El presidente de Bolivia promulgó este lunes una norma que regula el estado de excepción y que fue aprobada por la Asamblea Legislativa en medio de la crisis. Su puesta en vigencia no implica que la activación de la medida.
El presidente Rodrigo Paz promulgó este lunes la Ley de Regulación de Estados de Excepción a través de la cual se regula la aplicación de un régimen extraordinario y temporal que puede ser implementado en casos de amenaza externa, conmoción interna y desastre natural.
“Promulgo esta norma porque está bajo la lógica de defender a las grandes mayorías de aquellos que nos quieren atacar e irrumpir este proceso democrático”, manifestó el presidente al firmar la norma y acusó al “narco terrorismo” de provocar las protestas sociales.
Aunque el mandatario afirmó que “el diálogo es lo principal” para resolver las disputas internas, dio un mensaje a las Fuerzas Armadas: “Ustedes tienen la responsabilidad de cuidar nuestro futuro, actuar con firmeza y profesionalismo, respetando derechos humanos y nuestra Constitución (…) la patria confía en su misión histórica”.
La puesta en vigencia de esta ley se produce cuando el país cumple 33 días de bloqueos de carreteras masivos que han paralizado gran parte del país. Con la norma promulgada, el presidente puede dictar estado de excepción hasta por 90 días, con aval del Legislativo y la posibilidad de ampliar su duración.
La norma fue aprobada de manera expedita en el Senado y en la Cámara de Diputados, donde fue sancionada la madrugada del domingo tras una sesión que se prolongó por más de diez horas.
Aunque la ley finalmente fue aprobada por mayoría de votos, hubo un intenso debate entre los parlamentarios. Por un lado, se expresó la urgencia de poner orden en el país tras más de un mes de bloqueos, pero por otro hubo cuestionamientos sobre la forma de aplicación.
La controversia mayor giró en torno a un artículo que presume la legalidad de las actuaciones de las fuerzas del orden durante la vigencia de un estado de excepción. Algunos parlamentarios señalaron que la medida podría derivar en un exceso de abusos y vulneraciones de derechos humanos.
Bolivia lleva más de un mes de protestas sociales y bloqueos que iniciaron en la región andina del país y se extendieron a seis de nueve departamentos.
Las manifestaciones iniciaron con reclamos sindicales de aumento salarial y en rechazo contra la calidad del combustible y algunas reformas planteadas por el gobierno. Sin embargo, de manera progresiva, los sectores movilizados se unieron para pedir la renuncia del presidente y han radicalizado las medidas de presión.
Este lunes, la Administradora Boliviana de Carreteras reporta 84 piquetes en todo el país, lo que ha provocado desabastecimiento de alimentos, combustible y medicamentos principalmente en las ciudades de La Paz y El Alto, las más afectadas por los bloqueos, y el encarecimiento de productos básicos.
Los medios locales reportan también la interrupción de algunos servicios médicos por la escasez de oxígeno medicinal, la suspensión de las clases escolares presenciales e irregularidades en el flujo del transporte público y el recojo de basura.
Esta situación, que parece insostenible para la población afectada, se suma a las pérdidas económicas de sectores estratégicos como el transporte y la industria.
En ese contexto, actores políticos, económicos y organizaciones civiles han subido la presión al Gobierno para poner fin a las medidas de presión por el enorme costo social y económico que conllevan.
Aunque el Estado puede recurrir a las fuerzas del orden para desbloquear los caminos, en el curso de este conflicto apostó por realizar convocatorias al diálogo que no se concretaron y habilitar “corredores humanitarios” temporales para permitir el paso de alimentos y otros productos.
Sin señales claras de cuál es la estrategia para resolver el conflicto, el presidente tiene una nueva herramienta en las manos. El estado de excepción puede ser aplicado a partir de ahora en cualquier momento, a través de un decreto supremo que debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa en un plazo de 72 horas.
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