uno de los más corruptos del mundo, sentenciado por crímenes de lesa humanidad. TelemundoInvestiga

KEIKO: LA NIÑA QUE CRECIÓ EN EL OJO DE LA TORMENTA
Es imposible entender a Keiko Fujimori sin entender el terremoto familiar y político en el que se formó. Sus padres, Alberto Fujimori y Susana Higuchi, contrajeron matrimonio en 1974. Higuchi tuvo con él cuatro hijos: Keiko, Hiro, Sachi y Kenji. Susana Higuchi denunció haber sido víctima de torturas, incluyendo electroshocks, por agentes del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), en un período oscuro de su vida que dejó secuelas físicas y psicológicas profundas. Finalmente, el matrimonio culminó en un divorcio oficial en 1994.
Fue en medio de ese quiebre familiar, marcado por acusaciones de violencia institucional contra su propia madre, que Keiko, con apenas 19 años, fue empujada al centro del poder. En medio de la separación de sus padres, Keiko regresó a Perú y se convirtió, en agosto de 1994, en la primera dama del país, acompañando a su padre en actos protocolares. El divorcio de sus padres dejó un vacío que Keiko comenzó a llenar de manera informal, acompañando a su padre en actos de Estado, viajes al exterior y visitas a zonas afectadas por el conflicto armado con Sendero Luminoso.
Esta circunstancia la convirtió en una figura única en la historia política del continente: una de las primeras damas más jóvenes de la historia americana, criada no en la protección de una infancia normal sino en el epicentro de un Estado en guerra contra el terrorismo, bajo la sombra protectora —y también la exposición pública extrema— de un padre que era, simultáneamente, idolatrado como salvador y señalado como autoritario. Su debut internacional se produjo a lo grande, con motivo de la Cumbre de las Américas en Miami en diciembre de 1994, donde participó en las actividades protocolarias programadas para las primeras damas, codeándose como igual con mujeres que podían ser sus madres o abuelas.
Aquella adolescencia y juventud atravesada por el poder, la violencia política de fondo y la ruptura familiar forjaron en Keiko una resiliencia que se convertiría en su principal activo político décadas después. Tras graduarse de la escuela secundaria en Perú, se mudó a Estados Unidos a estudiar administración de empresas, primero en la Universidad de Stony Brook, y concluyó sus estudios empresariales en la Universidad de Boston en 1997, cuando sus padres ya estaban divorciados y su padre se encontraba en el cenit de su popularidad, en el tercer año de su segundo mandato.
El peso de ser hija del hombre amado y odiado. Cuando su padre cayó en desgracia y enfrentó extradición, juicio y prisión, Keiko no se distanció: se convirtió en su principal defensora pública y heredera política. Su elección al Congreso en 2006, con más de 600.000 votos preferenciales, fue el mayor registro individual en la historia del Congreso peruano hasta ese momento, una demostración de que el apellido Fujimori, lejos de hundirla, le daba una base electoral sólida e inquebrantable. En 2010 fundó Fuerza Popular, partido con el que buscó preservar el legado de su padre, especialmente en lo referido a la lucha contra el terrorismo y la estabilidad económica.

Esa lealtad filial tuvo, sin embargo, un costo personal severo: ella misma terminó procesada y encarcelada bajo cargos similares a los que enfrentó su padre. Mientras Alberto Fujimori volvía a prisión en 2018, su hija mayor y heredera política, Keiko, también estuvo detenida en una cárcel de mujeres por 18 meses, investigada por lavado de activos por presuntos vínculos con la empresa brasileña Odebrecht. El mismo Estado que había encarcelado al padre, encarceló después a la hija, en un ciclo de persecución judicial —real en algunos aspectos, politizada en otros, según se mire— que terminó por convertirse en la marca distintiva de la familia Fujimori en la política peruana del siglo XXI.

AHORA, LA HIJA QUE PRESIDE EL PAÍS QUE VIO NACER A SU PADRE COMO HÉROE Y CAER COMO CONDENADO
Tres décadas después de aquella tarde de agosto de 1994 en que una joven de 19 años asumió el protocolo de Estado en medio del divorcio de sus padres, Keiko Fujimori se encamina a ocupar el sillón presidencial que su padre ocupó entre 1990 y 2000. En 2026 logró su cuarta segunda vuelta, un hecho sin precedentes en la democracia latinoamericana reciente, y se perfila como la primera mujer en ganar un balotaje en la historia peruana.

¿Qué hará Keiko Fujimori al frente del país? Su campaña ofrece pistas claras de continuidad ideológica con el legado paterno. La campaña de Keiko Fujimori se centró principalmente en la seguridad y el orden, exactamente el mismo eje discursivo que catapultó a su padre al poder en 1990 frente al caos de Sendero Luminoso, aunque ahora aplicado a las nuevas amenazas que enfrenta el Perú contemporáneo: la criminalidad organizada, las extorsiones, la minería ilegal y la inseguridad ciudadana que azota Lima y las principales ciudades del país.
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Su trayectoria sugiere una gestión que buscará reivindicar públicamente la memoria de su padre —probablemente impulsando narrativas oficiales sobre la pacificación de los años noventa— mientras intenta, al mismo tiempo, despegarse de los señalamientos de autoritarismo y corrupción que marcaron aquel período. El gran interrogante es si logrará gobernar con la legitimidad necesaria, dada la estrechísima diferencia de votos con su rival Roberto Sánchez, y si su gobierno repetirá los patrones de concentración de poder y conflicto con otros poderes del Estado que caracterizaron a su padre, o si construirá un estilo propio, más institucional y menos confrontacional.
Lo que es innegable es el peso simbólico del momento: la hija de uno de los presidentes más controvertidos de la historia latinoamericana —el hombre que acabó con el terror de Sendero Luminoso pero que también instauró un régimen autoritario que terminó en condena por crímenes de lesa humanidad— se convierte en la primera mujer en presidir constitucionalmente la República del Perú. Una historia que cierra un círculo de tres décadas: del horror del terrorismo, a la «salvación» autoritaria, a la condena judicial, y finalmente, a la herencia democrática de una hija que vivió cada capítulo de esa historia desde dentro de la propia Casa de Pizarro.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
GILSON DANTAS CARMINI
Gilson Dantas Carmini es periodista brasileño, presidente y editor en jefe de Prensa Mercosur. Especializado en integración regional, geopolítica y derechos humanos, desarrolla una destacada labor en el ámbito de la comunicación internacional.
Posee un Máster en Desarrollo y Cooperación Internacional y mantiene una amplia red de relaciones profesionales, académicas y diplomáticas en América Latina y Asia.
Entre sus reconocimientos destacan el Micrófono de Oro de la Asociación Nacional de Locutores de México (2021), el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Internacional México Blanco (2020) y el título de Amigo de la Niñez y la Adolescencia.
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