
Germán Rojas Columnista Invitado -@Germanrojasm8
En Colombia, el miedo no es un recurso nuevo. Es, tristemente, un lenguaje político que se ha ido perfeccionando con los años. En cada campaña, sin importar el espectro ideológico, aparece como argumento central: amenazas contra candidatos, advertencias sobre el colapso de la seguridad, mensajes que sugieren que el país está al borde del abismo. Y aunque muchas de estas alertas tienen raíces reales, otras terminan convertidas en herramientas de manipulación electoral.
El problema no es que se hable de seguridad. Sería irresponsable no hacerlo en un país con décadas de conflicto armado, donde el asesinato de líderes sociales y las disputas territoriales siguen siendo una realidad. La historia lo confirma: desde el exterminio de la Unión Patriótica hasta los magnicidios de figuras como Luis Carlos Galán, la violencia política no es un invento ni una exageración. Existe, duele y condiciona la democracia.
Pero precisamente por esa historia, el uso del miedo exige una responsabilidad mayor. Cuando un candidato afirma que está amenazado o que la población está en riesgo, no solo está comunicando un hecho: está moldeando la percepción colectiva del país. Y ahí es donde comienza la línea difusa entre la alerta legítima y la estrategia política.
El miedo moviliza votos porque simplifica la realidad. Reduce problemas complejos a decisiones binarias: orden o caos, seguridad o violencia, estabilidad o crisis. En ese escenario, el ciudadano deja de evaluar propuestas y empieza a reaccionar emocionalmente. La política, entonces, deja de ser un ejercicio racional y se convierte en una respuesta instintiva.
Sin embargo, no todo mensaje alarmista es falso, ni toda advertencia es oportunismo. Colombia sigue siendo un país donde el control territorial es disputado, donde actores armados ilegales tienen presencia y donde la institucionalidad no llega con la misma fuerza a todas las regiones. Ignorar eso sería tan irresponsable como exagerarlo.
El punto crítico está en la evidencia. Cuando las denuncias de amenazas no están acompañadas de investigaciones, de pronunciamientos institucionales o de medidas concretas de protección, se convierten en ruido. Y el ruido, en política, es peligroso: desgasta la confianza, normaliza la crisis y debilita la capacidad de la ciudadanía para distinguir entre lo urgente y lo manipulado.
Además, el abuso del miedo tiene un efecto silencioso pero profundo: perpetúa la idea de que la violencia es inevitable. Si todo es crisis, nada cambia. Si todo es amenaza, ninguna solución parece suficiente. Y así, la política deja de ofrecer caminos y se limita a administrar temores.
Colombia necesita algo distinto. No más campañas basadas en quién asusta más, sino en quién explica mejor. No más discursos que exacerban la incertidumbre, sino propuestas que la reduzcan. Hablar de seguridad es necesario, pero hacerlo con rigor es indispensable.
Porque al final, el mayor riesgo no es solo la violencia que se denuncia, sino la que se normaliza. Y una democracia que se acostumbra al miedo, tarde o temprano, deja de ser plenamente libre.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
CARLOS CASTAñEDA
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