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En medio de un clima político tumultuoso, se alza una voz de alarma desde Colombia hacia el mundo entero. Las organizaciones de derechos humanos, partidos progresistas y sindicatos trabajadores son convocados a prestar atención a una denuncia del presidente de Colombia Gustavo Petro, que pone en evidencia la fragilidad de las instituciones democráticas en el país sudamericano.
El escenario se tiñe de preocupación cuando destacados juristas hablan de una histórica ruptura institucional, marcada por la suspensión del canciller de la república Álvaro Leiva. Sin embargo, las alarmas se encienden aún más cuando se señala la falta de atención hacia una seria ruptura constitucional: la investigación en curso contra el presidente de la República, Gustavo Petro.
Petro indico, que los hechos se tornan más sombríos al evidenciar allanamientos a sindicatos, tortura, presiones sobre testigos y un evidente intento por desestabilizar al gobierno democráticamente electo. Sectores del narcotráfico, políticos corruptos y elementos corruptos dentro de la fiscalía parecen orquestar una maniobra desesperada para remover al presidente legítimamente elegido por el pueblo.
La narrativa de doble rasero cobra fuerza al comparar la calificación de contribuciones políticas de diferentes sectores. Mientras aportes de dudosa procedencia son considerados legales, las contribuciones de sindicatos progresistas son criminalizadas sin fundamentos sólidos.
La situación alcanza su punto álgido con la amenaza de procesar penalmente a figuras clave del gobierno por meras afiliaciones políticas. Esta escalada represiva, dirigida desde la fiscalía, busca socavar la legitimidad del presidente y de su partido político.
El presidente Gustavo Petro, hace un llamado desesperado a la comunidad internacional y al pueblo colombiano, se advierte sobre la toma mafiosa de la fiscalía y se hace un ferviente llamado a la movilización popular en defensa de la decencia y la democracia.
En un momento crucial para el país, se hace evidente que no se trata solo de defender a un presidente progresista, sino de proteger los cimientos mismos de la democracia y el estado de derecho en Colombia. Es hora de que la voz del pueblo se haga escuchar con fuerza y determinación, indico el mandatario de Colombia.
Le solicito a todas las organizaciones de derechos humanos, partidos progresistas y organizaciones de trabajadores de Colombia y del mundo prestar atención a esta denuncia:
He escuchado a juristas destacados hablando de ruptura institucional en el caso del canciller de la…
— Gustavo Petro (@petrogustavo) February 2, 2024
ACERCA DEL CORRESPONSAL
CARLOS CASTAñEDA
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