COP17 concluyó lejos de metas de biodiversidad y sin plata para alcanzarlas

El pasado viernes concluyó la COP17 de biodiversidad, que se llevó a cabo en Ereván, Armenia. La próxima se realizará en Ecuador dentro de dos años. Según un análisis de Carbon Brief, cerró sin llegar a grandes avances. Estas son las claves y a lo que se llegó en la Conferencia de las Partes para la biodiversidad de este año:

Revisaron cómo van 23 las metas para detener y revertir la pérdida de biodiversidad a 2030. Se basaron, principalmente, en el informe mundial “State of Biodiversity Action”, que se publicó a pocos días de la COP. Según este, los países están atrasados y menos de la mitad de sus metas nacionales están en camino de cumplirse. 

Además, destaca que ninguna de las metas presenta un panorama completamente positivo. También hay brechas en el progreso colectivo y barreras que, de no resolverse, impedirán que se cumpla el plazo para el 2030. 

Entre los puntos que generaron más debate estuvo una referencia en el texto a la necesidad de “una mayor ambición” para acelerar la implementación de los objetivos, pues requiere una mayor inversión, la cual ya está por debajo de lo que se esperaba. También causaron controversia los puntos sobre acelerar la reforma de las subvenciones perjudiciales para la naturaleza y la transformación de los sistemas financieros y los sectores económicos mundiales. En la versión final, todos quedaron matizados.

El texto final lo aprobaron al comienzo de la sesión plenaria final de la COP17, con tan solo una adición de último momento de Brasil para mencionar a las personas afrodescendientes en un apartado que enfatiza la contribución de diversos grupos al cumplimiento de las metas.

Contexto. El Marco Global de Biodiversidad Kunming–Montreal fue adoptado por 196 países en 2022 y busca detener y revertir la pérdida de biodiversidad a 2030 a nivel mundial. Para ello se establecieron 23 metas que deben ser adaptadas al contexto de cada país.

Se avanzó poco para concretar una mayor financiación. Según Carbon Brief, la plata para cumplir con las metas del Marco Global fue la fuente de discordia y el estancamiento de las conversaciones de Ereván. No llegaron a acuerdos relevantes sobre quién debía aportar a los fondos y cómo debían gestionarse.

Entre los puntos a tratar en la COP estaba hacer un balance de la financiación para biodiversidad que se había movilizado y acordar cómo movilizar los recursos para los próximos cuatro años.

Los países desarrollados tenían el compromiso de recaudar al menos 20 mil millones de dólares anuales para 2025 destinados a la biodiversidad, pero no lo cumplieron y los delegados destacaron una disminución en los niveles de ayuda, con una caída del 27% en la financiación ambiental para el periodo 2026–2030.

Se discutió la propuesta de ampliar la lista de los países que deberían aportar a ese recaudo, para incluir a economías emergentes como Qatar, China, Arabia Saudita e India. Acordaron un texto que señala que los países que deseen estar entre los donantes desarrollados pueden “manifestar su interés” mediante consultas bilaterales y confidenciales antes de la COP18. La decisión final reconoce que las contribuciones de más partes mejorarán la movilización de la financiación para la biodiversidad, pero no estableció criterios para ampliar la lista de donantes. Además indica que los países en desarrollo pueden contribuir a los objetivos del Marco, sin que eso implique su inclusión en la lista.

También acordaron criterios para diseñar y financiar un nuevo mecanismo financiero permanente para proteger la naturaleza después de 2030, pero la definición de su estructura institucional se pospuso hasta la siguiente Conferencia de las Partes. Estaría bajo la gobernanza de la COP.

El Fondo Cali sigue en el limbo. Se suponía que en Ereván los países debían considerar y definir varios puntos, como quién “debería” contribuir al fondo y cómo llegaría este dinero a los países y a las comunidades indígenas que protegen la diversidad genética del mundo. Sin embargo, la mayor parte se pospuso para las negociaciones entre períodos de sesiones previas a la COP18 en 2028. 

En lo que sí avanzaron fue en una metodología para evaluar cómo funcionará el fondo, que por ahora solo tiene 10 mil dólares. También establecieron un mecanismo de asignación de los recursos del Fondo Cali después de la COP18, aunque permite al comité directivo realizar pagos “de forma excepcional” si las contribuciones al Fondo alcanzan los 150 millones de dólares.

Gran parte de las discusiones alrededor del fondo se centraron en los certificados de las contribuciones, las cuales se daban sin importar el tamaño del aporte y hacen parte de los incentivos para que las empresas paguen, pues podría eximirlas de pagar más por el uso de información genética digital —DSI— ese año. Finalmente, se reafirmaron las tasas de contribución al fondo acordadas en la COP16 y que solo las contribuciones de las empresas que asciendan al 1% de sus beneficios o al 0,1% de sus ingresos recibirán el certificado.

Por su parte, algunas empresas anunciaron la creación de un fondo filantrópico independiente llamado “Iniciativa de la Fundación para la Biodiversidad”. El argumento es que el Fondo Cali y medidas nacionales de reparto de beneficios “crean obligaciones de pago complejas, requisitos de cumplimiento y una exposición financiera impredecible”. 

Sin embargo, June Rubis, representante de los pueblos indígenas y comunidades locales (Iplc) de Asia en el comité directivo del Fondo de Cali, le dijo a Carbon Brief que le preocupaba que la industria se apropiara de “su lenguaje” para crear su propio fondo con la expectativa de recibir certificados específicos de gobiernos clave. Otros líderes indígenas y académicos le contaron al medio que estaban siendo presionados activamente para apoyar esa iniciativa. Como lo reportó Desmog, las grandes farmacéuticas estaban intentando debilitar las reglas del Fondo y hacer que los aportes fueran voluntarios.

Contexto: El Fondo Cali es un mecanismo aprobado en la COP16 de Cali, en 2025, para que las empresas que usan información genética de la naturaleza, para producir bienes o servicios, aporten el 1% de sus ganancias o el 0,1% de sus ingresos por ese uso. La idea es que el dinero vaya a los países en desarrollo más biodiversos y un 50%, específicamente, a los pueblos indígenas y comunidades locales que los habitan. Los recursos genéticos digitales, conocidos como Digital Sequence Information —DSI—, son los códigos de la naturaleza de cómo funcionan y se desarrollan animales, plantas y microorganismos, que se encuentran en bases de datos en internet.

El Fondo aún no ha entrado a operar todavía, pues se siguen discutiendo sus reglas de funcionamiento y mecanismos de gobernanza.

Los países acordaron el modus operandi del mecanismo permanente del órgano subsidiario de los pueblos indígenas. Así podrán tener un espacio para asesorar y ofrecer sus opiniones sobre biodiversidad directamente en las COP. Fue en línea con el artículo 8(j) del Convenio sobre la Diversidad Biológica que exige que los países “respeten, preserven y mantengan” los conocimientos de los pueblos indígenas y las comunidades locales relacionados con la conservación de la biodiversidad y que “fomenten el reparto equitativo de los beneficios”. 

Colombia fue activa en la acción contra las subvenciones perjudiciales. Se calcula que los gobiernos gastan 1,8 billones de dólares al año en subvenciones e incentivos que son perjudiciales para la biodiversidad en sectores como la agricultura y el de los combustibles fósiles. La Meta 18 del Marco es identificar y eliminarlos o reducirlos gradualmente, con el horizonte de que deberían reducirse en al menos 500.000 millones de dólares anuales para 2030.

En el apartado del tema para la revisión global, Colombia, Reino Unido, Noruega, la Unión Europea y otros países querían incluir un párrafo sobre la reforma de los subsidios perjudiciales, que al final quedó matizado. También se anunció la creación de un nuevo grupo llamado “Amigos de la Meta 18”, impulsado por el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (Iids), estará copresidido por Colombia y Finlandia. Oficialmente, también participa en el grupo Armenia, mientras que Francia, Malawi y Guinea anunciaron que se unirán.

En el marco de la COP, Colombia también sumó 27 nuevas áreas de conservación para el país y destrabó 22 millones de euros de cooperación de Alemania para  la protección de la biodiversidad. Además, ya había anunciado el lanzamiento de la Coalición de Acción para Recuperar Especies Amenazadas (Cares), en la que es copresidente con Armenia.

La delegación colombiana fue liderada por David Olarte, viceministro de Ordenamiento Ambiental del Territorio, Gustavo Guerrero, viceministro de Políticas y Normalización Ambiental, y la Oficina de Asuntos Internacionales.

Recomendado. El análisis completo de Carbon Brief.