Uruguay es el primer país en firmar la Declaración de Salta II

El presidente de la República, Yamandú Orsi, junto al canciller Mario Lubetkin, suscribieron las declaraciones de Chapultepec y Salta II. Con este paso, Uruguay no solo reafirma su tradición democrática, sino que Orsi se convierte en el primer mandatario del continente en adherir a la actualización de Salta II, enfocada específicamente en los derechos fundamentales dentro del entorno digital.

Durante la ceremonia, que contó con la presencia de las máximas autoridades de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el mandatario uruguayo subrayó que la libertad de prensa es una «garantía indiscutible» para la existencia de una sociedad sana. Orsi destacó que la búsqueda de igualdad y el respeto a la libertad no son conceptos contrapuestos, sino «complementarios» para el desarrollo de la nación.

De Chapultepec a la era digital

La adhesión abarca dos pilares fundamentales de la doctrina de la SIP:

Declaración de Chapultepec (1994): Contiene diez principios básicos para prevenir la censura, proteger las fuentes periodísticas y garantizar la transparencia en la gestión pública.

Declaración de Salta II (2024): Es la actualización de la carta de 2018 que adapta las garantías de libertad de prensa al ecosistema digital, combatiendo la desinformación deliberada y los ataques personales en el debate público.

Continuidad institucional

El presidente aprovechó la instancia para reivindicar la acumulación positiva de los gobiernos uruguayos en los últimos 40 años de democracia. Recordó que el respeto a las libertades fundamentales es un factor de unidad nacional que trasciende las banderas políticas. «Los países no se refundan cada cinco años; se hacen más robustos cuando se apuesta a la acumulación positiva», sentenció, comprometiéndose a mantener un canal de diálogo abierto con la SIP para futuras consultas y sugerencias.

Por su parte, Carlos Jornet, vicepresidente de la SIP, agradeció la celeridad de Uruguay y destacó que el país sigue siendo un faro en la defensa de la labor periodística en una región marcada por crecientes tensiones entre el poder y los medios.