Magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Camargo
El magistrado de la Corte Constitucional Carlos Camargo Assis quedó en el centro de una creciente controversia jurídica y política tras reconocer que posee predios en Lorica, Córdoba, que podrían verse directamente afectados por el decreto legislativo 174 de 2026, una norma impulsada por el Gobierno para declarar de utilidad pública terrenos baldíos destinados a procesos de recuperación ambiental.
La polémica escaló luego de que la propia Corte Constitucional rechazara el impedimento presentado por Camargo, decisión que le permitirá conservar su voto en el debate que definirá el futuro de terrenos vinculados no solo al magistrado, sino también a integrantes de su familia.
Desde la Casa de Nariño, el secretario jurídico de la Presidencia, Augusto Ocampo Camacho, aseguró que Camargo tendría al menos tres predios ubicados entre Córdoba y Sucre, además de propiedades relacionadas con familiares en la misma región. Según explicó, la discusión adquiere una dimensión especialmente delicada debido a que el decreto busca recuperar áreas consideradas estratégicas para la protección ambiental y el restablecimiento de ecosistemas degradados.
Las acusaciones más fuertes provinieron del gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, quien afirmó públicamente que Camargo y miembros de su familia habrían acumulado baldíos de la Nación durante años, en un proceso que, según denunció, terminó afectando a campesinos y ecosistemas del río Sinú.
En medio de la controversia, la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, defendió el alcance del decreto y aseguró que la medida busca recuperar la Ciénaga Grande del bajo Sinú, una de las zonas ambientales más sensibles del Caribe colombiano. La funcionaria explicó que el objetivo central es restablecer el flujo natural del agua y recuperar territorios que históricamente habrían sido ocupados de manera irregular.
La decisión de la Corte de mantener a Camargo dentro de la votación provocó cuestionamientos en distintos sectores políticos y jurídicos, que advierten sobre un posible conflicto de intereses en una de las discusiones más sensibles para el Gobierno y para cientos de familias campesinas de la región.
El caso ahora pone bajo presión a la Corte Constitucional, mientras crece el debate sobre la transparencia, la independencia judicial y el alcance de las decisiones relacionadas con la propiedad de la tierra en Colombia.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
REDACCIóN COLOMBIA
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