Diputados discutirá el régimen penal juvenil y persiste la polémica por la edad de imputabilidad

Una vez más el Congreso debatirá para bajar la edad de imputabilidad, que actualmente es de 16 años. El proyecto oficial empezará a discutirse el miércoles en un plenario de comisiones de Diputados. El texto plantea un régimen penal juvenil especial para jóvenes desde los 13 años, pero en la oposición plantean que sea a partir de los 14.

Impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su par de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, el proyecto empezará a debatirse en las comisiones de Legislación Penal, Justicia y Presupuesto el miércoles a las 12.30, con expositores del Ejecutivo que aún no fueron confirmados.

Pero hay al menos otras siete iniciativas con estado parlamentario. Entre ellas de Cristian Ritondo (PRO), de Carla Carrizo (UCR), de Ricardo López Murphy (Hacemos Coalición Federal), y Eugenia Alianello y Agustina Propato de Unión por la Patria. Además de otros textos de La Libertad Avanza.

Por eso, la segunda reunión de plenario será para que expongan los legisladores que tienen proyectos presentados y después se abrirá a ronda de expositores invitados. Hubo reclamos porque el tema no se giró también a la comisión de Familia, niñez y juventudes.

La defensora de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, será una de las invitadas. Desde la Defensoría promueven el debate sobre la creación de un fuero penal juvenil sin bajar la edad de punibilidad ni endurecer las penas.

El tema se repite periódicamente. En los últimos veinte años, hubo más de 100 proyectos frustrados para establecer un nuevo cuerpo normativo referido a los delitos cometidos por adolescentes y niños. La última vez que lo impulsó un oficialismo fue durante el gobierno de Mauricio Macri, que planteaba la baja de inimputabilidad a 15 años. Lo presentó en el último año de su mandato.

«La decisión de Milei no es la de Macri. El Ejecutivo está dispuesto a ir al fondo con este tema», aseguran en el oficialismo.

La mayoría de los textos presentados por la oposición coincide en bajar la edad de imputabilidad, pero a los 14 años. En el oficialismo plantean que hay regímenes especiales o sistemas de infracciones a partir de los 14 en Chile, Colombia y Perú; de 13 en Guatemala, Nicaragua y Uruguay; de 12 en Brasil y México; y de 7 en Granada y Trinidad y Tobago. Igualmente reconocen que podrían ceder en elevar a 14 la edad de imputabilidad si existe un consenso amplio para eso.

«La discusión no es solo la edad. Plantear eso es reducir el tema. La ley plantea un régimen especial para reemplazar la ley actual de la época de Videla que se modificó solo una vez, también en dictadura, con Bignone», señala a Clarín la diputada del PRO, Laura Machado, presidenta de la comisión de Legislación Penal que coordinará el debate.

«El proyecto modifica aspectos para incorporar por ley normativas internacionales que le dan garantías a los menores, pero también a la gente porque hoy hay menores de 16 que delinquen y se van a sus casas», agrega Machado.

Los ejes de la ley

La iniciativa de Bullrich señala que “el adolescente deberá ser alojado en un instituto adecuado de detención o en la sección separada de los adultos de un establecimiento carcelario, adecuada para el tratamiento de adolescentes, que cada jurisdicción organizará siguiendo los principios generales que se establecen”.

El punto del «alojamiento» en caso de detención será otro foco de discusión. Muchos creen que no debe ser un sector apartado dentro de una cárcel común, aunque todos coinciden que no pueden estar junto a mayores de 18.

El texto plantea que quedará “prohibida la imposición de las penas privativas de la libertad de reclusión perpetua y de prisión perpetua”, siendo el plazo máximo de las penas privativas de la libertad de 20 años.

El proyecto de Carla Carrizo, por su parte, señala que los adolescente entre 14 y 16 años serán penalmente responsables a partir de delitos cuya pena máxima sea superior a los 10 años. Es decir, delitos graves. Por su parte, las penas de prisión para los menores de entre 14 y 18 años no podrán superar el máximo de 10 años y deja excluidas la pena de prisión perpetua.

El proyecto de Ritondo plantea distintos grados de penas que van desde la amonestación, la reparación a la víctima o la prestación de un servicio a la comunidad; hasta libertad vigilada, internamiento terapéutico o internamiento en centro especializado. (Clarín)