¿Golpe judicial?

A través de una “declaración constitucional” -no fue un fallo ni opinión letrada- los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) decidieron mantenerse en sus cargos hasta que las elecciones judiciales promuevan a sus sucesores. La llamada “autoprórroga”, de la que también se beneficiaron los altos jueces del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Judicatura, es vinculante para el gobierno del presidente Luis Arce y sus leales parlamentarios. Además, es el principal escollo que impide resolver el conflicto de un país bloqueado, justo cuando miles de ciudadanos intentan salir a flote y sortear un periodo desafiante para su futuro económico.​

Pero es peor. Esta misma semana, el TCP sumó, a esa “declaración” del 11 de diciembre de 2023,  la admisión de una “medida cautelar” que traba el diálogo político que legisladores -diputados y senadores de las fuerzas representadas en el Legislativo- llevan adelante para destrabar la elección de magistrados a través del voto ciudadano. Con esta medida, los magistrados exigen a los parlamentarios que primero les reconozcan la legalidad de sus cargos, incluso “un mandato” que ellos dicen tener, antes de trabajar en la ley que debe regir la selección de candidatos.

Ahora bien, ese “mandato” que reclaman los magistrados provino del voto ciudadano y fue por seis años. Ese periodo expiró el 2 de enero de este año. El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, quien presidió la antigua Corte Suprema de Justicia, asegura que las máximas autoridades del Órgano Judicial, 23 magistrados y tres consejeros junto con sus suplentes, ya cesaron en sus cargos. Y claro, ya no existe ese “mandato” que provenga del voto ciudadano.

Visto de otro modo, los fallos judiciales, incluso una “declaración” del TCP, se han impuesto al debate político. Esto no es nuevo. Por ejemplo, en el TCP hay una causa pendiente -que por cierto no avanza a conveniencia- sobre el derecho de los legisladores a fiscalizar a los ministros del Órgano Ejecutivo a través de interpelaciones.

¿Pueden los magistrados interferir en el debate político y frenar los acuerdos que provengan del consenso multilateral de las fuerzas representadas? ¿Estamos ante un golpe judicial? Se sabe que si esas decisiones no se cumplen, la fuerza pública está lista. Y eso lo saben muy bien los líderes de la oposición política.

En el terreno político, donde las sombras del autoritarismo tampoco han estado ausentes, el expresidente Evo Morales está interpretando un papel protagónico. Exige la renuncia de los “autoprorrogados” y acusa a Arce de articular un plan para controlar todo el Estado. ¿No hizo lo mismo el jefe del MAS durante 14 años en el poder?

Morales logró gobernar con dos tercios  de apoyo y no pactó; no necesitó de acuerdos políticos. Hoy, Luis Arce no tiene ese apoyo y debe buscarlos  por el bien común. Claro, esto implicará dejar de lado la punga por el poder y orientar su gobierno en favor del país. Pudo hacerlo antes con la anunciada reforma judicial; no tuvo voluntad política. Aun así, el arcismo defiende a los “autoprorrogados” porque, en su criterio,  la sociedad no puede quedar desvalida de justicia.

La salida a la crisis actual que enfrenta el país es política, aunque es posible que el gobierno apele a los fallos judiciales para contener la crisis. La postura en favor de este “golpe judicial” no aportará al proyecto del Bicentenario de Bolivia ni le dará gobernabilidad a un presidente urgido por gestionar la delicada economía.