Germán Calderón España, Desata tormenta constitucional: Procuraduría exige anulación de designación de Zuluaga como Contralor.

Constitucionalista Germán Calderón España y la Procuradora Margarita Cabellos 

Ante el Consejo de Estado, la Procuraduría General de la Nación ha presentado una solicitud explosiva para declarar la nulidad electoral de la resolución que catapultó a Carlos Mario Zuluaga de vicecontralor a Contralor General. La petición se sustenta en una demanda liderada por el destacado constitucionalista Germán Calderón España, siendo el magistrado Omar Joaquín Barreto quien lleva a cabo la evaluación en la Sección Quinta del Consejo de Estado.

La procuradora séptima delegada, Yolima Carrillo, ha argumentado contundentemente que «están dados los elementos de juicio para que se decrete la nulidad de la resolución» que firmó el entonces contralor Rodríguez. El demandante, Calderón España, alega que Rodríguez carecía de competencia para dejar a Zuluaga en ese cargo, ya que su elección previa había sido declarada nula. Se señala que el acto en cuestión está «viciado de desviación de poder,» evidenciando que no buscaba satisfacer el interés general, sino asegurar que uno de sus colaboradores, nombrado por él mismo, ocupara el cargo.

Calderón España, destacado constitucionalista, fundamenta la demanda en la infracción de los artículos 267 y 268 de la Constitución Política, el artículo 35 del Decreto Ley 267 del 2000, el numeral 11 del artículo 2.5.2.1 del Decreto Único Reglamentario 1083 del 2015, y el 302 del Código General del Proceso. Según la procuradora Carrillo, estas normas establecen las atribuciones del contralor general, y la designación de reemplazo o encargo de la vacante no está entre ellas.

El cuestionamiento legal se basa en la violación de varios artículos constitucionales y leyes, destacando la infracción a los artículos 267 y 268 de la Constitución Política, el artículo 35 del Decreto Ley 267 del 2000, el numeral 11 del artículo 2.5.2.1 del Decreto Único Reglamentario 1083 del 2015, en concordancia con lo dispuesto en el 302 del Código General del Proceso.

La Procuraduría argumenta que el acto demandado fue proferido por un funcionario sin competencia y, por ende, debe ser anulado. Aunque se reconoce que no hay evidencia que respalde la presunta desviación de poder de Rodríguez con su vicecontralor, la Procuraduría sugiere anular la elección sin que el vicecontralor Zuluaga abandone las funciones de contralor general encargado. El documento, de 16 páginas, destaca la crucial pregunta sobre quién debe asumir las funciones de contralor en un interregno temporal, generando incertidumbre sobre el curso de la designación por parte del Congreso de la República.

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