Que se detenga definitivamente la erradicación forzada, que la sustitución de la coca por cultivos legales se haga gradualmente, que esta abarque todo un nuevo sistema productivo en la región y que el Catatumbo se constituya como un territorio de paz
Conformar un “nuevo campo colombiano” es uno de los pilares de lo pactado en La Habana por el Ejecutivo y las FARC, en 2016. Entre los mecanismos para lograrlo, los negociadores resaltaron el tema de los cultivos ilícitos, al cual dedicaron un punto entero del Acuerdo de paz.
Se creó entonces el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), que alcanzó a vincular a 99.097 familias con un objetivo claro: remplazar las matas de coca con proyectos productivos viables y duraderos. Muchos campesinos vieron con entusiasmo esta oportunidad, que, además, de alejarlos de esta hoja, prometía grandes avances en materia de desarrollo local.
Sin embargo, se evidenciaron rápidamente los límites del PNIS. La gran mayoría de las familias nunca recibieron apoyo técnico para su transición y las demoras se acumularon. Lidiar con la coca en Colombia es lidiar con décadas de abandono estatal del campo, ya que los cultivos se encuentran en zonas marginadas, inclinadas a ser escenarios del conflicto armado.
A nivel práctico, se traduce, por ejemplo, con la ausencia de una carretera digna que permita la comercialización de los productos cosechados. En resumen, al terminar el mandato del presidente Juan Manuel Santos, la sustitución de cultivos era una tarea pendiente.
La llegada de Iván Duque marcó el regreso al poder de la franja conservadora que mostró una gran desconfianza en el proceso de paz con las FARC en particular y con la política de Santos en general. Su Gobierno heredó una implementación incompleta de lo firmado en La Habana, lo cual no fue facilitado por la reorganización de las administraciones claves encargadas de fomentar las políticas públicas que debían surgir del texto.
Imagen Presidencia de Colombia
Petro escuchó desde el municipio de El Tarra, en el corazón del Catatumbo, la voluntad de los cocaleros y campesinos de dejar la coca para abandonar la economía ilegal en la que están inmersos, pero también escuchó las advertencias de que no será un proceso fácil y requerirá mucho compromiso por parte del Gobierno.
“Se debe idear el programa para que los campesinos puedan cultivar aún hoja de coca mientras van plantando el cultivo sustituto, hasta probar que el cultivo sustituto funciona. Porque si funciona ya no hay necesidad de lo otro”, dijo Petro.
“La paz no consiste exclusivamente en una negociación entre el Estado y una organización armada; tiene que ver con un gran acuerdo entre toda la sociedad y el Estado”, agregó el jefe de Estado.
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En definitiva, los cocaleros del Catatumbo y el Gobierno, en cabeza de Petro y Rueda, buscan pasar de ser la mayor productora de coca del mundo a ser una de las primeras productoras de alimentos para América Latina, lo que esperan que sea sinónimo de paz.
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