Desde que el acuerdo Mercosur-UE entró en vigor el 1.º de mayo, hay una voz que se ha alzado con creciente fuerza en los pasillos de la Comisión Europea, en los parlamentos latinoamericanos y en las redes sociales de los cuatro países del bloque: la de las organizaciones ambientalistas, los pueblos indígenas y los activistas de derechos territoriales que advierten que el tratado puede generar consecuencias ambientales negativas que sus proyecciones macroeconómicas positivas no reflejan adecuadamente. Organizaciones indígenas advierten sobre la falta de consulta con los pueblos originarios potencialmente afectados y diversos estudios señalan problemas asociados con el aumento de la deforestación, la minería y el uso de agroquímicos y pesticidas. Estas advertencias no son nuevas: fueron planteadas durante todas las fases de negociación del acuerdo y quedaron parcialmente recogidas en las cláusulas ambientales del texto. Pero la entrada en vigor provisional del 1.º de mayo convirtió una preocupación teórica en una urgencia operativa: ahora que el acuerdo produce efectos reales, sus consecuencias ambientales también se vuelven reales y medibles. Prensa Mercosur
Mientras algunos expertos destacan los riesgos ambientales, otros consideran que el acuerdo puede mejorar la gobernanza y fomentar la cooperación internacional. Algunos estudios señalan que el impacto en la expansión agrícola podría ser limitado y que el tratado puede servir como plataforma para impulsar estándares ambientales más altos en los países del Mercosur. Esta tensión entre posiciones —las que ven en el acuerdo un incentivo para la expansión agrícola deforestatoria y las que lo ven como una herramienta de mejora de gobernanza ambiental— refleja genuinamente la ambigüedad que el tratado contiene: puede servir para ambos propósitos simultáneamente, y el resultado final dependerá en gran medida de cómo se implemente, con qué rigor se apliquen las cláusulas ambientales y qué tan efectivo resulte el Reglamento Europeo de Deforestación para certificar el origen sostenible de los productos. Las organizaciones ecologistas ponen el foco en el impacto ambiental. Aunque el texto incorpora cláusulas vinculadas al Acuerdo de París y mecanismos de suspensión en caso de incumplimientos climáticos, ONG internacionales dudan de su aplicación efectiva. «Sin controles estrictos, el acuerdo puede acelerar la deforestación en la Amazonia y el Gran Chaco», advierten expertos en sostenibilidad y comercio internacional. Prensa MercosurVOZ DE LIBERTAD
El Gran Chaco merece una atención especial en este debate porque es el bioma que aparece con menor frecuencia en los análisis ambientales del acuerdo, a pesar de ser uno de los más amenazados por la expansión de la frontera agrícola en Paraguay y el norte de Argentina. La Evaluación del Impacto sobre la Sostenibilidad realizada por la London School of Economics para la Comisión Europea calcula que el acuerdo provocaría un aumento global de metano y óxido nitroso, así como un aumento de las emisiones de CO2 en la UE, Brasil y Argentina, y un «aumento moderado general» de las emisiones de GEI en otros países del Mercosur. Que la propia evaluación de impacto encargada por la Comisión Europea proyecte un aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero es una admisión de consecuencias ambientales negativas que el texto del acuerdo no refleja con la claridad que debería. Greenpeace España señaló que esa misma evaluación «no tuvo en cuenta los efectos del transporte sobre los GEI, ni los cambios en el uso del suelo y las emisiones derivadas de la deforestación, a pesar de su importancia para los recortes arancelarios y las cuotas agrícolas», lo que sugiere que las proyecciones de impacto ambiental del acuerdo subestiman sistemáticamente los riesgos reales. Yoteaviseush
La posición de los pueblos indígenas es quizás la más políticamente incómoda de todas las voces críticas al acuerdo, porque desafía directamente la narrativa de que el tratado es un instrumento de desarrollo sostenible. Las organizaciones indígenas advierten sobre la falta de consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios cuyos territorios podrían verse afectados por la expansión de la frontera agrícola incentivada por el aumento de las exportaciones hacia Europa. El derecho a la consulta previa está reconocido en el Convenio 169 de la OIT —que todos los países del Mercosul han ratificado— y en la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Si el aumento de las exportaciones agropecuarias hacia Europa genera presión sobre los territorios indígenas sin que esos pueblos hayan sido consultados sobre las implicaciones del acuerdo para sus tierras y sus modos de vida, se estará produciendo una violación de derechos que ningún beneficio económico puede compensar. Prensa Mercosur
La Unión Europea está comprometida a apoyar con 1.800 millones de euros la transición ecológica y digital justa en los países del Mercosur, como parte de la política Global Gateway. Este compromiso de financiamiento verde, si se implementa de manera efectiva y con participación real de las comunidades indígenas y locales, puede convertirse en la respuesta más concreta a las preocupaciones ambientales: usar los recursos europeos para transformar el modelo productivo del Mercosul hacia uno más sostenible, reduciendo los incentivos a la deforestación y creando cadenas de valor que generen riqueza sin destruir los ecosistemas que son, en última instancia, la base de toda la productividad agrícola del bloque.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
GILSON DANTAS CARMINI
Gilson Dantas Carmini es periodista brasileño, presidente y editor en jefe de Prensa Mercosur. Especializado en integración regional, geopolítica y derechos humanos, desarrolla una destacada labor en el ámbito de la comunicación internacional.
Posee un Máster en Desarrollo y Cooperación Internacional y mantiene una amplia red de relaciones profesionales, académicas y diplomáticas en América Latina y Asia.
Entre sus reconocimientos destacan el Micrófono de Oro de la Asociación Nacional de Locutores de México (2021), el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Internacional México Blanco (2020) y el título de Amigo de la Niñez y la Adolescencia.
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