El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, reconoció que existen falencias en la aplicación de las medidas cautelares dentro del sistema penal paraguayo y sostuvo que ninguna institución puede resolver por sí sola el problema de la inseguridad y la liberación rápida de personas detenidas.
Se trata de unos los mayores cuestionamientos ciudadanos y de las fuerzas de orden por casos en los que personas detenidas por la Policía Nacional recuperan su libertad pocas horas después, incluso, en situaciones donde existen antecedentes penales o reiteradas causas judiciales. “Nadie, ningún actor, ni la Policía, ni los jueces, ni la Fiscalía tiene la respuesta por sí sola al fenómeno del derecho vulnerable”, afirmó Rolón.
El titular del Ministerio Público explicó que el sistema penal funciona de manera fragmentada y que cada institución cumple un rol específico dentro del proceso. “La Fiscalía tiene que estar en el escenario del crimen con la ayuda de la Policía Nacional, evaluar la información y dirigir las actuaciones hasta el cumplimiento de la sentencia. Ese trabajo que realiza la Policía, la Fiscalía lo convierte en jurídicamente apto y lo envía al juez”, señaló.
Rolón detalló que las medidas cautelares están divididas en tres niveles de intervención. La aprehensión corresponde a la Policía Nacional y tiene un carácter temporal. Luego aparece la detención preventiva, que es atribución del Ministerio Público. Finalmente, la prisión preventiva depende exclusivamente de la decisión de un juez. “Si hay atribuciones compartidas, la actividad debe realizarse en coordinación, armonía y recíproco control”, expresó.
El fiscal general admitió que existen desajustes dentro del sistema judicial y reconoció que, a más de dos décadas de la implementación del nuevo sistema penal, todavía persisten falencias estructurales. “A 25 años de la vigencia del sistema penal nuevo, todavía no se ha plasmado plenamente”, afirmó.
Ante la crítica, Rolón insistió en que toda persona sometida a proceso mantiene el estado de inocencia hasta que exista una condena firme. “Toda persona sometida al proceso tiene estado de inocencia a su favor, que simplemente se enerva con una sentencia definitiva condenatoria firme”, sostuvo.
Explicó además que tanto la Policía como la Fiscalía y el Poder Judicial pueden disponer la liberación de una persona si durante el proceso no existen elementos suficientes para sostener una medida restrictiva. “Puede que la Policía diga que esta persona no tiene nada que ver y sea liberada. También puede ocurrir que la investigación fiscal no arroje dudas suficientes y entonces tenga que liberárselo”, indicó.
Sin embargo, el mandamás de la Fiscalía reconoció que existen situaciones que generan dudas en la ciudadanía, especialmente cuando personas con antecedentes o múltiples procesos obtienen arresto domiciliario o medidas menos severas.
Consultado sobre esa disparidad de criterios, respondió que incluso dentro de un funcionamiento correcto del sistema pueden existir errores. “Claro que sí, puede haber errores”, admitió.
Frente a esa situación, defendió la existencia de mecanismos internos de control dentro del Ministerio Público.Mencionó que actualmente funcionan áreas como Asuntos Internos, Auditoría General y el Consejo Asesor, organismos encargados de supervisar el desempeño de fiscales y funcionarios. “Finalmente está el tribunal de disciplina, a través del cual se juzgan las faltas cometidas en el ejercicio de las funciones”, explicó.
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