Arquitectos uruguayos exigen estudios integrales para la obra del Palacio Legislativo

La gremial profesional señaló vacíos técnicos en el proyecto de la vicepresidenta y reclamó una discusión transparente que trascienda el impacto político.

La Asociación Profesional de Arquitectos, Diseñadores y Urbanistas del Uruguay (APADUU) emitió un duro comunicado en el que cuestiona la solidez técnica del proyecto de remodelación del entorno del Palacio Legislativo impulsado por la vicepresidenta Carolina Cosse. La entidad alertó que la ambiciosa iniciativa, que incluye un nuevo edificio anexo y un cambio radical en la movilidad de la zona, carece de estudios integrales que avalen su pertinencia y urgencia, lo que reaviva el debate sobre los costos y las prioridades de inversión en la capital.

El proyecto, presentado en el marco de los 100 años del Palacio Legislativo, propone una “intervención urbana integral” que busca transformar la relación del histórico edificio con la ciudad. En concreto, plantea la construcción de un edificio polifuncional de aproximadamente 2.600 metros cuadrados en un predio aledaño —donde actualmente hay un helipuerto en desuso—, que albergaría oficinas administrativas, un centro CAIF, un hogar estudiantil, una biblioteca y hasta una plaza pública en su azotea. A ello se suma la reconfiguración de la circunvalación de la Avenida de las Leyes, eliminando uno de los anillos de tránsito vehicular para ganar 15.000 metros cuadrados de áreas verdes y transformar un tramo de la Avenida General Flores en una calle semipeatonal.

Sin embargo, la APADUU puso el foco en la falta de sustento técnico de una reforma de tal magnitud. Mediante su comunicado, la asociación advirtió que la propuesta no cuenta con “estudios técnicos públicos de análisis de movilidad, impacto urbano y funcionamiento metropolitano”. En la misma línea, señaló la ausencia de información detallada sobre “criterios patrimoniales, escala de intervención, inserción arquitectónica y la relación formal entre los nuevos volúmenes y el edificio histórico existente”. Para los profesionales, la falta de esta documentación hace que el proyecto parezca más una decisión basada en el “impacto simbólico o político” que en una necesidad urbana real y planificada.

La preocupación económica también es central en la crítica. La nota señala el hermetismo en torno a los “costos de mantenimiento y sostenibilidad operativa”, lo que impide evaluar si este gasto está justificado en un contexto de “otras necesidades urbanas urgentes de Montevideo”. Este punto es especialmente sensible, ya que se enmarca en la polémica por la financiación del proyecto. Si bien la vicepresidenta Cosse ha dicho que se hará “con el menor costo posible” y utilizando un ahorro de 30 millones de dólares que el Parlamento resignó de su presupuesto anterior, las estimaciones sobre la inversión necesaria ya generan ruido. Según informó El País, fuentes políticas calculan que el costo de las obras “no bajaría presupuestalmente de los US$ 15 millones, o sea, un 50% más de lo que hipotéticamente tenemos”.

Frente a este panorama, la voz de los arquitectos se divide. Mientras la APADUU critica la falta de planificación, la Sociedad de Arquitectos del Uruguay (SAU), que está convocada para asesorar en los concursos públicos del proyecto, tiene una visión más favorable. Su presidente, Alberto Leira, defendió la iniciativa al señalar que la inversión “no es plata que estamos malgastando” y valoró positivamente que se priorice al peatón sobre el automóvil y se incorporen servicios sociales como un CAIF que ayudará a reducir la lista de espera de 230 niños en la zona.

El cruce entre ambas posturas profesionales añade una nueva capa a un proyecto que ya es de por sí polémico. La oposición política reaccionó con inusitada dureza desde el primer momento; el Partido Colorado llegó a afirmar que los impulsores de la idea “parecen vivir en Narnia y no en Uruguay”, mientras que el ministro de Economía, Gabriel Oddone, ya había manifestado su escepticismo sobre la oportunidad de la inversión. En el oficialismo, en tanto, prima la cautela y el pedido de “bajar los decibeles” mientras la Comisión Administrativa del Poder Legislativo, con mayoría del Frente Amplio, define los próximos pasos.

En definitiva, el debate sobre el futuro del Palacio Legislativo trasciende lo meramente arquitectónico. El cruce entre la APADUU y la SAU deja en evidencia que la disputa por el proyecto es, en realidad, una discusión sobre el modelo de ciudad, entre una intervención planificada con rigor técnico y la urgencia política por dejar una huella simbólica en el centenario del emblemático edificio. Lo que está en juego no es solo la “legibilidad urbana” y la “experiencia peatonal” que menciona la APADUU, sino la capacidad del sistema político para construir los grandes consensos que una obra de esta envergadura exige.

Redacción

Fuente de esta noticia: https://www.xn--lamaana-7za.uy/actualidad/arquitectos-uruguayos-exigen-estudios-integrales-para-la-obra-del-palacio-legislativo/

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