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En una declaración de alto voltaje político y económico, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, fijó una línea clara en el debate presupuestal del país al advertir que el equilibrio de las finanzas públicas no recaerá sobre los sectores más vulnerables.
Con un mensaje directo, el mandatario sostuvo que los ciudadanos y conglomerados de mayores ingresos deberán asumir su responsabilidad tributaria o, de lo contrario, dejar de percibir recursos provenientes del Estado. La advertencia no es retórica: el ajuste, explicó, se concentrará en los pagos asociados a concesiones viales y no en áreas sensibles como la educación, la salud o el salario mínimo, pilares que -según enfatizó- no serán objeto de recortes bajo ninguna circunstancia. En el trasfondo de esta postura se encuentra la defensa de la inversión social como eje del proyecto gubernamental y la necesidad de blindar los ingresos de los miembros de la Fuerza Pública, garantizando que sus salarios lleguen íntegros a los hogares que dependen de ellos.
En medio de la definición del presupuesto nacional, el jefe de Estado dejó claro que la discusión no es solo contable, sino profundamente política y social: quién asume el costo del ajuste y qué modelo de país se quiere construir. Su planteamiento redefine el debate fiscal al trasladarlo del terreno técnico al de la justicia distributiva, en un contexto regional e internacional marcado por la presión sobre las finanzas públicas y la creciente demanda ciudadana por Estados más equitativos y responsables.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
REDACCIóN COLOMBIA
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