El valor de la presunción de inocencia en tiempos de #YoTeCreoColega por Ximena Martínez León

El periodismo colombiano atraviesa una sacudida. Desde marzo de 2026 una ola de denuncias agrupadas bajo #YoTeCreoColega y #MeTooColombia puso sobre la mesa un problema estructural: acoso y abusos en redacciones donde el poder jerárquico silencia. En ese contexto apareció la denuncia más reciente contra el periodista y presentador Rafael Poveda, presentada ante la Fiscalía el 30 de julio y hecha pública por el colectivo ‘Yo te creo colega’.

Aquí no se trata de elegir bandos. Se trata de defender dos principios que hoy parecen enfrentados: el derecho de las víctimas a ser escuchadas y el derecho de toda persona a la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Renunciar a uno para defender el otro nos deja sin justicia.

Según la denuncia, los hechos habrían ocurrido en 2019. La denunciante, Sofía Vela, de 29 años y trabajadora de Canal Capital, relató que asistió a un curso de periodismo de la productora de Poveda. En la clausura, el periodista la invitó a tomar un café y luego a su casa, donde presuntamente se cometió un acto sexual violento. Vela afirma que el episodio le generó depresión, ansiedad y estrés postraumático. La denuncia está respaldada por el testimonio de otra mujer que trabajó con Poveda y describió un patrón de acoso: acercamientos en la oficina y tocamientos mientras hablaban de trabajo. Hasta ahora, EFE intentó contactar a Poveda y no obtuvo respuesta. La Fiscalía ya recibió la denuncia. Es el único escenario donde estos hechos deben probarse o descartarse, con pruebas, debido proceso y sin revictimización.

En casos de violencia sexual hay una urgencia legítima: romper el silencio. Durante años el miedo a represalias y a perder oportunidades hizo que muchas periodistas callaran. Los colectivos tienen razón al decir “el silencio no es consentimiento, es una estrategia de supervivencia”. Pero esa urgencia no puede convertir la denuncia pública en condena automática. La presunción de inocencia no protege al culpable. Protege a todos de un linchamiento mediático que después no se puede reparar.

Son hechos de hace 6 años. La memoria, la falta de testigos directos y la diferencia entre “acoso” y “acto sexual violento” exigen investigación judicial, no sentencia en redes. Además, el 79,3% de las víctimas señala a superiores jerárquicos. Eso explica por qué muchas callan, pero también obliga a que las instituciones investiguen con enfoque de género y garantías. Caracol ya terminó contratos de dos presentadores sin “juicio de valor sobre los hechos”. Si los medios anticipan castigos, el proceso judicial queda cojeando.

Este caso revela tres fallas. Primero, redacciones sin protocolos reales. Por años se normalizaron comentarios sobre el cuerpo y los tocamientos. Solo cuando estalló en público las empresas activaron protocolos. Segundo, el debate se polariza. O “les creemos a todas” sin preguntar, o “es una cacería de brujas”. Ambas posturas borran matices. Creerle a la víctima significa investigar con seriedad. Presumir inocencia significa no condenar antes de esa investigación. Tercero, usar el pasado para juzgar el presente. Poveda tiene una trayectoria marcada por amenazas de Farc en 2002 y por cubrir conflicto. Eso no lo exonera ni lo condena. Mezclar su trabajo de riesgo con la denuncia actual solo confunde.

La Fiscalía habilitó [email protected] para canalizar casos con enfoque de género y evitar revictimización. Es ahí donde debe estar el peso. Mientras tanto, nos quedan tres compromisos: escuchar sin prejuzgar y dar espacio a las víctimas, pero sin convertir el testimonio en veredicto; exigir debido proceso, que la investigación sea rápida, reservada y con acompañamiento; y reformar las redacciones. El problema no es solo de normas. Es de cultura laboral. Mientras un jefe pueda cruzar límites y no pase nada, seguiremos contando casos.

Defender a Sofía Vela y a la segunda denunciante no riñe con defender la presunción de inocencia de Rafael Poveda. Al contrario: si queremos justicia creíble, necesitamos ambas cosas. Si la denuncia es cierta, que haya sanción ejemplar. Si no lo es, que también se diga, para que la próxima víctima no cargue con la duda.

El periodismo que exige cuentas al poder no puede pedir privilegios para sí mismo. Y una democracia que pide verdad no puede sacrificar el derecho a defenderse en el altar de la indignación.