
La agenda animal de estos días en el Mercosur muestra un patrón cada vez más claro: la región sigue lidiando al mismo tiempo con tráfico ilegal de fauna, rescates complejos y riesgos sanitarios que obligan a reforzar controles públicos. En Brasil, Argentina y Uruguay aparecieron en los últimos días señales muy concretas de esa presión sobre la fauna silvestre. No se trata solo de historias llamativas: detrás de cada caso hay problemas estructurales de conservación, vigilancia y respuesta estatal.
Brasil concentra hoy algunos de los episodios más fuertes. El Ibama informó hace pocos días sobre la Operación Artemis, que combatió el tráfico de animales en Mato Grosso e identificó casi 200 animales irregulares, entre ellos macacos-prego, tucanes, araras y venados-campeiros mantenidos sin licencia ambiental. En paralelo, el propio organismo comunicó la translocación de cuatro muriquis —primates críticamente amenazados— hacia un área con mejores condiciones de supervivencia y reproducción en Minas Gerais. Son dos caras de una misma realidad: por un lado, el mercado ilegal que sigue capturando y reteniendo fauna; por otro, el esfuerzo técnico y costoso que exige reparar ese daño.
También en Brasil hubo un caso especialmente sensible de maltrato a fauna silvestre. El Ibama comunicó medidas en el caso de una capivara maltratada en Ilha do Governador, en Río de Janeiro, y detalló que ocho personas fueron sancionadas por malos tratos, con multas que totalizan R$ 160 mil tras la actualización de valores del decreto ambiental. Además, el organismo había informado semanas antes que una onça-pintada rescatada en Roraima fue enviada a un santuario de la especie en Goiás luego de pasar por cuidados de la red Cetas. La señal que deja Brasil es ambivalente: la fauna sigue expuesta a violencia y captura, pero el aparato estatal también está mostrando más capacidad de sanción y rehabilitación.
Argentina, por su parte, volvió a quedar en la conversación regional por la situación de animales rescatados y reubicados. La Secretaría de Turismo y Ambiente informó en marzo sobre el traslado de animales del ex zoológico de Luján a santuarios especializados, y hace solo cuatro días comunicó que la tigresa Flora murió por una peritonitis severa en un santuario de Países Bajos, adonde había sido llevada como parte de una misión de emergencia articulada con Four Paws y el Gobierno nacional. El caso tiene una carga simbólica fuerte: incluso cuando los rescates avanzan, las secuelas de años de cautiverio inadecuado siguen pasando factura.
Uruguay muestra otro tipo de alerta: la sanitaria. La Dirección General de Servicios Ganaderos declaró en febrero la emergencia sanitaria en todo el país por el hallazgo de influenza aviar H5 en fauna silvestre en Maldonado, Rocha y Canelones. Además, la misma autoridad suspendió temporalmente importaciones de aves vivas, huevos, carne aviar, subproductos y material genético provenientes de Brasil tras la confirmación del primer foco de influenza aviar de alta patogenicidad en una granja comercial brasileña. Eso confirma que el mundo animal no es solo una cuestión de conservación o sensibilidad social: también es un asunto de bioseguridad, comercio y salud pública.
El Mercosur sigue teniendo una relación tensa con su fauna. Brasil muestra tráfico ilegal, rescates y sanciones; Argentina sigue lidiando con las consecuencias del cautiverio y la reubicación de grandes felinos; Uruguay refuerza su vigilancia sanitaria frente a la influenza aviar. La noticia de fondo no es solo que haya animales rescatados o enfermos: es que la región todavía está corriendo detrás de problemas que deberían prevenirse mucho antes.
Fuentes: Ibama y Gobierno de Brasil, Argentina.gob.ar y MGAP de Uruguay.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
GILSON DANTAS CARMINI
Periodista prensa mercosur
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