Colectivos sociales reclaman una postura firme ante la crisis en Cuba y piden acciones diplomáticas urgentes

Un conjunto de organizaciones sociales uruguayas presentó este 7 de abril en la Torre Ejecutiva una carta dirigida al presidente de la República, Yamandú Orsi, y al canciller Mario Lubetkin, en la que expresan su “profunda preocupación” por la situación humanitaria que atraviesa Cuba y reclaman una postura más activa del gobierno uruguayo en el escenario internacional. Stella Acuña (Secretaría de DDHH del PIT-CNT), Andrés Olivetti (Fundación Mario Benedetti) y Adriana Vaselli (Serpaj) fueron quienes concurrieron hasta la sede presidencial a entregar la nota.

El documento, firmado por múltiples colectivos vinculados a derechos humanos, memoria, organizaciones sociales y movimientos civiles, plantea que la actual coyuntura en la isla caribeña se ha agravado como consecuencia de las políticas impulsadas por Estados Unidos, particularmente el endurecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero.

Según señalan, estas medidas han tenido “graves consecuencias en la vida cotidiana” del pueblo cubano, afectando de manera directa el acceso a medicamentos, alimentos y recursos esenciales. En ese sentido, advierten sobre el impacto humanitario de la situación y subrayan la necesidad de una respuesta internacional más contundente.

En la carta, las organizaciones apelan a los principios históricos de la política exterior uruguaya, haciendo referencia a la autodeterminación de los pueblos, la no injerencia en asuntos internos y la resolución pacífica de los conflictos. Sobre esa base, solicitan que el gobierno asuma una “posición clara y firme” de condena a las medidas que afectan a Cuba en los ámbitos multilaterales.

El planteo incluye la necesidad de que Uruguay lleve esta postura a organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), las Naciones Unidas (ONU) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). En particular, destacan que el país ejerce actualmente la presidencia pro tempore de la CELAC, lo que, a su entender, implica una responsabilidad adicional en la conducción de iniciativas regionales.

Además, el documento hace referencia a la próxima Cumbre Mundial de Comunicación Política, que se celebrará en Montevideo entre el 21 y el 23 de abril, como un contexto relevante en el que Uruguay podría fijar una posición más visible frente a la situación internacional.

Los firmantes también manifiestan su preocupación por lo que consideran una falta de posicionamiento claro del país ante la “escalada de conflictos internacionales” registrada en el último año, y entienden que este es un momento clave para reafirmar una política exterior coherente con los valores históricos del país.

En ese marco, las organizaciones solicitan que Uruguay promueva activamente iniciativas diplomáticas orientadas al levantamiento de las medidas contra Cuba y que impulse, con carácter urgente, el envío de ayuda humanitaria. Entre los insumos mencionados se incluyen medicamentos esenciales y otros recursos básicos destinados a aliviar la situación de la población.

El documento enfatiza que Uruguay cuenta con una “tradición solidaria y humanista” reconocida a nivel internacional, así como un compromiso histórico con el derecho internacional. Por ello, consideran que el país debe actuar en consecuencia, adoptando medidas concretas que reflejen esos principios.

Como parte de las acciones propuestas, las organizaciones plantean que el gobierno convoque al embajador de Estados Unidos en Uruguay, Lou Rinaldi, con el objetivo de transmitir tanto la posición histórica del país en defensa de estos valores como la preocupación de amplios sectores de la sociedad civil frente a la situación en Cuba.

El texto también destaca que el planteo no responde únicamente a una visión sectorial, sino que refleja la inquietud de “una amplia mayoría de organizaciones sociales”, lo que, a juicio de los firmantes, otorga mayor legitimidad al reclamo.

La carta fue suscrita por una amplia diversidad de organizaciones, entre ellas Ágora, Identidad, Derechos Humanos y Memoria Canaria; la Asociación Civil Maestra Elena Quinteros; la Asociación de Cultivadores de Cannabis del Uruguay; Cotidiano Mujer; Familias Presente; la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM); la Fundación Mario Benedetti; Jacarandá Cultura de la Memoria; Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos; Memoria en Libertad; la Mesa Permanente contra la Impunidad; Ovejas Negras; la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT; el Servicio Paz y Justicia (Serpaj); Socorro Rojo y Visión Nocturna.

La diversidad de los colectivos firmantes refleja la amplitud del respaldo al planteo, que abarca desde organizaciones de derechos humanos hasta movimientos sociales y culturales, todos con una trayectoria reconocida en el ámbito nacional.

Finalmente, los firmantes agradecen la atención de las autoridades y manifiestan su expectativa de recibir una respuesta por parte del gobierno. El documento deja planteado un desafío para la política exterior uruguaya en un contexto internacional complejo, donde las definiciones diplomáticas adquieren un peso creciente tanto en el plano regional como global.