En los últimos días de junio de 2026, el Mercosur ha puesto sobre la mesa una discusión urgente sobre la interseccionalidad en la protección de los derechos de los migrantes. Reconociendo que los flujos migratorios actuales en la región presentan perfiles cada vez más complejos, los países miembros están trabajando en una articulación de políticas que garantice derechos básicos como la salud, la educación y el empleo, eliminando las barreras burocráticas que a menudo dejan a las personas migrantes en una situación de total indefensión. Esta iniciativa busca superar los vacíos legales que ocurren cuando la migración se trata de forma aislada, sin considerar cómo factores como la edad, la orientación sexual o la discapacidad multiplican la vulnerabilidad de las personas que se desplazan buscando una vida mejor en los países del bloque.
La propuesta central es la creación de un sistema de protección integral para familias migrantes, con un enfoque especial en niños, niñas y adolescentes. Los Estados del bloque han presentado ante instancias regionales solicitudes para mejorar la coordinación de sus políticas migratorias con el sistema de protección a la infancia. El objetivo es que los menores que ingresan al territorio, independientemente de su estatus migratorio, tengan garantizado el acceso a una protección efectiva que no los criminalice ni los separe de sus familias. Este enfoque basado en el interés superior del niño es fundamental para asegurar que la integración regional sea un proceso humanitario que respete los estándares internacionales de derechos humanos y promueva la cohesión social.
Además, los países del bloque han intensificado la cooperación en la lucha contra la discriminación, el racismo y la xenofobia, fenómenos que lamentablemente han mostrado signos de repunte en algunos centros urbanos. Se están lanzando campañas de comunicación regional y programas de mediación comunitaria destinados a promover la convivencia pacífica entre las comunidades locales y los nuevos residentes. La idea es que el Mercosur sea un espacio de libre circulación real, donde la movilidad no sea solo económica, sino también social, permitiendo que todas las personas, sin importar su origen, puedan integrarse plenamente en el tejido social y contribuir al desarrollo común con sus capacidades y talentos.
Un componente innovador en estas políticas es la inclusión de la perspectiva de género y la protección de la población LGBTI+ en los procesos migratorios. Las autoridades han reconocido que las personas migrantes que pertenecen a estos colectivos enfrentan formas específicas de violencia y exclusión que requieren atención especializada por parte de las instituciones estatales. Al incorporar estos enfoques en la capacitación de los funcionarios de fronteras y de los servicios de asistencia, el Mercosur está dando pasos concretos hacia un modelo de integración que es verdaderamente inclusivo. La equidad como eje de la política migratoria es la piedra angular que permite que el derecho a la movilidad sea una herramienta de libertad y no una fuente de sufrimiento.
El papel de los gobiernos locales es, una vez más, determinante. Las ciudades y municipios, que son el primer punto de llegada y acogida de las personas migrantes, están recibiendo apoyo técnico del IPPDH para adaptar sus servicios públicos a una población cada vez más diversa. Esta descentralización de la política migratoria es esencial para brindar respuestas rápidas y efectivas a necesidades cotidianas como la obtención de documentos, la inscripción escolar o la atención primaria de salud. Al fortalecer la capacidad de respuesta municipal, el bloque está asegurando que el derecho a migrar se traduzca en una experiencia digna y respetuosa de la dignidad humana en cada rincón del territorio, transformando las ciudades en espacios de acogida y no de exclusión.
En conclusión, este esfuerzo coordinado refleja una madurez política sin precedentes en la gestión de la migración dentro del Mercosur. Los países miembros han entendido que, en un mundo globalizado, la migración es una realidad estructural que debe ser gestionada bajo los principios de solidaridad y derechos humanos. Si el bloque logra implementar esta visión de manera consistente, no solo estará protegiendo a los migrantes, sino que estará fortaleciendo su propia democracia y reafirmando su vocación integracionista. La capacidad de ofrecer una respuesta humana y organizada a quienes llegan buscando mejores oportunidades será, sin duda, una de las mayores pruebas de fuego para la gobernanza regional en los años venideros.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
GILSON DANTAS CARMINI
Gilson Dantas Carmini es periodista brasileño, presidente y editor en jefe de Prensa Mercosur. Especializado en integración regional, geopolítica y derechos humanos, desarrolla una destacada labor en el ámbito de la comunicación internacional.
Posee un Máster en Desarrollo y Cooperación Internacional y mantiene una amplia red de relaciones profesionales, académicas y diplomáticas en América Latina y Asia.
Entre sus reconocimientos destacan el Micrófono de Oro de la Asociación Nacional de Locutores de México (2021), el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Internacional México Blanco (2020) y el título de Amigo de la Niñez y la Adolescencia.
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