La jerarquización constitucional del deporte como derecho fundamental sigue siendo uno de los más importantes reconocimientos que éste ha recibido de los Estados, en razón de su transversalidad y multidimensionalidad, y por constituir un vehículo de desarrollo y movilización social. Ello los ha impulsado a expedir políticas públicas, promulgar o reformar su ley sectorial, fortalecer la institucionalidad deportiva, asegurar su financiamiento y dotar de la infraestructura requerida a sus ciudadanos para su práctica.
Los gobiernos juegan un rol preponderante en el fomento y desarrollo del deporte en sus naciones, sin embargo, muchos no han logrado cumplir con éxito aquella transición, tal vez porque no estuvieron preparados para ella, porque les faltó voluntad política y planificación asertiva para alcanzar los objetivos propuestos o porque erraron en la expedición de sus políticas y leyes sectoriales, y en la elección de sus ministros. Aquello, agravado además por los insuficientes aportes para su fomento, la falta de idoneidad de sus ministros, la relativización de su importancia social y el debilitamiento de su institucionalidad.
De hecho, la actuación pública se desarrolla en un marco social compuesto por un conjunto de actores que constituyen un sistema regulado de interrelación. Ellos son los que configuran los niveles de su estructura, lo que permite un entendimiento de las partes dentro del sistema, su influencia mutua y su complementariedad. Sobre esa base se edifica y confluye la institucionalidad deportiva de un país, cuya supervisión y protección le corresponde al Estado. Y, adicionalmente, se construyen las metas e indicadores de impacto que coadyuvan a asegurar la integralidad de la misma.
Cuando los países cuentan con una fuerte institucionalidad deportiva llegan a disponer de organizaciones bien estructuradas y funcionales, alineadas con los objetivos nacionales y del deporte. Al efecto, cada Estado debe cumplir sus obligaciones con éste, respetar la autonomía de sus organizaciones y contribuir a su financiamiento sostenible, en el marco de sus políticas y planes sectoriales. Cumplirlas les exige, entre otros condicionamientos, contar con ministros capacitados para ejercer el cargo y dispuestos a servir al deporte y a su país.
Los primeros debilitamientos surgen cuando no existe una conexión efectiva entre los organismos que intervienen en el ámbito deportivo, sea porque carecen del nivel de conocimientos en lo organizacional o por una deficiente determinación de sus funciones y responsabilidades. Asimismo, como consecuencia de la mediocre gestión de los ministros o la falta de fuentes de financiamiento sostenibles, y de planes y programas que garanticen la preparación y participación de los deportistas a nivel nacional e internacional.
Esa fuerte institucionalidad es necesaria y debe ser preservada, ya que es la que propicia la existencia de sistemas deportivos bien organizados y funcionales, conformados por los clubes, asociaciones, federaciones y CON, cuyo funcionamiento está regulado por el sistema normativo de cada país y el suyo propio. El Estado, a través de su ministerio sectorial, debe contribuir entones a fortalecerla, lo cual le exige el cabal cumplimiento de sus obligaciones con el deporte, respetar la autonomía de sus organizaciones y la autoridad y normativas de aquellas que fomentan y regulan el deporte a nivel internacional.
Esa actuación del Estado debe ser complementada con la redefinición y socialización de los roles y responsabilidades específicas de los actores que forman parte del proceso de generación, implementación y control de políticas públicas dentro de cada país. Para alcanzar los objetivos propuestos requiere orientársela a mejorar la operatividad de su ministerio sectorial y de las organizaciones que conforman su sistema deportivo nacional, pues algunas no cumplen adecuadamente sus obligaciones. Ello exige, a su vez, contar con ministros y dirigentes preparados y comprometidos con el deporte.
La fenomenología social del deporte lo convierte en una actividad en permanente evolución, lo cual implica que sus organizaciones deben tener una gran capacidad adaptativa a los cambios que se producen en su entorno o que contribuyen a generar. Por ende, el ritmo del cambio organizacional e institucional requiere estar estrechamente relacionado con los ámbitos donde éste interactúe, puesto que ellos tienen una marcada incidencia en la generación de políticas públicas y en la construcción de una cultura deportiva nacional.
La falta de efectividad y de empoderamiento de los ministros en la ejecución de las políticas públicas ha conspirado igualmente contra el éxito en su gestión y el desarrollo deportivo de sus países. Tanto es así, que las políticas deportivas han quedado reducidas a simples enunciados o generalidades. Ese accionar fallido y falta de concreción son atribuibles a la carencia de voluntad política de los gobiernos para fomentar y desarrollar el deporte, y a la ausencia de ministros con capacidad y decisión para implementarlas.
Otra causa para que los ministros fracasen es su anclaje a sistemas burocráticos centralistas e ineficientes, desconectados de las necesidades del deporte, situación que se agrava con el insuficiente y discrecional financiamiento de sus actividades. Éste generalmente se manifiesta a través de constantes reducciones presupuestarias y retrasos en la entrega de recursos, originados por la falta de fuentes sostenibles de financiamiento como suelen ser las que provienen de impuestos directos o preasignaciones, o de estímulos fiscales.
Siendo de vital importancia el financiamiento del deporte, en especial de los deportistas, muchas veces la escasa e intermitente aportación de recursos se ve afectada por el manejo discrecional de los ministros de turno, que terminan condicionando su entrega a intereses políticos o coyunturales, incluso a simpatías personales. A ello se agregan las que son explotadas políticamente, antes, durante y después de la participación de los deportistas beneficiarios, sin importar que se las realicen con retraso o por menos de lo requerido u ofrecido.
Aun cuando existen países que no cumplen adecuadamente ni a tiempo sus obligaciones económicas con el deporte, ello no ha sido óbice para que sus deportistas logren consagrarse internacionalmente, merced a su determinación y grandes sacrificios. Pero, tampoco lo ha sido para los presidentes y ministros que buscan redituar con total descaro y fines proselitistas esos triunfos, por sus entregas insuficientes de recursos, superadas siempre por los gastos que demandan los homenajes que organizan en honor a ellos y para su figuración.
Lamentablemente, parte de la debilidad de las organizaciones deportivas es la marcada dependencia del financiamiento gubernamental de las actividades que promueven, que en su mayoría son aquellas que el Estado les encarga como sus agentes cooperantes para el cumplimiento de las obligaciones que éste tiene con el deporte, como es la de contribuir, a través de su práctica, a la formación integral y estado de bienestar de sus ciudadanos. Esa es una relación cooperante, pero que muchos ministros la han interpretado o explotado como de subordinación a los gobiernos, generando confrontaciones e interferencias.
Otra causa que incide para que los ministros fracasen en sus cargos es su limitada capacidad y experiencia para ejercerlo, cuando muchos de ellos son escogidos por su militancia política, por su nivel de popularidad, por haber practicado algún deporte o ser aficionado a éste. La meritocracia no cuenta. Las pobres credenciales que suelen exhibir los hacen proclives a actuar en base a patrones inoperantes marcados por la improvisación y las discrecionalidades, influenciados por sus agendas políticas y apetencias personales.
El haber sido buen deportista no garantiza que serán buenos ministros, pues basta revisar la extensa lista de destacados ex deportistas que fracasaron en el ejercicio de ese cargo. Ser ministro es una tarea compleja y de gran responsabilidad que demanda, entre otros aspectos, liderazgo, capacidad de planificación y gestión administrativa, y conocimientos de la fenomenología e importancia social del deporte, y de su transversalidad a otras áreas, así como de legislación deportiva y políticas públicas. Pero, fundamentalmente, exige ministros con capacidad para conectarse con las aspiraciones ciudadanas y las necesidades del deporte. No hay, pues, espacio para ministros improvisados.
Ellos también fracasan cuando en su gestión prevalece lo político sobre lo deportivo, instrumentalizando el deporte con fines ideológicos y partidistas. Esa politización termina restringiendo y desincentivando la ejecución de políticas públicas y planes sectoriales que pueden generar resultados positivos en favor del deporte, al subordinar su ejecución a intereses políticos, partidistas y electorales. La adscripción del deporte a ministerios como los de educación, turismo y cultura, termina debilitando su importancia y peso institucional, y degradando la figura e influencia de su ministro.
En los países donde el espectro de politización es más alto existe un mayor riesgo de que el deporte no se desarrolle adecuadamente o involucione, mientras que en aquellos que no están afectados por la politización muestran un crecimiento sostenido en sus resultados deportivos. Para enfrentar tales riesgos, las organizaciones deportivas deben fortalecerse y preservar su autonomía e independencia, y cumplir con sus obligaciones legales y estatutarias. Aquello no les impide mantener una relación colaborativa con el Estado, en el marco del respeto mutuo y de sus respectivas competencias.
Los ministros también fracasan por su deficiente manejo de lo comunicacional, concepto que va más allá de la difusión de actividades por medios informativos o redes sociales, pues la verdadera comunicación debe privilegiar el contacto permanente con los actores deportivos, en torno a la ejecución de las políticas, planes y programas sectoriales, y favorecer una necesaria retroalimentación. Este aspecto es determinante, puesto que garantiza que los procesos
administrativos fluyan más fácilmente y lleguen directamente a sus beneficiarios.
Otro de los índices de medición del accionar ministerial es su nivel de atención a los requerimientos de infraestructura deportiva, incluido su mantenimiento. Al respecto, es pertinente reconocer que esa atención siempre estará supeditada más a las disponibilidades presupuestarias de los gobiernos, que a la voluntad y capacidad de gestión de sus ministros, aunque ello no los libera de la responsabilidad de gestionarla. No obstante, existen gobiernos proclives a la obra suntuaria, aquella que está motivada más por afanes demagógicos o de lucro que de satisfacer las necesidades del deporte.
Prueba de lo anterior son los escenarios construidos en muchos países con recursos del Estado y para albergar más de 10.000 personas, la gran mayoría subutilizados o destinados a eventos artísticos o políticos, y cuya explotación comercial sigue despertando dudas sobre los ingresos que generan y su destino. Muchos fueron inaugurados con oportunidad de torneos de gran importancia o al impulso demagógico de algún gobierno. La falta de planificación para su posterior uso y la desidia ministerial son las responsables de esa subutilización.
Ellos también fracasan y se ven expuestos al escarnio público cuando se inmiscuyen en casos de corrupción o se muestran tolerantes con ella. La corrupción está muy asociada a la política y a la gestión pública, sin que ello quiera decir que no esté presente en las organizaciones deportivas. Generalmente es favorecida por la debilidad de los controles internos y el discrecional manejo de los recursos, y por la presencia de ministros con escasa preparación o de dudosa reputación. La lucha contra la corrupción es y debe ser una batalla que el deporte y la sociedad no pueden perder.
En el caso de Ecuador, penoso decirlo, no ha habido ministro de deporte que no haya fracasado desde la creación de ese ministerio sectorial en 2007, durante el gobierno presidido por Rafael Correa. Su sucesor lo volvió a convertir en secretaría del deporte, y con el advenimiento de su relevo, el presidente Guillermo Lasso, volvió a ser ministerio, condición que mantuvo hasta hace pocos días, después que el presidente Daniel Noboa resolviese que sea absorbido por el ministerio de educación y funcione como viceministerio.
La creación del ministerio despertó expectativas en el ámbito deportivo, tras asumírselo como un reconocimiento de la importancia del deporte, pero, lamentablemente, la equivocada designación de sus titulares como su pobre gestión echó al traste esas aspiraciones. Han sido años en que hubo ministerio, pero no ministros, y donde el gran perdedor fue el deporte ecuatoriano. A ello debemos sumarle la vigencia de una ley farragosa e intervencionista, promulgada en 2010, y la falta de políticas públicas que favorezcan el desarrollo deportivo sostenible del Ecuador.
Alguno de ellos fue sentenciado por corrupción, otros reconocidos como de dudosa reputación y el resto personas advenedizas o voluntariosas que poco o nada entendían de deporte. Los momentos más aciagos se vivieron en 2012, cuando el exministro José Francisco Cevallos intervino 42 FN con el afán de cooptar el CON. Fueron defenestrados entonces sus presidentes y reemplazados seguidamente por los auspiciados o apoyados por el ministro. El deporte sucumbió ante la política, incluso el delegado enviado por el COI.
Tras la reiteración de errores en la gestión del deporte es evidente que no fueron aprendidas las lecciones de lo sucedido. Es así, que cada ministro asumió que cambiaría la historia deportiva del Ecuador, pero, lamentablemente, lo hizo para mal o para retroceder. Si bien la ignorancia es atrevida, ella no sólo podemos atribuírsela a los ministros que fracasaron en su gestión sino, también, a quienes los escogieron y designaron. Pese a ello, quizá no falta alguno que, en acto de audacia, reivindique que su gestión ministerial fue exitosa.
Lamentablemente, pocas esperanzas se tiene que esa triste y dolorosa realidad cambie pronto en Ecuador, pues su actual titular ha demostrado pocas ejecutorias y limitados conocimientos del deporte. Posiblemente existan otros pocos países latinoamericanos con un balance algo parecido, pero no por ello deben renunciar a su ansiada transformación deportiva. Impulsarla y lograrla es tarea de todos.
Inevitablemente, siempre habrá buenos y malos ministros de deporte en los diferentes países. Ecuador sigue esperando con afán la llegada de los buenos.
César Pólit Ycaza. Destacado especialista ecuatoriano en deporte, licenciado en Ciencias Sociales y Políticas, con una amplia trayectoria en gestión y política deportiva. Ha sido presidente de la Federación Ecuatoriana de Voleibol, secretario nacional del Deporte, directivo del Comité Olímpico Ecuatoriano y secretario de la Federación Ecuatoriana de Tenis. Fue director de la Comisión de Eventos de la Confederación Sudamericana de Voleibol y presidente del Panathlon Club Guayaquil. Es autor del libro Estado y Deporte. Amigos y enemigos íntimos y ha participado activamente en la elaboración de leyes deportivas, promoviendo la ética, la transparencia y el desarrollo institucional.
Por César Pólit Ycaza
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