El gobierno habilita una matanza cruel de cotorras y cede sin resistencia a la presión del agronegocio

Presionado por el sector agropecuario, el gobierno uruguayo resolvió avanzar con un plan de exterminio masivo de cotorras que prioriza las demandas productivas por encima del bienestar animal, la ética pública y la propia institucionalidad del Estado. La estrategia, impulsada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), habilita el uso de cebos tóxicos y adhesivos en los nidos, métodos ampliamente cuestionados por su crueldad y por los riesgos ambientales que implican.

La superpoblación de cotorras, un problema conocido desde hace décadas, fue utilizada como justificación para implementar un “plan de choque” que, lejos de apostar a soluciones sostenibles o científicamente avanzadas, recurre a prácticas propias del control indiscriminado de plagas, con un alto costo en sufrimiento animal.

El paquete de medidas presentado el 5 de noviembre incluye la técnica conocida como “pega-pega”, que consiste en colocar adhesivos en los nidos (ubicados generalmente en eucaliptos de gran altura) para inmovilizar a las aves. Según denuncian organizaciones ambientalistas, el resultado es una muerte lenta y violenta: las cotorras se desgarran intentando escapar y terminan agonizando durante horas o días.

La representante de las organizaciones ambientalistas en el directorio del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), Rita Rodríguez, fue tajante al calificar la medida como cruel e innecesaria. “Esto supone una crueldad extrema”, afirmó, y denunció además que el INBA fue directamente marginado del proceso de decisión. “Hay un avasallamiento institucional”, sostuvo, dejando en evidencia cómo el gobierno pasó por alto al organismo creado precisamente para velar por el bienestar animal.

A pesar de que existen alternativas no letales (como los cebos esterilizantes, utilizados en otros países), el MGAP las descartó por requerir tiempo, planificación e inversión. En su lugar, optó por una respuesta rápida y violenta, alineada con las exigencias del sector frutícola, que reclama resultados inmediatos antes de la próxima cosecha.

Participación del Ejército

Uno de los aspectos más controvertidos del plan es la participación del Ejército Nacional en la aplicación de cebos tóxicos en los nidos. La decisión, justificada por razones logísticas, refuerza la imagen de un Estado que moviliza recursos militares para ejecutar una política de eliminación animal masiva, mientras desatiende los impactos éticos, ambientales y sanitarios de estas acciones.

Los venenos que se prevé utilizar (según advierten especialistas y organizaciones protectoras) provocan una muerte lenta y dolorosa. Los rodenticidas anticoagulantes actúan generando hemorragias internas progresivas, con síntomas como dificultad respiratoria, temblores, debilidad extrema y agonía prolongada antes del fallecimiento. Un método que choca frontalmente con cualquier principio mínimo de bienestar animal.

El propio plan reconoce el riesgo de intoxicaciones secundarias en otras especies, como perros, gatos, zorros y aves rapaces, lo que obligó a imponer a los productores la tarea de enterrar los cuerpos en menos de 48 horas. Una medida que, lejos de resolver el problema, expone la improvisación y la peligrosidad del enfoque adoptado.

Mientras el gobierno insiste en que “hay que bajar la población lo antes posible”, queda en evidencia una política pública diseñada a medida de los intereses del campo, que acepta la crueldad como costo asumible y relega a un segundo plano la ética, la ciencia y la protección ambiental. La gestión de la fauna silvestre, una responsabilidad del Estado, termina así subordinada a la presión económica, con consecuencias que van mucho más allá de las cotorras.

Luciana Bigliante

Fuente de esta noticia: https://grupormultimedio.com/el-gobierno-habilita-una-matanza-cruel-de-cotorras-y-cede-sin-resistencia-a-la-presion-del-agronegocio-id180768/

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