La propuesta del candidato presidencial Abelardo de la Espriella de eliminar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrió un nuevo frente de confrontación en el debate político colombiano. Esta vez, la respuesta llegó desde la máxima instancia del tribunal creado tras el Acuerdo de Paz de 2016.
El presidente de la JEP, el magistrado Alejandro Ramelli, rechazó los cuestionamientos lanzados contra la jurisdicción y defendió el papel que ha desempeñado en el esclarecimiento de algunos de los episodios más graves del conflicto armado. Al mismo tiempo, advirtió que cualquier intento de desmontar la institución tendría profundas repercusiones para las víctimas, para los compromisos adquiridos por el Estado colombiano y para la imagen internacional del país.
Las declaraciones se producen en medio de una campaña presidencial marcada por la polarización. De la Espriella ha convertido a la JEP en uno de los principales objetivos de su discurso político, calificándola en repetidas ocasiones como una “farsa” y prometiendo promover su eliminación en caso de llegar a la Presidencia de la República.
La propuesta ha generado preocupación entre organizaciones de víctimas, defensores de derechos humanos, académicos y sectores vinculados al proceso de paz, que consideran que la discusión trasciende el terreno ideológico y podría afectar los derechos de cientos de miles de personas que buscan verdad, justicia y reparación.
Frente a esas críticas, Ramelli defendió el trabajo desarrollado por la jurisdicción y pidió que el debate público se sustente en argumentos y hechos verificables. “No buscamos unanimidad ni buscamos un comité de aplausos. Buscamos justicia”, afirmó el magistrado, al insistir en que las diferencias políticas no deben derivar en descalificaciones que desconozcan los avances alcanzados por el sistema de justicia transicional.
“El debate debe darse con altura y no con descalificaciones baratas”, añadió.
El presidente de la JEP recordó que la jurisdicción no depende de la voluntad de un gobierno de turno. Explicó que su existencia está respaldada por el Acuerdo de Paz, por decisiones del Congreso de la República y por el control constitucional ejercido por las altas cortes, lo que convierte cualquier intento de eliminación en un proceso jurídicamente complejo y políticamente controvertido.
Ramelli subrayó además que cerca de 400.000 víctimas participan actualmente en procesos relacionados con desapariciones forzadas, secuestros, reclutamiento de menores, masacres y ejecuciones extrajudiciales. A su juicio, la desaparición de la jurisdicción afectaría directamente el acceso de estas personas a la verdad sobre los hechos que marcaron décadas de conflicto armado.
El magistrado también destacó que la JEP ha impulsado espacios inéditos de reconocimiento de responsabilidades y encuentros entre víctimas y responsables de graves violaciones a los derechos humanos, avances que, según afirmó, han contribuido a la reconciliación nacional.
Durante los últimos años, la jurisdicción ha emitido decisiones clave en casos relacionados con los secuestros cometidos por las antiguas FARC y los llamados falsos positivos, considerados uno de los capítulos más dolorosos de la violencia en Colombia.
Ramelli advirtió igualmente sobre las implicaciones internacionales que podría tener una eventual eliminación del tribunal. Según explicó, Colombia mantiene compromisos ante organismos internacionales en materia de justicia y derechos humanos, por lo que cualquier retroceso en los mecanismos de investigación y juzgamiento podría reabrir el interés de instancias internacionales en casos relacionados con crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
A las críticas contra la propuesta de De la Espriella también se sumó el candidato presidencial Iván Cepeda, quien sostuvo que desmontar la JEP significaría privar a millones de víctimas de una de las principales herramientas creadas para conocer la verdad y obtener reparación.
La controversia emerge en un momento decisivo para el futuro político del país. Mientras algunos sectores plantean revisar o desmontar instituciones surgidas del Acuerdo de Paz, otros defienden la necesidad de fortalecer los mecanismos de verdad, justicia y reparación como garantía para evitar la repetición de la violencia. En el centro de la discusión permanece una pregunta que divide al país: qué ocurriría con las víctimas y con el esclarecimiento del conflicto si desaparece la principal jurisdicción creada para juzgar sus crímenes.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
CARLOS CASTAñEDA
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