
Iván Cepeda Castro, Candidato Presidencial de Colombia
Durante años, las campañas presidenciales en Colombia han estado dominadas por promesas de crecimiento económico, generación masiva de empleo, aumento de exportaciones y estabilidad de precios. Sin embargo, detrás de esos discursos suele esconderse una realidad menos espectacular: gran parte de esas variables dependen de factores internacionales, ciclos financieros, decisiones empresariales y condiciones estructurales que ningún presidente controla plenamente. Por eso, más que fijarse en metas abstractas de crecimiento, la verdadera lectura de un proyecto económico está en aquello donde sí existe margen de maniobra estatal: impuestos, gasto público, inversión, regulación y orientación del aparato productivo. Y es justamente allí donde Iván Cepeda está construyendo su apuesta.
Lejos de presentar un programa tecnocrático cargado de cifras sobre PIB o metas fiscales rígidas, el dirigente del Pacto Histórico ha comenzado a perfilar una propuesta económica con una ambición más política que contable: consolidar y profundizar el modelo social iniciado por el gobierno de Gustavo Petro, pero intentando corregir sus tensiones, reducir la incertidumbre económica y darle una base productiva más estable al país. El concepto alrededor del cual gira toda su visión es el de un “capitalismo productivo”, una fórmula con la que busca marcar distancia tanto del libre mercado ortodoxo como de cualquier idea de estatización radical.
La apuesta parte de una premisa clara: Colombia no enfrenta únicamente un problema de falta de impuestos, sino un Estado incapaz de recaudar de manera eficiente y transparente. Cepeda sostiene que la evasión fiscal y la corrupción representan un agujero multimillonario que desangra las finanzas públicas y limita la capacidad de inversión social. Desde esa lectura, el problema no es solo cuánto recauda el Estado, sino cómo administra los recursos y quién termina beneficiándose de ellos.
Por eso, su propuesta combina una fiscalidad progresiva con una ofensiva contra la evasión y la llamada “macrocorrupción”. El objetivo es aumentar la capacidad financiera del Estado sin trasladar toda la carga tributaria a las clases medias y populares. En su discurso económico aparece con frecuencia una idea que busca enviar tranquilidad a los mercados: no pretende desmontar la empresa privada ni avanzar hacia una economía centralizada. De hecho, ha insistido en la necesidad de ofrecer estabilidad jurídica, reglas claras y garantías para la inversión extranjera, incluso planteando contratos de estabilidad para inversionistas internacionales.
La crítica de Cepeda no apunta contra el sector privado como actor económico, sino contra lo que considera un modelo excesivamente dependiente de la renta financiera, el extractivismo y los hidrocarburos. Su visión intenta reorientar la economía hacia actividades productivas con mayor impacto territorial y capacidad de generación de empleo, especialmente en regiones históricamente excluidas del desarrollo.
Uno de los pilares más visibles de su propuesta es la llamada “austeridad republicana”, una expresión con la que busca diferenciarse tanto del despilfarro burocrático tradicional como de las políticas de ajuste que reducen la inversión social. La lógica es simple: el recorte debe caer sobre privilegios, corrupción y clientelismo, no sobre salud, educación o programas sociales. En consecuencia, propone reducir gastos improductivos y trasladar recursos hacia infraestructura básica, agua potable, conectividad, educación pública e inversión territorial.
Pero el corazón de su proyecto económico está en el campo. Más que una reforma agraria clásica enfocada únicamente en redistribuir tierras, Cepeda plantea una transformación productiva rural capaz de convertir la economía campesina, cooperativa y comunitaria en uno de los motores centrales del crecimiento nacional. Su diagnóstico es que el atraso rural colombiano no se explica solamente por la concentración de la tierra, sino por décadas de abandono estatal, ausencia de crédito, precariedad vial, falta de asistencia técnica y desconexión de los mercados.
De ahí que la infraestructura rural ocupe un lugar estratégico dentro de su visión. Las vías terciarias, la conectividad y el acceso al agua aparecen como instrumentos para integrar economías regionales y fortalecer cadenas agroalimentarias. El objetivo de fondo es convertir a Colombia en una potencia agroalimentaria con mayor soberanía productiva, menos dependencia alimentaria y una nueva estructura exportadora basada en el potencial agrícola y la biodiversidad.
En términos macroeconómicos, el modelo tiene un claro acento keynesiano. Cepeda considera que la desigualdad termina debilitando el mercado interno y frenando el crecimiento. Por eso insiste en fortalecer salarios, ampliar derechos laborales y consolidar mecanismos de renta básica para sectores en pobreza extrema. La idea es que un mayor poder adquisitivo impulse el consumo, reactive el comercio y dinamice la producción nacional. En su visión, la política social no es solamente un asunto ético, sino también una herramienta económica.
“Cepeda no propone desmontar el capitalismo colombiano. Su apuesta es transformar el modelo económico desde el Estado, redistribuir riqueza, fortalecer el campo y reducir la dependencia del extractivismo sin romper con la inversión privada.”
Otro de los elementos que busca mostrar moderación es su postura frente al sector minero energético. Aunque mantiene el discurso de transición energética, ha tomado distancia de propuestas de ruptura abrupta con los hidrocarburos. Reconoce que Colombia seguirá dependiendo parcialmente del petróleo y del gas durante varios años y plantea una transición gradual que evite impactos severos sobre exportaciones, empleo y estabilidad fiscal. El mensaje es evidente: avanzar hacia otro modelo energético sin provocar un choque económico.
La economía popular también ocupa un lugar central en su proyecto. Cepeda plantea que las organizaciones comunitarias, cooperativas y juntas de acción comunal dejen de ser vistas como actores marginales y se conviertan en ejecutores directos de proyectos públicos y desarrollo local. Para ello propone modificar el modelo de contratación estatal y abrir espacios para que comunidades organizadas participen en obras e inversión pública, reduciendo intermediación política y concentración contractual.
La educación pública aparece como otro eje estratégico. Su propuesta insiste en ampliar el acceso regional a la universidad, fortalecer la investigación y conectar la formación académica con las necesidades productivas del territorio. La educación deja de verse únicamente como política social y pasa a entenderse como infraestructura económica para modernizar regiones y aumentar productividad.
En conjunto, la apuesta económica de Iván Cepeda se sostiene sobre cinco pilares: redistribución del ingreso, fortalecimiento del mercado interno, transformación productiva rural, transición energética gradual y un Estado más austero frente al clientelismo y la corrupción. No es un proyecto de libre mercado clásico, pero tampoco una ruptura frontal con el capitalismo. Más bien intenta construir un modelo donde el Estado tenga un papel más activo en orientar inversión, redistribuir riqueza y reorganizar el desarrollo económico alrededor del territorio y la producción.
La gran incógnita sigue siendo la viabilidad política y fiscal de esa visión. Aunque el discurso insiste en eficiencia del gasto, lucha contra la evasión y austeridad estatal, todavía existen pocas cifras concretas sobre el impacto real de sus reformas o su sostenibilidad financiera. Aun así, el proyecto económico de Cepeda ya deja claro algo: su intención no es reducir el tamaño del Estado ni dejar el crecimiento exclusivamente en manos del mercado, sino utilizar el poder público para redefinir las prioridades económicas de Colombia y convertir la política social en el principal motor de transformación nacional.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
REDACCIóN COLOMBIA
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